- Por Pepa Kostianovsky
La proximidad del inicio de clases, tanto en primaria, secundaria, como terciaria, pone a gran parte de la ciudadanía, y en especial a las autoridades, ante la demanda de una ristra de compromisos y cambios económicos, sociales, y hasta la vida cotidiana.
Si bien se hacen esfuerzos por acercarnos al ideal de la educación formal gratuita y obligatoria, ya fuera en la provisión de útiles escolares, como en uniformes, gastos de trasporte, enroques de horarios y siempre algún dinero extra que para muchas, muchísimas familias, es un problemón.
Personalmente, me fastidian los comentarios, tales como: se quejan de que les pidan un aporte para comisión de padres, perchero, papel higiénico o cualquier macanada, pero después gastan en cigarrillo o en ñoño, la educación es lo más importante.
La educación gratuita y obligatoria es un derecho inalienable de todos los niños. Si hay gente que quiere inscribir a sus hijos en colegios privados, con cuotas siderales y actividades extracurriculares de alto costo, y puede hacerlo, pues… ¡adelante!
Pero quien no puede hacerlo debe estar seguro de que su niño también recibirá una educación de calidad. Y cuando pronuncio la palabra “seguro” es cuando aparecen la mayoría de los gastos ineludibles para la familia, como el traslado de los chicos hasta y desde el local educativo. Tanto si tiene que usar un trasporte, como si tiene que caminar unas cuadras.
Esta semana empezaron las clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Ya el miércoles, tercer día de clases, tuvimos noticias de chicos que al bajar del ómnibus en la avenida Santísima Trinidad, para caminar los 300 metros que llevan a la facultad, sobre la avenida Congreso de Colombia, a las 7 de la mañana, han sido asaltados y despojados de sus celulares. Vale decir que a los chespis, motochorros, o como se llamen, no les hizo falta mucho tiempo para enterarse de que allí tenían una nueva “mina de oro”.
Son docenas, por no decir cientos de jóvenes que llegan en colectivo, lógicamente indefensos, y muchos de ellos de condición humilde. Me dicen que los celulares tienen hoy GPS y pueden ser localizados. Pero el caso es que entre que se hace la denuncia y se accede a una computadora para activar la búsqueda, el ladronzuelo ya llegó hasta su reducidor y ya se han ocupado de desarmar el teléfono.
¿Qué nos dice esto?: que no son bandiditos sueltos, sino parte de una organización en la que ya tienen previsto el reducidor y el técnico que desactiva el sistema.
Nos informan que a raíz de las denuncias, ya la Policía está disponiendo patrullas de linces que guardarán la zona, y espantarán o cazarán a los rapiñadores. Generalmente, estos son también jóvenes, menores de edad incluso, que en un ratito son liberados. Lo importante es configurar un cuadro de inteligencia que los siga y llegue hasta esos otros engranajes de la cadena. Los reducidores son aún más culpables que los ladronzuelos, porque los alientan y fomentan su acceso al consumo de sustancias. Y a la delincuencia mayor.
De hecho, cabe esperar que se cumpla lo de la presencia de los linces, pero también ir previendo, antes de que empiecen las actividades en otras universidades y colegios, la organización policial y fiscal que ataque directamente a los eslabones más sólidos. La ley no los ampara. Nadie puede alegar la posesión de un objeto de valor casualmente sustraído. Es un delito. Y así debe ser encarado. Cuando dos o tres de esos comerciantes que fungen de inocente almacenero o ferretero de barrio vayan a parar al calabozo, van a ser menos los “avivados”.