- Por Eduardo “Pipó” Dios
- columnista
En el Paraguay, cada vez que sucede algo que conmociona de alguna manera a la ciudadanía, no falta el buey corneta, con o sin banca en el Congreso, que propone nuevas leyes. A cada problema que surge se plantean nuevas leyes, populismo en su más puro estado, como si una ley solucionaran los problemas de base, profundísimos; como si no hubiese ya leyes, que obviamente no se cumplen, para intentar evitar los crímenes o delitos.
Si un motocarro azul con 3 tipos encima, adictos al chespi, asaltan a una empleada de una pizzería, a las 3:00 y le roban el celular a punta de cuchillo, no falta el que se compromete a las 7:00, delante del primer micrófono que le ponen enfrente, a proponer una “ley que prohíba que los motocarros lleven más de dos personas entre las 00:00 y las 7:00, y menos aún armadas con cuchillos”. A los que obviamente les responden todos los motocarreros explicando por qué tienen que ir de a tres y la Policía diciendo que no tiene personal, ni recursos para controlar si van armados, los que van entre dos o menos.
Esto no amilana el “espíritu legislador” de los muchachos que le dan para adelante, y dependiendo de que nadie se dé cuenta y mande al córner el proyecto, se termina aprobando con bombos y platillos.
Pero mucho más graves son los proyectos antialgo. Por ejemplo: cuando a un iluminado se le ocurrió bajar por ley las tasas de las tarjetas de crédito, a niveles de primer mundo, pero para ricos de primer mundo, ya que en ese mundo la mayoría paga tasas en monedas duras, que están prohibidas acá, en guaraníes.
Resultado, una crisis económica que sigue hasta el día de hoy y a las que, obviamente, se fueron sumando problemas internos y externos, como el despilfarro del actual gobierno, los precios de los commodities y la pandemia. Pero en estos últimos 6 años, mandamos a la informalidad a un número enorme de ciudadanos que alegremente pagaban sin drama su tarjeta de crédito y consumían, y hoy sobreviven apenas para pagar la cuota de préstamos a altísimas tasas en su usurero “de confianza”, si es que ya no están embargados hasta la zapatilla.
Es lo mismo que se ha hecho con las famosas leyes antilavado y el Gafilat. Un paquete de leyes que nos imponen, con la venia de los políticos de turno, y sus intereses políticos transitorios, del momento, con los que supuestamente apretarán a sus enemigos políticos, y que simplemente terminan de matar al comerciante de frontera, siempre vilipendiado como lo peor del mundo, pero de cuyo trabajo e ingresos viven la clase política y los funcionarios, que tanto los rechazan. De su dinero hacen campañas, llegan al poder y luego se encargan de pegarse el tiro en el pie, de la manera más idiota.
Ahora pregunto yo, estos empleados de comercios de ciudades de frontera, los grandes y pequeños comerciantes, los ciudadanos que apenas sobreviven, gracias al estrangulamiento al que son sometidos por los políticos a los que ellos financiaron y votaron, que hoy se alinean ante las presiones de los intereses de los comerciantes de países gigantes como Brasil, que con el título de “lavado” quieren acabar con el negocio de la frontera paraguaya sin siquiera plantear una salida laboral razonable para los miles que cada día van quedando en la calle, ¿seguirán votando a sus verdugos?.
Es la hora de que esos miles de ciudadanos exijan a sus representantes, regionales o nacionales, que peleen por sus intereses y sus fuentes de trabajo, porque el camino no tiene retorno. Fuera de la frontera también sentimos cada día las trabas que presentan estas leyes, cuando queremos cambiar unos pocos dólares o queremos recibir o remesar dinero en cantidades, ridículamente pequeñas y vemos las trabas absurdas que nos impone la ley y un Banco Central totalmente ajeno y aislado de la realidad y de la búsqueda de soluciones. Ahora cierran las casas de cambio, mañana serán los demás comercios y luego las industrias.
Desde el Gobierno no hay, ni habrá respuestas, hay que aprovechar las elecciones para exigir y demandar cambios en esta política suicida de querer quedar bien con el Gafilat a cualquier costo, aun a costa del pan de los paraguayos.
