Muchos de nosotros tenemos dentro de nuestros objetivos, crecer personal y profesionalmente. La palabra PROACTIVIDAD se constituye en uno de los mejores atributos que movimenta al ser humano, en tanto aquellos que son meramente reactivos, donde el statu quo es su constante, suelen permanecer en “zona de confort” esperando poder ser dirigidos.
Mantengamos la mente preparada y alerta, que nos permita ir captando y aprovechando oportunidades, sin desaprovechar los talentos que cada uno tenemos a veces “dormido” y que precisan despierten de su letargo, por falta de motivación y predisposición.
Aquel que se considere un buen profesional, que estudió y se perfeccionó para ser útil y aportar valor agregado, siempre tendrá en mente la posibilidad potencial de seguir creciendo e ir escalando posiciones a nivel laboral, manteniendo la ductilidad necesaria que hoy día nos exigen las empresas de este siglo pues las rigideces del siglo XX ya son “historia antigua”.
El conocimiento y talento son uno de los dos activos más importantes de los seres humanos.
Las prebendas, el cuoteo político y la mediocridad afectan nuestro Presupuesto General de la Nación (PGN), debiendo eliminarse para siempre.
Es responsabilidad del Gobierno, abocarse con capacidad y profesionalismo a modernizar la estructura del Estado a través de la Ley del Servicio Civil, actualizada a los requerimientos actuales de nuestra sociedad, que permita a los servidores públicos perspectivas de desarrollo profesional, lo cual sigue muy rezagado, pues la calidad del capital humano y técnico de la mayoría, de nuestras instituciones, dejan mucho que desear.
Necesitamos instituciones actualizadas a los nuevos tiempos, donde podamos visualizar procesos digitales pragmáticos y que la plantilla de funcionarios esté conformada por gente capaz e idónea, permitiendo lograr una mayor racionalización de gastos rígidos, imponiéndose una reingeniería global tanto en ministerios, secretarías ejecutivas y entes descentralizados, donde queden solo aquellas personas que muestren el nivel de formación y capacidad que puedan aportar en forma eficiente y eficaz y olvidarnos que si no son afines al gobierno de turno quedan excluidas dándose preferencia a los que no aportan valor agregado alguno por falta de capacidad.
La burocracia que predomina en casi todos los entes públicos deberá terminar, pues teniendo a mano a la tecnología en donde casi todo ya está digitalizado e interconectado, no podemos seguir con funcionarios desfasados en el tiempo, pues a través de un proceso continuo de reinvención podremos hacer que el Estado supere sus marcadas falencias y se actualicen a lo que exige el siglo XXI.
Debemos recuperar la capacidad de la reflexión racional y creadora
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La reflexión sobre la condición humana y la necesaria relación entre los hombres y mujeres dentro de una sociedad no debería reducirse a la Semana Santa ni a las fiestas de fin de año, sobre todo en Navidad, en que se recuerda el nacimiento de Jesús. Debería ser un ejercicio permanente, cotidiano, de manera de construir un diálogo fundado en la razón, el interés común y el bienestar de nuestro pueblo. Actitud para la cual se tendrán que dejar de lado los perniciosos sectarismos y los objetivos bastardos que solo se centran en la búsqueda del poder, sin importar los medios.
Es por ello que el sentido del buen gobierno resulta en una simple ecuación: el interés general por encima de los privilegios particulares. Y es por eso, también, que la democracia tiene una doble legitimidad: una que se sostiene en su origen y otra que se justifica en su ejercicio, mediante la resolución efectiva, rápida y duradera de los problemas y conflictos que se plantean al interior del país. Por tanto, no fueron pocos los regímenes a nivel mundial que tuvieron una base acorde con las normas que reglamentan las elecciones, pero que fueron desdibujándose, por su falta de resultados.
A lo largo de este periodo democrático, iniciado en febrero de 1989, hubo altibajos en el manejo de los recursos del Estado. Así, tuvimos administraciones honestas, con grandes inversiones en los sectores sociales, y otras que, lamentablemente, se dedicaron al latrocinio y la rapiña del presupuesto público. A pesar de estas últimas, hay que destacar aquellas administraciones que apostaron a la educación, la salud, la vivienda, el empleo y, además, la reparación de las históricas deudas del Estado con los campesinos.
