• San Salvador, El Salvador. AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció ayer martes un proyecto de “Ley de Agentes Extranjeros” que aplicará un impuesto del 30 % a las oenegés sobre las donaciones que reciban. La decisión del mandatario ocurre luego que diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos denunciaron ayer martes la detención “arbitraria” del abogado ambientalista Alejandro Henríquez.

“He decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30 % sobre todas las donaciones" que reciban oenegés en el país, indicó el gobernante en su cuenta de X. El mandatario no dio más detalles sobre el proyecto de ley, que se da por descontado que será aprobado por el Congreso, controlado por su partido.

Ya en 2021 Bukele había presentado un proyecto de ley similar, pero no llegó a ser sometido a aprobación del Congreso. El abogado Henríquez fue detenido señalado de desórdenes públicos, explicó Carlos Flores, del Foro del Agua que aglutina a una decena de organizaciones que defienden el derecho al agua y a la que pertenece el abogado ambientalista.

Lea más: “Las armas deben callar”: el papa ofrece su mediación para poner fin a los conflictos

Henríquez fue detenido tras participar en una manifestación el lunes en una carretera en las cercanías de donde reside Bukele, en la periferia suroeste de San Salvador. Durante la manifestación algunos de los participantes forcejearon con agentes antimotines de la policía y de la Fuerza Armada.

Los manifestantes pedían la intervención del mandatario para evitar que unas 300 familias de una cooperativa de agricultores sean desalojadas de un predio privado en las afueras de la ciudad de Santa Tecla (oeste). En medio del forcejeo, la policía detuvo al pastor evangélico José Pérez, quien preside la cooperativa.

Lea también: Uruguayos despiden al popular expresidente Pepe Mujica

Bukele dijo que las “personas humildes” que participaron en la protesta fueron “manipuladas” por “grupos” de izquierda “y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno”. Amnistía Internacional exigió en X “la libertad” de Henríquez y Pérez, quienes fueron detenidos “solo por ejercer sus derechos, el derecho a la protesta pacífica”.

Bukele señaló que con el impuesto a las ONG se podrá “encontrar una solución real” al problema de las familias de la cooperativa. En la vecina Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, también ha tomado acciones contra las oenegés. Más 5.600 oenegés han sido cerradas en Nicaragua desde las protestas opositoras de 2018, que según la ONU dejaron más de 300 muertos.

Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) manifestaron en que están confiados en que se podrá llegar a un acuerdo con los legisladores de la Cámara Baja en torno a un nuevo proyecto de ley que establece un porcentaje más justo, desde su punto de vista, en torno al impuesto para las patentes vehiculares.

“Hay un ambiente de que el martes probablemente acordemos un costo finalmente y los diputados van a definir si aplican o no el planteamiento hecho por nosotros que apunta a bajar el costo. Discutir la Constitución es el camino más largo, tenemos la posibilidad acá de llegar a un acuerdo de acá en cinco días entre los diputados e intendentes y fijar nuevos valores al impuesto de la patente al rodado”, expuso Nelson Peralta, director ejecutivo de la Opaci.

El proyecto acordado en la mencionada institución consiste en que los ciudadanos paguen el 0,50 % sobre el valor del vehículo de forma inicial y que durante 10 años se realice una depreciación anual del 10 % del costo del rodado. Luego de los 10 años, las municipalidades deberán cobrar la mitad del último impuesto abonado.

Lea también: Paraguay en la OMC: Peña reafirma compromiso con el multilateralismo y el libre comercio

“Lo que hemos presentado que es similar a la ley que fue derogada, que establecía que los impuestos a la patente de rodados se debe pagar sobre el 0,50 % sobre el valor de importación y eso es lo más justo, porque se paga a la medida de tu vehículo”, detalló a la 1020 AM. Asimismo, señaló que esto tendrá un impacto positivo en ciertos municipios, mientras que en otros afectará negativamente.

No obstante, mencionó que con este mecanismo también se busca evitar la fuga de contribuyentes, puesto que es una práctica habitual que los ciudadanos escogen abonar por la patente en aquellos municipios donde el costo es inferior, pese a que la normativa establece que las personas deben pagar sus impuestos en los distritos en donde residen.

En tanto se aborda este proyecto, la última ley promulgada por el Poder Ejecutivo, la n.° 7.447 sigue vigente y es de cumplimiento obligatorio, precisó Peralta. “Lo más fácil es que entre políticos podamos sentarnos a discutir esta ley, la intención de la ley era buena, porque al generalizar buscaba que todos los municipios cobren igual”, añadió.

Le puede interesar: Garantizar medicamentos oncológicos: una cuestión de voluntad política y patriotismo, dice Leite

La Dirección Nacio­nal de Ingresos Tri­butarios (DNIT) tiene actualmente un piso de recaudación impositiva mensual de entre G. 3.200 y G. 3.600 millones, según comentó Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la ins­titución, en “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Resaltó que este número es 23 % superior al piso que tenía la anterior Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) con G. 2.600 millones men­suales.