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Imputan a 12 personas de una red de estafas a clientes de un banco
La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano, formuló imputación por los hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos, producción de documentos no auténticos, asociación criminal en calidad de autores a un total de 12 personas que habrían participado en un esquema ilícito con el fin de obtener dinero de manera indebida.
El esquema consistiría en la obtención de fondos provenientes de cuentas bancarias de clientes del ente financiero ueno Bank SA, y parte de esos fondos podría haberse utilizado para la adquisición de criptoactivos mediante operaciones de compra o intercambio con dinero.
Dicha organización habría comenzado con la obtención indebida de datos y contraseñas de acceso y transacción de los clientes del banco.
Esta información podría haberse obtenido mediante maniobras fraudulentas dirigidas a los sistemas informáticos de la sede central del banco ueno, lo que les permitiría acceder a las cuentas bancarias a través de la banca electrónica, usando dispositivos relacionados con la tecnología de la información y la comunicación.
Ahora será un juzgado penal de garantía quien deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si los imputados son beneficiados con medidas alternativas a la prisión o van a la cárcel.
PRESUNTO ASESINATO
Por parte, efectivos de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, se encuentran investigando un presunto homicidio donde víctima y victimario serían menores de edad. El hecho se reportó en la noche de este viernes en la fracción Las Mellizas, en la ciudad de J. Augusto Saldívar.
Según el informe policial, se tomó intervención luego de que se recibiera una llamada al Sistema de Emergencias 911 informando sobre un disparo en la mencionada zona; una vez en el lugar, los intervinientes fueron recibidos por un menor de 14 años. Al ingresar a la vivienda, se encontraron con otro joven de 16 años, tendido en el suelo y con un impacto de arma de fuego a la altura de la cabeza.
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Reformas y creación de entes eficientes marcan dos años del gobierno de Peña
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
A dos años de su gobierno, el mandatario Santiago Peña, impulsó una serie de proyectos de leyes que refuerzan su compromiso con los paraguayos en la búsqueda del resurgir de un gigante. Con un acompañamiento mayoritario en el Congreso Nacional y el respaldo total de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el economista ha podido avanzar en la consolidación de sus políticas públicas sin enfrentar grandes dificultades ni oposiciones significativas.
En el paquete de leyes impulsado por el Poder Ejecutivo, que apuntan a generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo en la vida del país, se encuentra el programa Hambre Cero en las Escuelas, que tiene como finalidad garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, combatir el ausentismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.
La histórica política de Estado ha tenido un impacto significativo en la educación, la nutrición infantil y la economía local. Es implementada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país.
Lea también: EE. UU. y Paraguay firman importante acuerdo: “Existe una alianza muy fuerte”
Otra de las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo que impacta fuertemente en el campo social, es la que establece la Pensión Universal para Adultos Mayores, que ya llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en el año 2023, con un nuevo sistema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discriminatorios.
La ley establece que todo ciudadano paraguayo con al menos 5 años de residencia o extranjero con al menos 30 años también de residencia permanente, mayor de 65 años de edad, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será reajustado automáticamente, conforme a la variación del mismo. Las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de personas con Discapacidad, podrán acogerse a los beneficios de la ley a partir de los 60 años de edad. Para las comunidades indígenas la pensión será universal a partir de los 55 años de edad.
Reformas
La normativa de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil es una de las grandes reformas que son impulsadas por Peña y tiene como fin construir una administración pública más eficiente y justa. Esta nueva ley establece un marco jurídico que define reglas claras, garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia.
Con su vigencia se deja atrás las debilidades de la derogada ley 1626/2000 de la Función Pública y consolida un sistema que garantice eficiencia, transparencia y, sobre todo, un mejor servicio para la ciudadanía.
La ley se aplica a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional y sus leyes reduce la cantidad de cargos de confianza en las instituciones, limitándose a las direcciones de Administración y Finanzas, de Asesoría, de Gabinete y Secretaría General. Los demás cargos directivos deberán ser concursados.
Entre los principales aspectos de la normativa figuran: la premiación de la meritocracia para profesionalizar la función pública mediante concursos y evaluaciones, se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, médica, enfermería, entre otros.
