Ciudad del Este. Agencia Regional.

El propietario de una constructora fue condenado al pago de cien jornadas laborales a la víctima de un accidente laboral que resultó con la pierna amputada tras el percance. El sentenciado es Julio César Trinidad Da Silva, dueño de la empresa Constructora y Metalúrgica Trinidad de Santa Rita.

La medida fue dictada durante el juicio oral desarrollado por exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. El trabajador afectado, Fidel Vera Paredes, quedó con graves secuelas físicas. La fiscal Rocío Celeste González fue quien sustentó la acusación. Antes del juicio, se produjo el resarcimiento económico a la víctima.

Los antecedentes indican que el hecho ocurrió el 30 de enero de 2024, alrededor de las 08:30, en una obra en construcción del barrio Nueva Asunción de Santa Rita, donde la persona que después se accidentó, realizaba tareas de montaje de estructuras metálicas.

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Durante el trabajo, recibió una descarga eléctrica de alta tensión al entrar en contacto con un cable expuesto en el techo y cayó al suelo. Como consecuencia, sufrió quemaduras graves y la amputación de la pierna inferior izquierda, además de daños psicológicos.

La investigación se inició el 8 de febrero de 2024, tras la denuncia presentada por Fredy Vera Paredes, hermano de la víctima. La acusación sostuvo que no se habían proporcionado los equipos de protección, ni adoptado las medidas de seguridad necesarias para realizar las labores.

El Tribunal de Sentencia que dictó la condena estuvo presidido por la magistrada Zunilda Martínez Noguera e integrado por los jueces Herminio Montiel y Edgar Lezcano. En el mismo proceso, se declaró la rebeldía de Alfredo Giménez Cardozo, señalado como empleador del trabajador al momento del accidente.

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Eduardo Metzker iba en su motocicleta por Rio de Janeiro cuando se vio rodeado por otras dos. Uno de los motociclistas le apuntó con una pistola a la cabeza y le exigió su teléfono y la contraseña. En las horas siguientes, este programador de 29 años observó impotente cómo los ladrones retiraban 80.000 reales (unos 15.000 dólares), en su mayoría a crédito, desde sus aplicaciones bancarias, antes de que él lograra bloquear sus cuentas.

“Uno trabaja casi todos los días para juntar un dinero. Luego alguien te apunta un arma a la cara y se lleva todo”, dijo Metzker a la AFP. “Ni tenía ese dinero. Arruinaron mi historial crediticio”, lamenta. El robo de celulares, que puede involucrar violencia, fraude financiero e incluso asesinato, se ha convertido en un símbolo de la crisis de seguridad que azota ciudades brasileñas como Rio de Janeiro antes de las elecciones del 4 de octubre.

Este delito “parece encapsular un pánico creciente relacionado con la violencia urbana”, señaló el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), en su informe anual. Una encuesta de esa entidad publicada en mayo estimó que alrededor de 14 millones de personas habían sido víctimas de este delito en los 12 meses anteriores en Brasil.

Pero solo unos 830.000 celulares fueron reportados robados en 2025, según el informe anual del Foro, basado en datos oficiales.

En Rio, una ciudad donde la violencia y los asaltos son muy comunes, “vivimos completamente atemorizados, en alerta constante”, dice Caroline Lo Bianco.

A esta dentista de 36 años le arrancaron el teléfono de las manos por la ventana de un Uber cuando estaba embarazada de siete meses.

Antes de las presidenciales, cuya primera vuelta se celebra este domingo, tanto el presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, como su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, han prometido tomar medidas drásticas.

Bolsonaro promete cuadruplicar las penas de cárcel para este crimen, mientras que Lula ha dicho que su meta es “cero robos de celulares”.

Las encuestas muestran que la seguridad es la principal preocupación de los brasileños en estas elecciones, pero para Metzker ningún candidato puede ayudar.

“Pueden decir lo que quieran, ya no creo en ellos”, explica.

Desde que fue atracado, tiene un celular para salir a la calle, y otro que deja en casa con sus aplicaciones bancarias.

El primer aparato es conocido como “el teléfono del ladrón”, una estrategia adoptada por el 30 % de los brasileños -unos 65 millones de personas-, según el FBSP.

“El interés de las bandas ha dejado de ser el propio teléfono para concentrarse en los datos contenidos en los dispositivos”, dice a la AFP Leonardo Silva, coordinador de crimen organizado del Foro.

Después de ser asaltada, Lo Bianco bloqueó sus tarjetas bancarias, pero los ladrones lograron transferir casi 700 dólares desde una cuenta de un banco digital. También pidieron en línea una consola de videojuegos de 1.000 dólares, compra que ella consiguió bloquear antes de la entrega.

Los ladrones incluso enviaron cerveza, carne y McDonald’s a distintas direcciones en Rio de Janeiro.

Luiz Fernando Bugiga, fiscal del Grupo de Acción Especial para el Combate al Crimen Organizado, dice que una operación reciente en Sao Paulo reveló un esquema detrás del robo de celulares, con cuatro células criminales.

Quienes roban los teléfonos se los entregan a un grupo especialista en “transferencias bancarias y robo de datos”.

Un tercer grupo realiza modificaciones técnicas para que el aparato vuelva al mercado. El último se encarga de vender las piezas y los dispositivos. Hay “múltiples formas de pérdida para la víctima y múltiples fuentes de lucro para el criminal”, afirma.

Para muchos, solo reemplazar el teléfono ya es difícil. Joel da Silva, de 42 años, trabaja como portero en el barrio carioca de Ipanema y fue asaltado con una pistola. Pasó “un mes sin teléfono” antes de poder comprar otro, en cuatro cuotas.

