El peor momento para tomar decisiones políticas es cuando ya casi no se tienen alternativas. Cuando se está contra la pared, se toman las decisiones posibles, que la mayoría de las veces no son las mejores. Se trata de llegar al día siguiente, esperando ver el amanecer. Buscar una salida. Aquello de la luz al final del túnel.
Algo de esto fue lo que pasó el viernes, cuando en medio de un escenario bastante crítico se toma la decisión de cambiar el proyecto de ley que creaba el fondo de estabilización del precio del combustible. El paro de camioneros con cierre de rutas, haber perdido la cómoda mayoría a favor que siempre se tuvo en la Cámara de Senadores, incluso aquellos partidos y sectores políticos caracterizados como colaboracionistas se habían pronunciado en contra; había que sumarle la voz cada vez más alta de los gremios de la industria y la producción por las millonarias pérdidas. Todo estaba en contra. Algo había que hacer, había que levantar el paro de camioneros como se reconfiguró todo. Se desechó el proyecto de ley por otro que cuente con la venia de la Cámara Alta y de la Federación de Camioneros, además de volver a bajar los precios de combustibles de Petropar.
En la jornada de hoy, la estrategia será distinta. El proyecto fue redactado por el Ejecutivo a medida de las sugerencias que hicieron los senadores. Es un trabajo técnico con base en la propuesta política. El Ejecutivo no enviará el proyecto al Congreso, directamente los senadores asumirán la paternidad del mismo, el plan incluye el tratamiento del mismo en una sesión que será convocada casi al instante. En teoría, contará con la aprobación. Diversas voces de la economía ya han expresado que la salida afectará al mercado de los combustibles. Subsidio y control de precios suenan demasiado a un modelo que viene siendo desarrollado por la Argentina. Y todos sabemos que muchas cosas pueden envidiarse del país vecino, pero ninguna de ellas incluye su economía.
En política, esa mala palabra que empieza con p y termina con a, tomar decisiones cuando se está contra la pared generalmente tiene consecuencias y no de las mejores. Si además esas decisiones afectan al muy delicado mundo de la economía, la cuestión empeora. Aún está por verse los alcances de estas decisiones.
JEM debe estudiar acusaciones contra dos juezas por suspender y anular remates de forma irregular
Compartir en redes
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tendrá que estudiar si corresponde investigar y enjuiciar a dos juezas del fuero civil y comercial de Itapúa, luego de que fueran acusadas por presunto mal desempeño en sus funciones al suspender y anular remates en violación de la ley.
El primer caso se acusó en el 2024 y se relaciona con el presunto mal desempeño de la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero. De acuerdo con la denuncia presentada por el rematador Raúl Sosa Navarro ante el órgano juzgador, se había fijado la fecha y hora para una subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río SAECA c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva”.
Sin embargo, al revisar el expediente, el denunciante encontró una providencia firmada por la magistrada en la que suspendía la subasta. Dicha resolución respondía a una solicitud de Daniela Tosetto Casaril, sucesora de Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado adjuntando el acta de defunción.
El escrito de acusación refiere que “la jueza Nilda Benítez, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el art. 167 del Código de Organización Judicial”.
Otro caso
El segundo caso corresponde a la acusación presentada por Atilio Estigarribia, presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, contra la jueza en lo civil y comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón. La magistrada fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial realizado en noviembre de 2025, dentro del expediente caratulado “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se recomiende la suspensión de la magistrada en sus funciones.
Vacuna contra el dengue aplicada en Paraguay no es la misma que usaron en Brasil
Compartir en redes
Este martes, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) informó que la vacuna contra el dengue que se suministra en Paraguay no es la misma que fue sacada de circulación en Brasil. Esto luego de que se reportaron dos muertos y varios casos de reacciones adversas graves en el vecino país.
El inmunológico que se aplicaba en Brasil es una vacuna que fue desarrollada por Instituto Butantan de Sao Paulo y que consta de una sola dosis. Este fue parte del plan masivo de inmunización que realizaron en los últimos meses en el vecino país y que llegó a una importante cantidad de gente.
Sin embargo, algunas personas que fueron inmunizadas comenzaron a desarrollar reacciones adversas que fueron de leves a graves y en dos casos provocaron la muerte. Los fallecidos fueron una mujer de 48 años y un hombre de 58 años, a raíz de estos casos decidieron suspender la aplicación.
