El 10 de setiembre del 2020, el representante legal de la Compañía Brasileña de Cartuchos Mercosur (CBC) remite una nota al ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, en la que manifiesta el interés de la firma extranjera de instalar en nuestro país una unidad productiva para la fabricación de proyectiles, bajo el régimen de la maquila, para su posterior reexportación al mercado brasileño.
La Dimabel solo debió dar la autorización, como institución reguladora para la instalación de la fábrica; sin embargo, se aprovecharon de la intención de la empresa privada y le apretaron para que firme un acuerdo previo de entendimiento a fin de beneficiar a la institución militar fuera de la ley con exigencias que rayan la entrega de la soberanía.
La institución castrense a cargo del general de División Aldo Ozuna pidió a la empresa brasileña que le reactiven su fábrica, que subcontraten a los militares retirados y que encima se le compre la totalidad de la producción de municiones que eventualmente puedan generar. Hasta ahora la empresa dio su visto bueno en su pretensión de lograr la autorización de la Dimabel para el montaje de la fábrica privada.
La firma CBC Mercosur pretende invertir en principio unos US$ 15 millones en la fábrica de municiones en nuestro país y la Dimabel lo único que debe hacer, como entidad reguladora, es autorizar la instalación; sin embargo, le obligan a firmar un llamativo “acuerdo previo” a la empresa privada, que no es otra cosa que un apriete o aprovechamiento oportunista del capital privado que depende de una institución del Estado para su instalación.
Este acuerdo previo de entendimiento se firmó el pasado 5 de abril, en un acto donde participaron los representantes de la firma y el ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni y el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia. El coronel Justo Araújo, director de Administración y Finanzas de la Dirección de Material Bélico, fue quien tuvo que dar la cara en el intento de explicar el apriete que le hicieron a la firma brasileña. El general Ozuna ni siquiera se animó a mostrar la cara para justificar tamaña desvergüenza.
“Este acuerdo nace a partir de la inscripción y habilitación de la empresa CBC Mercosur SA ante el Ministerio de Industria y Comercio para operar bajo el régimen de la maquila. Paralelamente a esa intención privada, existe un acuerdo previo de cooperación técnica que va a beneficiar a la Dimabel, en todo lo que refiere a las diez cláusulas que habla este acuerdo de entendimiento”, explicó Araújo.
Desde el Gobierno vieron que CBC Mercosur es una empresa sólida de mucho capital. Se están aprovechando de la misma. Logran reactivar la fábrica de municiones de la Dimabel para luego venderla a la misma empresa, reincorporan a los militares retirados como empleados de la misma, que son potenciales votos para el ministro Soto que quiere ser senador y de paso alzan con algunos mangos a cambio de la autorización que deben otorgar, sin importarles que están cediendo a una empresa privada un bien público estratégico militar a una firma brasileña.
El caso Dimabel es uno de los tantos ejemplos de la actitud entreguista, de los verdaderos “pillos y peajeros” que marcan la conducta del gobierno de Mario Abdo Benítez, que nos remite a lo actuada con el escándalo del acta bilateral y que suponía la entrega de nuestra energía a una empresa brasileña.
Con estos antecedentes, ¿cuál será la empresa extranjera que se animará a invertir en el Paraguay? Mientras los actores de este gobierno permanezcan en el poder seguirán los aprietes, los sobornos y la entrega de nuestra soberanía. Pero a un sector de la clase política, a una parte de la prensa solo le importa el crecimiento de las empresas del Grupo Cartes; el país, un carajo. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.