- Por Felipe Goroso S.
- Columnista político
En los primeros días del mes de setiembre del año 2021, el Tribunal Superior de Justicia Electoral firmó un convenio con la ONG Alma Cívica. Esta última se presenta como una plataforma de soporte, impulso y colaboración que fomenta y desarrolla una red de ciudadanos éticos, talentosos y efectivos que contribuyan al desarrollo de la democracia en nuestra sociedad. Conformada por varios jóvenes de distintos puntos del país y su principal referencia es la ingeniera Soledad Núñez, exministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, quien luego fuera candidata a vicepresidente de Efraín Alegre y hoy se perfila como una de las alternativas de la oposición para la intendencia de Asunción.
El Equipo de Investigación de este diario viene exponiendo conexiones y según publicaciones en las plataformas de la ONG, Alma Cívica participó en actividades de la Coalición Más Ciudadanía, Menos Corrupción, encabezada por la Fundación CIRD y financiada con dinero de Usaid. Esta coalición, integrada mayoritariamente por políticos opositores disfrazados de “activistas”, recibió millones de dólares para impulsar sus iniciativas políticas. En casi dos décadas, Usaid distribuyó unos USD 93,9 millones en Paraguay, con CIRD como uno de los principales beneficiarios, recibiendo más de USD 15 millones. La mayor parte de estos fondos fueron entregados durante el gobierno anterior, con una ejecución de USD 58 millones, financiando consultorías de clanes familiares de oenegeros y operadores políticos, muchos de los cuales formaban parte de la Concertación Nacional. Dentro de ese esquema, Alma Cívica trabajó en la observación electoral junto a Sakã, un desprendimiento del CIRD, evidenciando aún más la interconexión política de estas organizaciones.
El financiamiento de Usaid a Alma Cívica se presenta como una apuesta por la democracia y el fortalecimiento de las instituciones. Sin embargo, críticos argumentan que este tipo de intervenciones puede ser visto como una forma de “caballo de Troya”, donde la supuesta ayuda humanitaria o colaboración oculta intenciones más profundas. La preocupación radica en que, al recibir fondos de una entidad extranjera, las oenegés podrían estar alineándose con agendas que no necesariamente reflejan las necesidades y prioridades del pueblo paraguayo.
La infiltración en el Tribunal Superior de Justicia pudo tener consecuencias devastadoras para la independencia judicial y poner en riesgo los resultados de la voluntad popular. Las oenegés, que deberían actuar como vigilantes de la democracia, se convierten en actores políticos, se diluye la línea entre la defensa de los derechos ciudadanos y la influencia extranjera. La percepción de que las decisiones judiciales pueden estar condicionadas por intereses foráneos socava la confianza pública en el sistema judicial y en las instituciones democráticas.
Además, este fenómeno no es exclusivo de Paraguay. En varias partes del mundo, la financiación de organizaciones no gubernamentales por parte de Usaid ha generado tensiones y desconfianzas. El propio Elon Musk, quien lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la administración de Donal Trump, trató a la Usaid de organización criminal.
El caso al que hacemos referencia nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de mayor transparencia en el financiamiento de las organizaciones que operan en el país. Los ciudadanos tienen derecho a conocer quiénes son los financiadores de estas entidades y cuáles son sus verdaderos intereses.
En conclusión, la relación entre Alma Cívica y Usaid plantea serias preguntas sobre el verdadero papel de las organizaciones civiles en la política nacional. Es imperativo que la política, esa mala palabra que empieza con p y termina con a, esté alerta y exigente ante cualquier indicio de que sus instituciones puedan ser manipuladas por intereses externos. La defensa de la democracia se debe hacer por y para los paraguayos.