• POR AUGUSTO DOS SANTOS
• Analista

El covid se fue pero la pandemia de la corrupción no tiene atisbos de retirarse. Todos saben que fue un lus­tro de corrupción sin igual, pero nadie sabe cuál es el volumen real hasta que se investigue desde adentro a las instituciones.

Lo que sí se sabe es que en el proceso de transición hay una especial preocupación por la irresponsable acti­tud de líderes de la actual burocracia estatal que están “rifando” sus instituciones antes de hacer las maletas.

Combatir la corrupción en un gobierno saliente es un desafío que atraviesa por un campo minado porque la política ha diseñado una serie de estrategias que sal­tan como eficientes fusibles a proteger e inmunizar a los ladrones que huyen.

El nuevo presidente deberá lidiar con las clavos que dejó la administración aún en curso, por sobre la presión de congresistas, lo mismo que la Contraloría y el Ministe­rio Público deben poner lo suyo.

Hay cuestiones que -incluso- deberían legislarse como por ejemplo herramientas para evitar el descontrol en las cajas del gobierno saliente. Si bien, constitucionalmente es imposible que el gobierno entrante tenga influencia sobre el tema (salvo denuncias), deberían existir meca­nismos que regulen el carnaval que hoy se observa con licitaciones al galope y chorrera de monedas por todas partes.

Lo mismo pasa con el Presupuesto General de la Repú­blica, en cuyo caso, las autoridades entrantes y sus pro­mesas quedan a expensas del presupuesto que ha dise­ñado la administración anterior.

Por ello es muy importante una política de consenso que es el mejor camino para diseñar el futuro.