• Por Jorge Torres Romero
• Columnista

Días pasados, hablando con un alto directivo de una entidad financiera, se mostraba sorprendido por la diferencia abismal que existía entre las dos binacionales que Paraguay comparte con Brasil y Argentina, respectivamente. Mientras, en todos los medios de prensa se destacaba la alta calificación obtenida por la Itaipú de la agencia calificadora de riesgos internacional Standard & Poor’s, demostrando solidez financiera, gobernanza, estructura y criterios bien establecidos por el directorio ejecutivo y su Consejo de Administración; en contrapartida, la Entidad Binacional Yacyretá tenía que salir desesperadamente a pedir préstamos para poder subsistir ante la falta de transferencias y pagos por parte de Argentina. Por algo su director ejecutivo, Luis Benítez, resaltó que más allá de la decisión política del Gobierno que ordenó a la Ande retirar el 100 % de la energía que tiene disponible en la hidroeléctrica, la medida tenía que ver con la misma “subsistencia” de la institución como empresa binacional, puesto que por lo menos tendría asegurado el pago por parte de la estatal paraguaya de electricidad para cubrir sus compromisos mensuales.

Acá es muy clara la situación y es que, desde sus inicios, Yacyretá tropezó con dificultades al punto que se hizo célebre la frase del expresidente argentino Carlos Saúl Menem, quien calificó a la hidroeléctrica como un “monumento a la corrupción”.

Lastimosamente, la incompetencia, la desidia y la corrupción convirtieron a Yacyretá en una empresa totalmente inviable, con graves problemas administrativos, financieros y técnicos. Pero lo más triste es que, en los últimos 40 años, todos los gobiernos tuvieron en su momento la oportunidad de solucionar estos problemas, pero prefirieron que las cosas sigan como están y este es el resultado.

Podemos comenzar esta serie de errores estratégicos con la famosa Nota Reversal de 1992 que hasta ahora es aplicada por la Entidad Binacional sin que esta haya sido ratificada por el Congreso paraguayo. Luego vino el conocido como preacuerdo para el arreglo de la deuda en 2007 que planteó el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, pero tampoco prosperó. En 2011, bajo el gobierno de Fernando Lugo y Cristina Fernández de Kirchner, también hubo un intento de sanear la parte financiera a cambio de que se acepte la cota definitiva de 82 metros sobre el nivel del mar, con lo que se inundó la parte baja de Encarnación; hasta que, finalmente, en 2017 cuando tras la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá que se había iniciado en 2014, se logró la firma del Acuerdo Cartes-Macri, que ordenaba todas las cuentas y reducía la deuda de 20.000 a unos 4.000 millones de dólares y que se debían pagar con la producción de la energía. Sin embargo, esta vez el Congreso paraguayo aprobó el acuerdo, pero el argentino ni siquiera lo trató. De este modo, una vez más la desidia y falta de voluntad política nos llevaron a esta situación caótica.

“A los argentinos nunca les interesó arreglar la deuda”, recordaba un exdirector de Yacyretá, puesto que en varias ocasiones se integraron comisiones para buscar una solución, pero no se llegó a nada.

Sin embargo, tanto el Paraguay como la Argentina necesitan que Yacyretá salga a flote, que arregle su deuda, defina su tarifa y pague sus cuentas, como toda empresa seria y responsable. Esperamos que las nuevas autoridades argentinas que emerjan de las próximas elecciones sean más visionarias, honestas y decididas para llegar a una solución definitiva por el bien de ambos países. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.