En ese contexto, ocupa un sitial de singular relieve la promulgación –durante la presidencia de Horacio Cartes– de la Ley 5282/2014 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, un instrumento legal que contribuyó enormemente para realizar un mayor y mejor control de la relación entre el dinero gastado y las obras ejecutadas, así como para la fijación de precios justos y garantías jurídicas para todos los participantes en las licitaciones públicas. Fue, evidentemente, uno de los ejercicios más fructíferos en cuanto a reivindicación de los grupos humanos más desprotegidos y carenciados de nuestro país, arrojando plausibles resultados en la disminución de los índices de pobreza y pobreza extrema y en la lucha contra la deserción y el desgranamiento escolares.
Estos tiempos de contrición y liberación espiritual debemos vivirlos con profunda autenticidad, que no sea un fingimiento por el cual son caracterizados los fariseos, es decir, poses para la imagen proyectada a los demás, pero carentes de un acto sincero y radical. Con el agravante de que muchos líderes políticos y medios de comunicación ni siquiera respetan la solemnidad de estos días santos, profanándolos con mentiras e intrigas, indisimulados odios y mala fe, con discursos inflamados de agresiones y titulares cargados de distorsiones y manipulación.
O sea, la preocupación y la propuesta expuestas al inicio de este editorial quedan cortas, pues, penosamente, no solo no se utiliza la reflexión racional y creadora para la convivencia cotidiana, sino que ya ni siquiera se practica en tiempos de Semana Santa. Salvo quienes, por supuesto, llevan una auténtica vida religiosa, consagrada a la visión y misión del cristianismo, y también aquellos fieles comprometidos con los ideales y las enseñanzas de Jesús.
La clase dirigente de todos los ámbitos (político, social, sindical y empresarial) tiene que avanzar en dirección hacia lo que es mejor para el Paraguay, mediante un amplio acuerdo de compromiso y entendimiento entre todos, que se enfoque en un crecimiento integral del país, en condiciones de equidad y justicia social. Y para que eso ocurra debemos asumir posiciones de renunciamientos y, sobre todo, abrir nuestras mentes y corazones a una actitud dialógica, respetuosa, conciliadora y de cooperación mutua.
Esto, de manera alguna implica renunciar a nuestras convicciones personales ni a los planteamientos ideológicos de los grupos a los cuales pertenecemos. Sin embargo, tiene que existir un punto neutral que reúna todas las coincidencias que tengan que ver con la suprema aspiración de una sociedad moderna, democrática y pluralista, y una democracia sustantiva que añada a la libertad las otras condiciones necesarias para una vida digna y de calidad. Entonces,
Procuraduría reportó un ahorro al Estado de G. 2 billones en el año 2024
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El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marco Aurelio González, ratificó que encararán este 2025 con honestidad, compromisos y eficiencia para precautelar de la mejor manera los intereses de todos los paraguayos. A la vez abordó los principales logros del 2024, en que destaca el ahorro generado al Estado en diversos procesos judiciales, por un monto superior a G. 2 billones.
“Tenemos la firme convicción de que debemos defender con todas nuestras fuerzas el dinero de todos los ciudadanos paraguayos. Para eso, el único factor importante, es la honestidad, el compromiso, profesionalismo así como el premio de la meritocracia. Entonces, caminar en ese sendero de castigar la ineficiencia, y premiar la meritocracia”, precisó González, en comunicación con La Nación/Nación Media.
Resaltó, entre los principales logros del año 2024, el ahorro para el Estado paraguayo de una suma global de G. 2.032.359.540.705, equivalentes a 265.667.914 de dólares. “Cabe resaltar que, desde el 16 de agosto de 2023 a diciembre de 2024, la PGR ha logrado sumar a su tablero G. 2.420.911.088.026, mediante resoluciones favorables que han evitado millonarios desembolsos y provocado la recuperación de dinero, provenientes de acciones judiciales o acuerdos”, puntualizó el procurador general.