A la vez, otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos. Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir y se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad.
Sistema previsional
La reforma del sistema previsional es otra de las leyes que fueron impulsadas por el economista para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre las principales medidas de la norma figuran la ampliación del periodo de referencia para jubilaciones, el cual se extiende a los últimos 120 meses (10 años), lo que permitirá reflejar con mayor precisión el esfuerzo contributivo de los aportantes, evitando distorsiones provocadas por picos salariales atípicos.
También establece el incremento del fondo de salud en el que se reasignará un 0,5 % del fondo de administración y el 2,5 % destinado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, aumentando el fondo de salud en un 3 % (aproximadamente USD 125 millones). Este ajuste permite atender eficientemente las demandas de los asegurados.
Asimismo, mediante la Escribanía Mayor de Gobierno estipula la regularización de las propiedades del IPS que actualmente carecen de documentación legal, con el fin de fortalecer su patrimonio institucional.
Otra de las reformas concretadas por el presidente Peña guarda relación con el fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes). La norma fomenta formalización y contribuye al desarrollo económico del país. Con la ley se han simplificado los trámites de formalización de las empresas y se han reducido los costos, permitiendo que registrar un negocio sea rápido, sencillo y accesible.
Los contratos flexibles son una herramienta clave de la ley, que permite a las micro y pequeñas empresas avanzar hacia la formalidad, asegurando beneficios para empleadores, y trabajadores. A la vez se crea una base de datos unificada de microempresas formalizadas y permite el acceso automático a la cédula Mipymes, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, la DNIT y el IPS. Estas acciones concretas apuntan a la incorporación de alrededor de 492.238 mipymes al Registro Nacional de Mipymes actualizado (Renamipymes).
La ley facilita el acceso a financiamiento, a través de créditos, promoviendo así la inclusión financiera, en conjunto con el Banco Central del Paraguay. Establece el fortalecimiento y reestructuración del Fondo Nacional para Mipymes, con hasta 15 mil salarios mínimos y otros recursos para atender necesidades de capital operativo, inversión productiva y cooperación técnica.
Impulsa también la capacitación, asistencia técnica permanente y el desarrollo empresarial, promoviendo la iniciativa privada, los agentes y los centros, con el apoyo de Sinafocal, MEC, Conacyt, Snpp, Mitic. Además, permite la sustitución de multas por programas de capacitación, en caso de sanciones leves.
Peña también impulsó la reforma que actualiza y moderniza la ley de Alianza Público-Privada. La ley busca incrementar la participación estatal en proyectos de iniciativa privada para infraestructura y servicios públicos.
Creación de instituciones
En el abanico de leyes que fueron propuestas por el Ejecutivo figura la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y tiene como objetivo principal regular y supervisar los recursos financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones, tanto públicas como privadas, del país.
Su función es asegurar que las inversiones cumplan con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad necesarios para cubrir las futuras pensiones. Mediante su vigencia se constituyó un órgano que supervisa la administración de los recursos financieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes.
Las cajas que serán controladas por la Superintendencia corresponden a:
- IPS
- la Caja Fiscal
- la Caja Municipal
- la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Ande
- la Caja de Itaipú
- la Caja Ferroviaria
- la Caja Parlamentaria
- la Caja Bancaria
El Gobierno impulsó también la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La unificación es beneficiosa no solo para las recaudaciones tributarias sino también para mejorar los controles y procesos con una sola cabeza al frente, además de las informaciones que se compartirán entre las instituciones.
Peña también propició la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la unificación del Ministerio de Hacienda y de las secretarías Técnica de Planificación (STP) y de la Función Pública (SFP), con el fin de reorganizar la estructura del Estado, volverlo más ágil y moderno, con un uso eficiente de los recursos.
El MEF tiene como principales funciones formular y definir la política económica nacional, la política fiscal, las políticas de endeudamiento externo e interno y de desarrollo nacional sostenible, entre otras.
Bajo el mandato de Peña también fue creado el Registro Unificado Nacional (RUN), con la finalidad de lograr un régimen inmobiliario efectivo, coordinado e integral para brindar una solución definitiva a la problemática de la tierra en Paraguay. Para su creación se unificó a la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el l Departamento de Agrimensura y Geodesia.