“Hoy ya estamos compi­tiendo con ese piso, es decir, con nuestros propios núme­ros”, indicó Ferreira, refi­riendo que desde la fusión de la SET con Aduanas existe un aumento progresivo de participación dentro de los impuestos directos, que son aquellos que gravan la renta personal y empresarial, lo cual refleja un sistema tri­butario más justo.

Acerca del crecimiento de contribuyentes nuevos, recordó que, con la exadmi­nistración, este grupo crecía en el orden de los 50.000 ins­criptos por año, y que hoy, con la intención de incorporar a la mayor cantidad de población económicamente activa al Registro Único del Contribu­yente (RUC), la DNIT regis­tró a 84.000 nuevos aportan­tes al fisco en el año 2024.

Por otro lado, el funciona­rio también habló sobre las labores que viene realizando la dirección para fortale­cer controles y fiscalizacio­nes a fin de luchar contra el contrabando y que eso con­cluya con un aumento en la recaudación. Señaló que, en gran parte, esto tiene que ver con el récord de recauda­ción en 2024, al margen de la coyuntura económica posi­tiva que vive nuestro país. “Si la economía creció un 4 % en 2024 y el aumento en la recaudación fue superior un 20 % respecto al 2023, es evidente que se hicieron bien los deberes a los efectos de poder tener esos núme­ros, sin dejar de mencionar que esto se da sin aumento de impuestos. Es decir, se hicieron bien los trabajos de cruzamiento de información y fiscalización”, sostuvo el gerente a Nación Media. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, Ingresos Tributa­rios registró un ingreso de G. 4.049.460.000.000 (4 billo­nes) por impuestos internos (21,3 % más que en 2023), G. 2.614.405.000.000 (2 billo­nes) por impuestos aduaneros (19,7 % más que en 2023), lo que totaliza una recaudación por G. 6.663.866.000.000 (6 billones).

El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, manifestó el domingo pasado que el exitoso cierre del año fiscal tiene relación, en parte, por el buen desempeño económico que vivió el país en 2024, pero sobre todo, por el aumento en los controles y todas las verificaciones que se realizaron en la institución desde su creación. “Desde todo punto de vista el aumento de la recauda­ción es no solo por el mejoramiento de la economía sino principalmente por los controles y verificacio­nes que establecimos desde la creación de la DNIT. Por primera vez aumentamos la presión tributaria sin aumentar impuestos y sin crear nuevos impuestos. Esto hay que celebrar como país porque significa mayor equidad y justicia tributaria”, resaltó Orué en su cuenta X. Realizó un recuento de los principales datos macroeconómicos que impulsaron a un nuevo récord de recaudación el año pasado, 20,6 % más que en 2023. En primer lugar, el crecimiento económico de 4 %, una inflación anual controlada de 3,7 %, (aumento del 20,6 % de los tributos) y un aumento de recaudación por eficiencia de 12,9 %.

Tras promulgación de la Ley n.º 7438 de Santiago Peña, DNIT controlará juegos de azar.

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley n.º 7438, que modifica varios artículos de la Ley n.º 1016/97 que establece el régimen jurí­dico para la explotación de los juegos de suerte o de azar. Con esta ley, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) pasa a depender directamente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Desde el Gobierno afirman que la DNIT cuenta con la operati­vidad, la logística, personal téc­nico e infraestructura a nivel nacional para cumplir a caba­lidad lo que establece la ley, es decir, que se trata solo de una actualización organizacional, sino de una apuesta clara por la modernización, la transparen­cia y la eficiencia. “A partir de este momento mejora sustan­cialmente el combate frontal a la explotación clandestina de juegos de azar. Ahora la Conaj­zar y la DNIT tienen la potestad de incautar toda explotación clandestina de juegos de azar, materiales, enseres, imple­mentos, documentos, tecno­logía que esté siendo utilizado para explotación y se va a poder disponer el bloqueo de todas las señales clandestinas de juegos de azar”, expresó Carlos Lise­ras, director de la Conajzar.

Además, este paso fortalece el rol regulador de la comi­sión con mayores compe­tencias. Indican que el orga­nismo ahora puede ejecutar sus resoluciones con más fir­meza y perseguir las activida­des clandestinas. En detalles, la ley introduce cambios signi­ficativos en el mercado. Por un lado, se elimina el monopolio en el sector, abriendo las puer­tas a nuevos actores y fomen­tando una competencia más justa y, por el otro, amplía el abanico de juegos reconocidos y habilitados para explotación, lo que beneficia tanto a los ofe­rentes como a los usuarios. Con estas modificaciones no solo moderniza la estructura regulatoria, sino que la adapta a las demandas del mercado actual. Un órgano regulador más profesional, más estable y más solvente, con un marco jurídico a la altura de los nue­vos tiempos.