Contó a la AFP que ha presenciado cuatro robos de teléfonos desde el edificio donde trabaja hace siete meses. Lo Bianco, que hace unos años ya sufrió un robo de auto a mano armada, sueña con irse de la ciudad. “Le digo a mi marido que, si me pidiera mudarnos a la Amazonía, al día siguiente tendría las maletas listas”.

Fuente: AFP.

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro dijo este domingo que el modelo de mano dura contra el crimen de El Salvador es “inspirador”, tras una reunión con el ministro de Seguridad del país centroamericano, Gustavo Villatoro.

A menos de dos meses de las elecciones en las que se medirá con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el hijo mayor y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro (2018-2022) se enfoca en la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los votantes.

El encuentro con Villatoro “nos inspira mucho para que podamos implementar un plan muy eficaz y firme para defender a los ciudadanos, a las víctimas y no a los delincuentes, como hace el gobierno actual”, dijo Flávio Bolsonaro a periodistas, luego de la reunión en Sao Paulo.

El presidente de El Salvador Nayib Bukele goza de altos niveles de popularidad en El Salvador por reducir la tasa de homicidios a mínimos históricos. Varios gobiernos de derecha buscan emularlo en América Latina.

El mandatario centroamericano ha logrado “uno de los mayores y más eficaces rescates de soberanía y de seguridad pública”, dijo Bolsonaro.

Villatoro se encuentra en Sao Paulo para participar el lunes en un foro sobre seguridad organizado por un gremio industrial.

Bukele gobierna desde 2019 y su mandato es criticado por grupos de derechos humanos porque se basa en un régimen de excepción bajo el cual han sido detenidas sin orden judicial casi 100.000 personas acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas.

“Hay pocos presos en Brasil, tiene que haber más. Solo no hay más porque la legislación es laxa. Por eso vamos a crear más de medio millón de plazas en cárceles”, anticipó Bolsonaro, el candidato más fuerte de la derecha brasileña.

La primera vuelta tendrá lugar el cuatro de octubre. Según las encuestas, el izquierdista Lula tiene una ligera ventaja sobre Flávio Bolsonaro.

Fuente: AFP

De un pequeño abasto no quedaron ni los cables. No había terminado de temblar la tierra cuando comenzaron los robos y saqueos en la zona más devastada por el doble sismo en Venezuela. Las denuncias abundan en el estado costero de La Guaira, vecino a Caracas y convertido en una gran montaña de escombros.

En un video en redes sociales, un grupo de personas se pasa cajas de electrodomésticos desde una tienda colapsada; en otros se ven también cajas similares sobre techos de autos o en motos. También circulan en las redes acusaciones contra policías y militares que supuestamente roban en casas o incluso a los muertos.

La sucursal de una importante cadena de farmacias fue desvalijada, al igual que supermercados y otros comercios. Es una situación que algunos atribuyen al llamado “turismo de la desgracia” y otros al hambre y necesidad que se crean al perderlo todo en un país en crisis crónica.

“¿Es justo que nuestro pueblo se coma al pueblo?”, lamenta María Esther Bernal, de 71 años, que alquilaba locales a comerciantes chinos, todos saqueados. “No dejaron ni el papel de las paredes”, resume. “Se llevaron hasta los cables”.

“Allí al lado un señor se murió, era un señor chino, pasaban por encima del muerto para saquear, eso era un automercado”, lamenta.

La población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda de las autoridades ante el doble sismo que ya dejó 1.450 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

Reclaman no solo en las labores de rescate en La Guaira sino en el mantenimiento de la seguridad y la atención con comida, agua, medicinas.

El gobierno militarizó el estado y restringió el acceso a un salvoconducto que hay que tramitar con los militares en Caracas.

Las casas tampoco se salvaron. “Aquí no hay nada”, dice a la AFP Zulay de Carvajal, de 72 años. “Nos robaron todo, la ropa... zapatos, corotos (utensilios), ollas, tazas, vasos”.

“Encontramos un desastre”, completa su hijo, Gregory Carvajal, de 37 años. “Nosotros estábamos sacando personas que estaban muertas y en ese momento estaban saqueando, la gente estaba loca, saqueando, llevándose todo”.

En otro barrio de La Guaira, lo mismo. Un hombre encontró a un grupo tratando de desatascar un camión en una casa para llevárselo.

Hay personas que extraen combustible de los carros tapiados; otros que se hacen pasar por bomberos. Hay denuncias de todo tipo.

Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre que expulsa de su casa a un militar y otro funcionario que encuentra esculcando.

“Siguen sacando vainas (cosas), no aguanto”, protesta la persona que graba con su teléfono.

Los funcionarios le dicen que solo comprobaban si había gente. “Fuera, fuera, que me han saqueado todo”. La Guaira ya había sido devastada en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos. Y esa época “también hubo el fenómeno de la delincuencia”, explica Marino Alvarado, excoordinador de la ONG de derechos humanos Provea.

“No es extraño que nos podamos conseguir con tres situaciones que también se vivieron en el deslave”, añade. “La delincuencia; dos, el abuso policial que ya empieza a ser denunciado; y tres, funcionarios policiales o militares participando también del saqueo”. Después de que una de las sucursales de la cadena farmacéutica Farmatodo fue saqueada en La Guaira, la empresa limpió el local con ayuda de la comunidad. Ahora funciona ahí una clínica de atención primaria.

Fuente: AFP.