Con el RUN se plantea dar solución a dos grandes problemas con la titulación de inmuebles. El primero es la superposición de títulos inmobiliarios, lo que hace que muchas veces un mismo inmueble tenga dos o varios títulos. Esta situación genera un caos que afecta la propiedad y la seguridad jurídica del país si no se detiene. Y el segundo problema es la complejidad de los trámites.
Lucha contra la corrupción
La Ley de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte del paquete de leyes promovidas por Peña. Fija un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.
El régimen de integridad involucra tanto al sector público, privado y la sociedad civil. Uno de los componentes clave de esta ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: el denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo ciertas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.
Crea también el Consejo Nacional Anticorrupción que estará compuesto por representantes del Gabinete Civil de la Presidencia, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Su función será coordinar estrategias nacionales y fomentar acuerdos en torno a medidas innovadoras para mejorar la integridad en el ámbito público.
El Ejecutivo también impulsó la ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. La norma surgió con la finalidad de reactivar sectores claves para nuestra economía ante las múltiples deudas heredadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, especialmente en los sectores de la salud y la construcción. La ley autorizó la emisión de bonos por hasta USD 600 millones para saldar el adeudo.
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Dos años del gobierno de Peña: marcado por reformas y creación de entes eficientes
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
A dos años de su gobierno, el mandatario Santiago Peña, impulsó una serie de proyectos de leyes que refuerzan su compromiso con los paraguayos en la búsqueda del resurgir de un gigante. Con un acompañamiento mayoritario en el Congreso Nacional y el respaldo total de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el economista ha podido avanzar en la consolidación de sus políticas públicas sin enfrentar grandes dificultades ni oposiciones significativas.
En el paquete de leyes impulsados por el Poder Ejecutivo, que apuntan a generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo en la vida del país, se encuentra el programa Hambre Cero en las Escuelas, que tiene como finalidad garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, combatir el ausentismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.
La histórica política de Estado ha tenido un impacto significativo en la educación, la nutrición infantil y la economía local. Es implementada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país.
Lea también: EE. UU. y Paraguay firman importante acuerdo: “Existe una alianza muy fuerte”
Otra de las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo que impacta fuertemente en el campo social, es la que establece la Pensión Universal para Adultos Mayores, que ya llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en el año 2023, con un nuevo sistema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discriminatorios.
La Ley establece que todo ciudadano paraguayo con al menos 5 años de residencia o extranjero con al menos 30 años también de residencia permanente, mayor de 65 años de edad, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será reajustado automáticamente, conforme a la variación del mismo. Las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de personas con Discapacidad, podrán acogerse a los beneficios de la Ley a partir de los 60 años de edad. Para las comunidades indígenas la pensión será universal a partir de los 55 años de edad.
Reformas
La normativa de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil es una de las grandes reformas que son impulsadas por Peña y tiene como fin construir una administración pública más eficiente y justa. Esta nueva ley se establece un marco jurídico que define reglas claras, garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia.
Con su vigencia se deja atrás las debilidades de la derogada ley 1626/2000 de la Función Pública y consolida un sistema que garantice eficiencia, transparencia y, sobre todo, un mejor servicio para la ciudadanía.
La ley se aplica a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional y sus leyes reduce la cantidad de cargos de confianza en las instituciones, limitándose a las direcciones de Administración y Finanzas, de Asesoría, de Gabinete y Secretaría General. Los demás cargos directivos deberán ser concursados.
Entre los principales aspectos de la normativa figuran: la premiación de la meritocracia para profesionalizar la función pública mediante concursos y evaluaciones, se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, médica, enfermería, entre otros.
A la vez, otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos. Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir y se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad.
Sistema previsional
La reforma del sistema previsional es otra de las leyes que fueron impulsadas por el economista para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre los principales medidas de la norma figuran la ampliación del periodo de referencia para jubilaciones, el cual se extiende a los últimos 120 meses (10 años), lo que permitirá reflejar con mayor precisión el esfuerzo contributivo de los aportantes, evitando distorsiones provocadas por picos salariales atípicos.
