• Por Víctor Pavón

Miles de jóvenes deambulan en busca de un puesto laboral que les permita contar con el sustento diario. En las calles podemos notar la presencia de personas especialmente jóvenes sin un trabajo, en la informalidad.

Y están en situación precaria debido al actual sistema perverso de carácter estatista.

No contar con un puesto de trabajo especialmente para los jóvenes que componen la mayoría del país implica pobreza, escaso y hasta nulo acceso a la bancarización, ausencia de capital disponible para llevar a cabo un negocio o tratamiento médico, hasta llegar a la misma miseria y hasta la criminalidad.

Por fortuna, hay una respuesta correcta a estos problemas. La misma se encuentra en el libre mercado, es decir, el orden de la cooperación social que llevan a cabo las personas para producir e intercambiar bienes y servicios entre los cuales está el trabajo que una persona ofrece a otra para contar con un sustento para vivir.

El libre mercado no significa ausencia de ley ni orden. Para entender esto considero dejar expresado que las partes contratantes, el empleador y trabajador deben pactar libremente sus derechos y obligaciones.

¿Por qué dos individuos no pueden llegar a un acuerdo para que una de las partes acceda a un empleo y la otra le pueda contratar cuando que la misma Constitución y el Código Civil establece la supremacía de la persona como individuo?

Un acto jurídico se considera voluntario cuando es llevado a cabo con discernimiento, intención y libertad. Si cualquiera de estas citadas características no se dan, pues entonces se está ante un acto jurídico que no produce efectos propios.

El factor de producción capital siempre tenderá a adquirir el otro factor de producción, el trabajo. De modo que cada tarea, profesión o actividad que ofrezca una persona a otra para ser contratada y ganar una suma de dinero, se podrá lograr porque cada quien podrá conseguir trabajar sin que ello implique una agresión a la otra parte, ya sea del trabajador como del empleador.

En una economía en donde rige el pacto voluntario, las partes realizan de modo mas eficiente sus intercambios. Resulta inadmisible la coerción estatal en concepto de aporte patronal del 16,5 por ciento y el 9 por ciento por parte del trabajador calculado por el salario. Son las personas, trabajadores y empleadores las que deben elegir lo que mejor les conviene y de modo voluntario.

Se agrega a esta negación del pacto voluntario que además se tiene que pagar un mínimo en concepto de sueldo legal porque caso contrario no se consigue el trabajo correspondiente y de paso se ingresa a la informalidad. El salario mínimo legal superior al salario en el mercado termina por generar desempleo y contrae los ingresos de aquellos incluso con un nivel de productividad, conocimiento y especialización más alto.

El pensamiento estatista colectivista persistente en nuestro país está provocando desempleo e inseguridad en las calles, castigando en particular a la gente más pobre y necesitada. Es tiempo de reformas porque los hechos así lo dicen: el desempleo es el resultado de una idea equivocada puesta en práctica que termina por acarrear una injusticia tanto para el trabajador como para el empleador.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la República”.

“Resulta inadmisible la coerción estatal en concepto de aporte patronal del 16,5 por ciento y el 9 por ciento por parte del trabajador calculado por el salario. Son las personas, trabajadores y empleadores las que deben elegir lo que mejor les conviene y de modo voluntario”.