Contribuyendo con las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19, la Dirección de Marina Mercante emitió la Disposición DGMM N° 10, por la cual establece el plazo de 90 días para que las embarcaciones operaren sin necesidad de recurrir hasta las oficinas para trámites administrativos.
La medida se da a fin de evitar aglomeración de personas. Aquellos trámites administrativos vinculados a la cadena logística como ser puertos y embarcaciones, que aún no se han digitalizado, se extienden sus respectivas habilitaciones por 90 días. Con la medida, no se dará de baja del sistema de Ventanilla Única del Exportador ni la Ventanilla Única del Importador para seguir operando con normalidad.
Igualmente, se garantiza a la industria naval seguir brindando servicios a los armadores respecto a los buques que necesitan ser reparados o ser botados para dar cumplimiento al decreto que dictó el Poder Ejecutivo.
“Se garantiza el normal funcionamiento de embarcaciones de cargas, puertos de importación y exportación y servicios de la industria naval. Todos estos trámites se realizan en la Dirección General de Marina Mercante y por ahora no será necesario recurrir hasta la oficina”, expresó al respecto el director Patricio Ortega.
Para consultas, los usuarios pueden escribir a la dirección de correo electrónico: marina-mercante@mopc.gov.py
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Juez otorgó medidas alternativas al abogado que abofeteó a funcionaria del INTN
El juez penal de Garantía, Amílcar Marecos, otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir a una funcionaria del INTN durante un operativo de control. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares.
El referido profesional del derecho deberá cumplir varias reglas de conducta, como la prohibición de salir del país, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial. También quedará sometido el mismo al estricto control de la defensa técnica, la obligación de comparecer ante el juzgado para la firma del acta judicial.
Igualmente, el imputado tiene prohibido acercarse a la víctima y al domicilio de la misma en un radio de 300 metros, la prohibición de comunicación y de actos de hostigamiento por cualquier medio (mensajería, llamadas, redes sociales), la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas como la de acudir a locales nocturnos, la prohibición de portar armas y la obligación de presentarse o comparecer ante cualquier llamado o convocatoria que le realice en adelante y este proceso el Juzgado o el Ministerio Público.
Desde el 27 de marzo el abogado está privado de su libertad en la comisaría de Alto Paraná.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Mafia de los pagarés: otorgan medidas alternativas a la prisión a exjueza de Paz
El juez de Garantías, Rodrigo Estigarribia, otorgó medidas alternativas a la prisión a la exjueza de Paz Liliana González de Bristot, imputada por prevaricato en el caso conocido como la mafia de los pagarés. La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
El magistrado dispuso una fianza de G. 200 millones que deberá ser reemplazada por un inmueble, la comparecencia trimestral para la firma del acta judicial y la prohibición de cambiar de domicilio.
El abogado de la exmagistrada es Mario Elizeche, quien señaló que su representada actuó conforme a derecho y a su vez criticó la imputación presentada por el Ministerio Público.
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Ratifican validez de imputación
El magistrado Rodrigo Estigarribia rechazó el incidente de nulidad de la imputación por prevaricato presentado por la jueza suspendida en sus funciones Analía Cibils, procesada penalmente por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en el marco de la investigación del esquema corrupto conocido como la mafia de los pagarés.
Estigarribia sostuvo que la imputación cumple con todos los requisitos formales exigidos por la ley, en el sentido que se identificó suficientemente a los imputados por lo que corresponde rechazar el incidente presentado por la defensa de Cibils.
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Senacsa sobre últimas medidas: “No es agregar burocracia, es agregar excelencia”
El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, defendió la implementación del Programa de Control de Enfermedades Reproductivas, que fue postergada hasta setiembre, alegando que no busca entorpecer la actividad ganadera, sino “agregar excelencia” a la genética paraguaya.
“No es agregar burocracia, es agregar excelencia, agregar nuevas formas de hacer las cosas que están amparados desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista de nuestra experiencia”, dijo a La Nación/Nación Media tras el comunicado que emitieron dos asociaciones de razas.
Según explicó, el programa, enfocado inicialmente en animales de élite, apunta a reducir pérdidas por infertilidad y mejorar los índices de preñez. “Creemos que nuestro sector todavía tiene que mejorar en el porcentaje de preñez, de marcación, los números de productividad, especialmente en lo que es la producción de terneros, todavía estamos por debajo del promedio de la región”, explicó.
Los programas que se vienen implementando garantizan que la producción sea de máxima calidad. “Estamos con mercados sumamente exigentes, estamos con miles de auditorías, pedidos de mercados que muchas veces se cruzan. Tanto se avanzó en los últimos años, pero también nosotros tenemos que dejar de hacer ciertas cosas para poder atacar lo importante”, explicó a LN/NM.
La resolución n.° 250 es una disposición normativa ya conocida por todos los participantes en exposiciones nacionales e internacionales, y es actualizada anualmente porque contempla procedimientos para dar cumplimiento a disposiciones sanitarias de todos los programas aprobados por el organismo.
Martin Camperchioli recordó que el programa es una innovación en la citada normativa, ya que fue aprobado en el 2023, a fin de dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ARP, que es la reducción del hato ganadero nacional.
El comunicado de dos asociaciones de razas de ganado sorprendió a las autoridades, teniendo en cuenta que no es lo que se viene trabajando con la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Aparte, recordó que el Senacsa se ganó su prestigio a lo largo de estos años, tanto en el sector privado como a nivel internacional. “Podemos tener diferencias, pero en esta alianza público privada los problemas siempre se solucionaron entre cuatro paredes, hablando, conversando, reuniéndonos, pero no con estas actitudes”, manifestó.
Datos claves
- El programa de control de enfermedades reproductivas fue postergado hasta setiembre.
- El programa busca reducir pérdidas por infertilidad y mejorar los índices de preñez.
- Senacsa sostiene que no busca entorpecer la actividad ganadera, sino agregar excelencia.