También establece el incremento del fondo de salud donde se reasignará un 0,5 % del fondo de administración y el 2,5 % destinado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, aumentando el fondo de salud en un 3 % (aproximadamente USD 125 millones). Este ajuste permite atender eficientemente las demandas de los asegurados.
Asimismo, mediante la Escribanía Mayor de Gobierno estipula la regularización de las propiedades del IPS que actualmente carecen de documentación legal, con el fin de fortalecer su patrimonio institucional.
Otra de las reformas concretadas por el presidente Peña guarda relación con el fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes). La norma fomenta formalización y contribuye al desarrollo económico del país. Con la ley se han simplificado los trámites de formalización de las empresas y se han reducido los costos, permitiendo que registrar un negocio sea rápido, sencillo y accesible.
Los contratos flexibles son una herramienta clave de la Ley, que permite a las micro y pequeñas empresas avanzar hacia la formalidad, asegurando beneficios para empleadores, y trabajadores. A la vez se crea una base de datos unificada de microempresas formalizadas y permite el acceso automático a la cédula Mipymes, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, la DNIT y el IPS. Estas acciones concretas apuntan a la incorporación de alrededor de 492.238 mipymes al Registro Nacional de Mipymes actualizado (Renamipymes).
La Ley facilita el acceso a financiamiento, a través de créditos, promoviendo así la inclusión financiera, en conjunto con el Banco Central del Paraguay. Establece el fortalecimiento y reestructuración del Fondo Nacional para Mipymes, con hasta 15 mil salarios mínimos y otros recursos para atender necesidades de capital operativo, inversión productiva y cooperación técnica.
Impulsa también la capacitación, asistencia técnica permanente y el desarrollo empresarial, promoviendo la iniciativa privada, los agentes y los centros, con el apoyo de Sinafocal, MEC, Conacyt, Snpp, Mitic. Además, permite la sustitución de multas por programas de capacitación, en caso de sanciones leves.
Peña también impulsó la reforma que actualiza y moderniza la ley de Alianza Público-Privada. La Ley busca incrementar la participación estatal en proyectos de iniciativa privada para infraestructura y servicios públicos.
Creación de instituciones
En el abanico de leyes que fueron propuestas por el Ejecutivo figura la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y tiene como objetivo principal regular y supervisar los recursos financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones, tanto públicas como privadas, del país.
Su función es asegurar que las inversiones cumplan con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad necesarios para cubrir las futuras pensiones. Mediante su vigencia se constituyó un órgano que supervisa la administración de los recursos financieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes.
Las cajas que serán controladas por la Superintendencia corresponden al IPS, la Caja Fiscal, la Caja Municipal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), la Caja de Itaipú, la Caja Ferroviaria, la Caja Parlamentaria y la Caja Bancaria.
El Gobierno impulsó también la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La unificación es beneficiosa no solo para las recaudaciones tributarias sino también para mejorar los controles y procesos con una sola cabeza al frente, además de las informaciones que se compartirán entre las instituciones.
Peña también propició la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la unificación del Ministerio de Hacienda y de las secretarías Técnica de Planificación (STP) y de la Función Pública (SFP), con el fin de reorganizar la estructura del Estado, volverlo más ágil y moderno, con un uso eficiente de los recursos.
El MEF tiene como principales funciones formular y definir la política económica nacional, la política fiscal, las políticas de endeudamiento externo e interno y de desarrollo nacional sostenible, entre otras.
Bajo el mandato de Peña también fue creado el Registro Unificado Nacional (RUN), con la finalidad de lograr un régimen inmobiliario efectivo, coordinado e integral para brindar una solución definitiva a la problemática de la tierra en Paraguay. Para su creación se unificó a la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el l Departamento de Agrimensura y Geodesia.
Con el RUN se plantea dar solución a dos grandes problemas con la titulación de inmuebles. El primero es la superposición de títulos inmobiliarios, lo que hace que muchas veces un mismo inmueble tenga dos o varios títulos. Esta situación genera un caos que afecta la propiedad y la seguridad jurídica del país si no se detiene. Y el segundo problema es la complejidad de los trámites.