“Queremos dar la tranquilidad a la población que las vacunas que actualmente tenemos disponibles contra el dengue es una diferente y fabricada por otro laboratorio de origen japonés, en este caso Takeda. Este llegó al país una vez que fue aprobada por altas agencias reguladoras y también la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, apuntó Luis Cousirat, director del PAI, en canal Trece.
Agregó que en Paraguay se recibieron más de 70.000 dosis de un laboratorio japonés con el que se inició la campaña de vacunación desde noviembre del año pasado. Vacuna que está dirigida a niños desde los 6 años hasta adultos de 39 años, grupo etario que más contrae la enfermedad en tiempo de epidemia de dengue.
“Llevamos más de 4.500 dosis aplicadas en el país sin ninguna reacción o evento advierto y eso es un dato sumamente positivo. En Paraguay se aplican dos dosis en un periodo de tres meses para que tenga una buena efectividad”, expresó.
Justicia dio trámite a demanda civil y embargó bienes de exdiputado por deuda millonaria
Compartir en redes
El juez en lo Civil y Comercial de Lambaré, Javier Rodolfo Gómez Arce, resolvió tener por iniciado el Juicio Ejecutivo por la suma de G. 120.850.000 presentado por Pedro Germán Vera Silva contra el exdiputado Orlando Arévalo. A su vez, el juzgado decretó el embargo ejecutivo inicialmente hasta cubrir la suma de G. 12 millones sobre el exparlamentario.
Arévalo fue diputado e integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cargo al que tuvo que renunciar luego de que su nombre apareciera en los chats del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gómez.
Igualmente, la Justicia dio por reconocida la firma del documento en el que se le reclama el monto millonario al exlegislador Orlando Arévalo. El mismo tendrá la oportunidad de ejercer su defensa en el presente juicio civil.
Del mismo modo, el juez civil Gómez Arce decidió intimar al pago a la parte deudora, haciéndole saber a Arévalo que deberá abonar el capital reclamado más los intereses y costas en el acto de requerimiento o, en su defecto, al tercer día.
Ante la presente resolución firmada por el juzgado mencionado, el representante legal del exdiputado puede recurrir el fallo judicial. En caso de ser así, será un Tribunal de Apelación de Central el que tendrá que definir si corresponde confirmar la determinación adoptada por el magistrado de primera instancia o revocar la misma.
Arévalo imputado
Días atrás, el Tribunal de Apelaciones Especializado en Crimen Organizado destrabó el proceso penal de Orlando Arévalo, imputado por cohecho pasivo. La cámara declaró inadmisible el recurso de reposición con apelación en subsidio planteado por la defensa del exdiputado. Este había presentado una reposición contra la providencia que lo convocó a su audiencia de imposición de medidas ante el juez de Garantías Humberto Otazú.
El titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, será investigado por lesión de confianza por los fiscales Silvio Corbeta y Silvia González. FOTO: GENTILEZA
Fiscalía abre investigación penal contra extitular del IPS
Compartir en redes
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ordenó la apertura de una investigación penal a los efectos de indagar al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez; al exgerente de abastecimiento y logística, Jaime Caballero, y a otros implicados por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y malversación de fondos.
Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta y Silvia González, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón, serán los encargados de investigar a los denunciados.
Dos profesionales del derecho presentaron la denuncia penal contra el extitular del IPS, Jorge Brítez Acosta, así como contra exdirectivos y miembros del Consejo de Administración por supuestas irregularidades en licitaciones que habrían generado un perjuicio de más de G. 391.574 millones.
La denuncia señala presuntas sobrefacturaciones, falta de estudios técnicos, ausencia de controles y contratos supuestamente duplicados en servicios de higienización, fumigación, desinfección y sistemas de gestión. Entre los señalados figuran:
Jaime Caballero
Alicia Olazar
y los miembros del Consejo de Administración:
Gustavo Alberto González Maffiodo
Carlos Alberto Pereira Olmedo
José Emilio Argaña Contreras
Víctor Eduardo Insfrán Dietrich
y José Jara Rojas.
La denuncia también alcanza a la directora de Auditoría Interna, Alicia Celeste Olazar Maciel.