El alto funcionario recordó que, durante el 2024, la PGR tuvo éxito en su gestión en casos emblemáticos mediante un seguimiento intensivo del equipo de abogados del Estado. Entre ellos, señaló que se ha conseguido la nulidad parcial del laudo arbitral internacional en la demanda de Mota-Engil contra el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), con lo que se evitó el pago de 16 millones de dólares al conglomerado industrial de Portugal.
Igualmente, resaltó que fue un hecho sin precedentes, mediante las gestiones de la PGR y el Ministerio de Salud, la recuperación de 3.479.686 de dólares de los fondos adelantados al mecanismo Covax para la compra de vacunas contra el covid-19, en cuyo contrato figuraba como no reembolsables. Este beneficio será destinado a mejorar la atención oncológica.
Otro de los resultados positivos fueron los juicios donde se trabaron embargos sobre bienes de Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), y se liberaron 84 inmuebles de la empresa estatal, por un valor total de G.56.584.722.062. “Hemos logrado, en tiempo récord, liberar 18 cuentas corrientes de diferentes entes bancarios y disponer de las sumas existentes en las mismas”, acotó. Otro mérito gestionado fue la recuperación de cerca del 50 % de tierras del Estado ocupadas en la zona ribereña de la finca 916, conocida como Jardines de Remansito, de Villa Hayes.
Para este 2025 están previstos juicios que están en procesos de apelaciones con montos muy importantes, como es el caso Metrobus, donde la empresa Mota-Engil ha planteado una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte, por lo que desde la PGR se mantendrán atentos a cómo se desarrolla este proceso. “De igual forma en todos los casos, como en materia internacional estaremos poniendo el máximo celo para defender de la mejor manera posible al Estado paraguayo”, concluyó González para La Nación.
Ser puntuales sigue tornándose complicado, más en un país como el nuestro en el que los quince minutos de tolerancia o más parecerían ser la regla general. Reuniones de trabajo, salidas o cualquier otro tipo de encuentro entre dos o más personas, plantean por lo general dicho plazo de espera, cuando que lo correcto sería evitar ese “tiempo muerto”.
En el campo empresarial, la palabra dada es uno de los activos más valiosos. La persona que lo tenga demuestra profesionalismo y respeto por el tiempo de los demás. En cambio, quienes son impuntuales, en cierto sentido, parecerían ser deshonestas, no solo con el otro, sino también consigo mismo.
En términos de negocios, el dinero perdido puede ser recuperado, no así el tiempo que es un bien sin retorno. La persona que cuida su tiempo al establecer un vínculo comercial con otra persona, da la pauta de que muy probablemente cuidará el de su contraparte.
La misma regla se aplica también a las empresas. Aquellas que sean impuntuales con sus obligaciones financieras, podrían ver afectadas su confiabilidad como sujeto de crédito, pues el objetivo primario de las entidades financieras se concentra básicamente en poder recuperar el capital e intereses devengados de los créditos concedidos en tiempo y forma.
Es bueno que cultivemos el don de la puntualidad, al igual que la estructuración de nuestras metas de ahorro, de gastos mensuales y anuales, que se ajusten a nuestra capacidad de repago que nos permitan cumplir con nuestras obligaciones contraídas con terceros en forma regular con lo que estaremos demostrando sentido de responsabilidad y que somos cuidadosos de nuestra imagen personal y profesional, dentro de un mercado estrecho como el nuestro y en donde casi nos conocemos entre todos.
Andrea Picaso, viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional, indicó que lograr la sanción de los proyectos de leyes que están trabajando permitirá mejorar la condición de los servidores públicos. Foto: Gentileza
La viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrea Picaso, habló sobre el trabajo que lleva adelante, destacando que encontraron mucha heterogeneidad tanto en la organización institucional como del funcionariado público. Indicó que su gestión está enfocada en dos prioridades, la primera, los proyectos de leyes que están en estudio, y que su aprobación permitirá mejorar la condición de los servidores públicos. Por otra parte, la formación profesional de los funcionarios brindando cursos mediante postulaciones.