Lucha contra la corrupción
La Ley de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte del paquete de leyes promovidas por Peña. Fija un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.
El régimen de integridad involucra tanto al sector público, privado y la sociedad civil. Uno de los componentes clave de esta Ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: El denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo ciertas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.
Crea también el Consejo Nacional Anticorrupción que estará compuesto por representantes del Gabinete Civil de la Presidencia, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Su función será coordinar estrategias nacionales y fomentar acuerdos en torno a medidas innovadoras para mejorar la integridad en el ámbito público.
El Ejecutivo también impulsó la Ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. La norma surgió con la finalidad de reactivar sectores claves para nuestra economía ante las múltiples deudas heredadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, especialmente en los sectores de la salud y la construcción. La Ley autorizó la emisión de bonos por hasta USD 600 millones para saldar el adeudo.
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FIX eleva la calificación de ueno bank a “AA-py”
La calificadora FIX, afiliada de la agencia estadounidense Fitch Ratings, anunció la suba de la Calificación Nacional de Largo Plazo de ueno bank a AA-py, desde A+py, con una Tendencia Estable. Esta nueva calificación refleja la solidez de su modelo de negocio y la capacidad para mantener niveles de capital y calidad crediticia acordes a sus operaciones.
Para FIX, la Tendencia Estable responde a un escenario en el que ueno bank mantiene un crecimiento proyectado sólido, una gestión prudente del riesgo y una diversificación de líneas de negocio que le permiten sostener niveles de márgenes operativos superiores al promedio del sistema. La mejora en la calificación se sustenta en el fortalecimiento de la solvencia patrimonial del banco, el buen y sostenido desempeño de su cartera de préstamos, el crecimiento de su negocio y la generación de flujos positivos.
“Este reconocimiento por parte de FIX ratifica el sólido avance de ueno bank, respaldado por un modelo de negocio robusto, una tecnología de vanguardia entre las mejores de América Latina, una gestión enfocada en la calidad de nuestros servicios y en la administración eficaz del riesgo. Para nuestros clientes, esto representa tener un socio comprometido que comprende sus necesidades y ofrece un respaldo financiero confiable para impulsar sus proyectos. Para nuestros inversionistas, es una señal clara de estabilidad, previsibilidad y sostenibilidad a largo plazo. Hemos logrado un crecimiento sostenido, con una cartera crediticia de alto rendimiento y una solidez destacada en nuestros ratios de solvencia, lo que confirma que estamos creciendo de manera segura y sostenible”, comentó Alejandro Gómez Abente, director titular de ueno bank.
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Actualmente, ueno bank es el banco líder del Paraguay, con la mayor base de clientes sumando más de 2.4 millones de clientes, 1.6 millones de tarjetas de débito y 1.1 millones de tarjetas de crédito. Además, ueno bank se destaca por ser el líder absoluto en transferencias interbancarias, ocupando el 1er lugar del ranking de transferencias SPI, con más de 26 % del market share a nivel país.
“En ueno bank, nos enfocamos en ofrecer respuestas rápidas y efectivas a las necesidades de nuestros clientes, tanto de manera digital a través de nuestra innovadora app, como de manera presencial en más de 70 Centros de Experiencia ueno bank X distribuidos a lo largo de todo el país y operativos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este compromiso con la accesibilidad y el servicio se complementa con una estrategia financiera sólida, que se refleja en una generación de resultados crecientes y en nuestros robustos ratios de solvencia, los cuales nos posicionan entre los bancos más fuertes del sector bancario”, destacó Gómez Abente.
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Acerca de ueno bank
ueno bank se posiciona como el banco más grande del país en términos de cantidad de clientes, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y transferencias SPI. Inclusión, transparencia e innovación son los pilares distintivos que guían sus operaciones. Como líder del sector, colabora con las principales empresas del sistema financiero global, como Citibank, JP Morgan, Bank of New York, Caixa Bank y Mastercard, y cuenta con el respaldo de diversos organismos de cooperación internacional como BID Invest.
Además, cuenta con las certificaciones ISO/IEC 27701:2019, que asegura el cumplimiento de exigentes normativas internacionales de protección de datos personales, además de la ISO/IEC 27001 que avala la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).