En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, Picaso brindó detalles de la gestión que lleva adelante esta institución que fue recientemente creada mediante la Ley promulgada el año pasado que crea el Ministerio de Economía y Finanzas, fusionando al Ministerio de Hacienda, con la Secretaría de la Función Pública; que pasó a ser lo que es hoy el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional; y la Secretaría Técnica de Planificación cuyas funciones están hoy en el Viceministerio de Economía y Planificación.
En lo que compete a sus funciones, explicó que como bien señala el nombre del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, están enfocados en la gestión de lo que es el ingreso y promoción de los servidores públicos, así como la formación para el desarrollo. Entonces, la prioridad está en mejorar el aspecto legal y de seguridad para el funcionariado, y para eso están trabajando en los proyectos de Ley que se han presentado sobre la Función Pública y el Servicio Civil, así como el de Organización Administrativa del Estado.
Además, indicó que el aspecto de la profesionalización del servidor público, permitirá jerarquizar al funcionario, y de esa forma llegar al ciudadano con un servicio público de calidad. “Hemos encontrado mucha heterogeneidad tanto en las instituciones, como entre los funcionarios públicos. Entonces, mi prioridad tiene que ver con dos pilares; primero entendemos que con los proyectos de Ley que estamos trabajando se puede mejorar la condición de los trabajadores, servidores públicos. Porque les da previsibilidad y cobertura. Por otra parte, está la formación, la profesionalización que es el otro pilar principal, porque les dará la jerarquización se servicio civil”, explicó.
Impacto positivo
La viceministra Picaso resaltó la gestión que lleva adelante el Instituto Nacional de Administración Pública (INAPP), reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencias, desde hace varios años, busca potenciar mucho más la participación y el impacto del INAPP entre los servidores públicos.
“Siempre hubo cursos y capacitaciones sobre gestión del capital humano, que es la competencia directa del Viceministerio y también de la ex Secretaría de la Función Pública. Pero hoy buscamos potenciar mucho más, y para ello ya se hizo un trabajo de identificación de necesidades para brindar capacitación en el contexto actual, para determinar qué se necesita mejorar para un mejor servicio a la gente”, explicó.
Andrea Picaso aseguró que la profesionalización del servidor público, que permitirá jerarquizar al funcionario, y de esa forma llegar al ciudadano con un servicio público de calidad. Foto: Gentileza.
Resaltó que este año iniciaron a una serie de capacitaciones, y sumarán otras, como por ejemplo un curso de Derecho Administrativo Público, dirigido para abogados del sector público, entendiendo que esta materia es muy amplia por la cantidad de normativas administrativas vigentes y lo que se busca es brindar una actualización.
Para ello, se logró un acuerdo con la Procuraduría General de la República y se está llevando adelante en el Instituto del Banco Central del Paraguay, que brinda unas instalaciones adecuadas para la capacitación. “Desde el INAPP estamos buscando articular las acciones que puedan dar un impacto positivo en la profesionalización a todo lo que es el sector público relacionado al derecho”, acotó.
Gestión organizacional
Por otro lado, la viceministra Picaso, no quiso dejar de resaltar el aspecto de la Gestión Organizacional que es la otra pata fundamental del viceministerio, que hace al desarrollo organizacional, su estructura y el fortalecimiento de las instituciones; así como los sistemas de información a la ciudadanía. Al respecto, recordó que este viceministerio tiene a su cargo la rectoría de la Ley 5189 sobre la Obligatoriedad de brindar información sobre recursos públicos sobre remuneraciones asignadas al servidor público.
“Son informaciones públicas que reportan las diferentes instituciones de la administración Central, descentralizada, gobernaciones y municipalidades, que reportan al Viceministerio y esta información se publica, para que la ciudadanía y cualquiera que esté interesado pueda saber sobre estos datos”, precisó.
También destacó que el viceministerio cuenta con un área de inclusión de derechos humanos. En ese sentido, destacó que cuentan con un departamento de inclusión que provee a las instituciones públicas el servicio de intérpretes con lengua de señas. Destacó que el jefe de esta área es justamente una persona con discapacidad, pero se destaca por desarrollar sus funciones como jefe de departamento y proveyendo el servicio de intérprete a las instituciones públicas que así lo requiera.