Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES) y miembro del Foro de Madrid
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Por Víctor Pavón (*)
El impuesto global al carbono impulsado intensamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) demuestra el grado de descomposición de ideas que tiene esta organización mundial. No debería sorprendernos. El avance del estatismo socialista a través de la agenda ambientalista se comunicó desde todas partes, desde los centros de estudios, medios de prensa, organizaciones privadas y gobiernos.
Para el que no está familiarizado con el tema, el impuesto al carbono se relaciona con el cambio climático. Es cualquier iniciativa de reducir los gases de efecto invernadero.
¿Cómo oponerse al futuro “verde” del planeta tierra? Esta manera de presentar la situación, sin embargo, es parte de una estrategia comunicacional, por cierto, bien elaborada desde las mentes retorcidas de los intervencionistas. El Estado interviene la economía y el comercio, así se hace cargo del control. Es un proyecto político, económico y cultural por el cual los países ceden su soberanía para un nuevo orden mundial diseñado desde la soberbia propia de los tecnócratas.
¿Alucinante, distópico? En ningún modo. Los estatistas globalistas son capaces de todo. Si ya están destruyendo la familia como institución de la civilización, también tienen en su mira la producción y el comercio. Ambientalismo e ideología de género no son extraños entre sí.
Este malhadado impuesto al carbono tiene propulsores y seguidores. Adrede censuran a sus detractores. No están dispuestos a escuchar a otros que obstaculice sus objetivos. Así, el impuesto al carbono, dicen, busca reducir las emisión de anhídrido carbónico (CO2) dado que es un gas contaminante que destruye el medio ambiente.
La realidad es diferente. El CO2 no es lo que la retórica estatista y globalista afirma. En tal sentido, la Coalición CO2 reúne a varios científicos del mundo liderados por el famoso científico William Happer, quien estuvo en nuestro país con el apoyo de la Fecoprod, ofreció una conferencia titulada “El CO2 el gas de la vida”.
El profesor Happer expuso sus estudios y de numerosos investigadores diciendo que cuanto más CO2, mejor para todos, para el hombre, el medio ambiente, las plantas y la producción.
Pero a los propiciadores del impuesto al carbono no les interesan la ciencia. Les interesan sus objetivos políticos. Desean alzarse con ganancias monetarias imponiendo su “nueva sociedad”. Se entrometen en la economía y el comercio mundial fomentando lo que llaman la “transición energética” generando fondos para sus adherentes. Muchos caen en el engaño.
El impuesto global al carbono no es neutral. Aumenta el costo de producción y comercio. Dañan a las familias, a las empresas, a las naciones y más a aquellas sin litoral marítimo como Paraguay. Con acierto, días atrás, el gobierno de nuestro país rechazó este funesto impuesto.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.
Mercado de carbono: ya se concretaron operaciones de venta de créditos por más de USD 10 millones
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Paraguay registra avances en el desarrollo del mercado de carbono con más de 15 proyectos de certificación en el sector forestal que abarcan cerca de 400.000 hectáreas entre iniciativas de forestación y conservación de bosques nativos en ambas regiones del país.
Así lo destacó el director de Mercados de Carbono del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Víctor González, en conversación con La Nación/Nación Media, señalando que ya se concretaron operaciones de venta de créditos en el mercado voluntario por más de USD 10 millones.
El funcionario explicó que desde la Dirección de Mercados de Carbono se acompaña técnicamente a los proyectos privados y se trabaja en la preparación del país para acceder también a mercados regulados, con el objetivo de fortalecer la integridad ambiental de los créditos y promover acciones de mitigación del cambio climático mediante los enfoques cooperativos establecidos en el Acuerdo de París.
En ese marco, mencionó que recientemente se promulgaron resoluciones vinculadas a los procesos de homologación de metodologías y a la creación del Catastro Nacional de Carbono. Esta herramienta permitirá la inscripción de proyectos privados y su seguimiento dentro de un registro nacional, cuya puesta en funcionamiento se prevé para este año, lo que facilitará mayor transparencia y trazabilidad.
González destacó que las perspectivas económicas del sector son relevantes, ya que las estimaciones preliminares indican que los proyectos actuales podrían generar ingresos anuales superiores a USD 100 millones. No obstante, aclaró que estos resultados estarán condicionados tanto por la evolución de los mercados internacionales como por la coordinación entre las acciones del sector público y privado.
Actualmente, los sectores más dinámicos corresponden a las denominadas “soluciones basadas en la naturaleza”, como la ganadería y agricultura sostenible, la reforestación, la forestación y la conservación de bosques nativos. Paralelamente, se desarrollan estudios de factibilidad en otros ámbitos con potencial de generación de créditos de carbono, como movilidad y transporte sostenible, tratamiento de residuos y otras iniciativas ambientales.
El avance del mercado de carbono posiciona a Paraguay en un escenario de creciente interés internacional en materia climática, donde la reducción de emisiones y la preservación de recursos naturales adquieren cada vez mayor relevancia económica y estratégica.
Paraguay refuerza su compromiso con la conservación ambiental y la economía verde
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El Gobierno del Paraguay reafirma su compromiso con la protección de 2.400.000 hectáreas de áreas silvestres protegidas, un eje central para la conservación del capital natural del país, informaron desde la Presidencia de la República tras la reunión del presidente, Santiago Peña con el ministro del Mades, Rolando de Barros.
La medida anunciada evidencia la prioridad que el Ejecutivo otorga a la preservación ambiental y al desarrollo sostenible como pilares estratégicos de la gestión pública, aseguran.
En ese marco, el Poder Ejecutivo mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando de Barros Barreto, con el objetivo de avanzar en la reglamentación de la Ley de Créditos de Carbono.
La iniciativa busca generar un marco regulatorio sólido que permita impulsar los mecanismos de compensación ambiental y fomentar la participación de distintos sectores económicos.
La Ley de Créditos de Carbono tiene como propósito consolidar a Paraguay como un hub regional de negocios sostenibles, integrando de manera efectiva la conservación ambiental con la economía.
“Esta iniciativa estratégica busca consolidar a la nación como un hub regional de negocios sostenibles, integrando de manera efectiva la preservación ambiental, posicionando al Paraguay en la vanguardia de la economía verde global”, informaron desde la Presidencia de la República.
Según los expertos, este modelo posiciona al país a la vanguardia de la economía verde global, abriendo oportunidades de inversión responsables y promoviendo prácticas de desarrollo sostenible en toda la región.
El titular del MADES, Rolando De Barros, sostuvo que la Ley de Créditos de Carbono vigente en Paraguay busca generar desarrollo sostenible. Foto: Archivo
Mades busca atraer inversiones con Créditos de Carbono y no imponer tributos
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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) Rolando De Barros, explicó que la discusión internacional sobre un posible impuesto al carbono en sectores como el transporte marítimo no tiene ninguna relación con la Ley 7190 de Créditos de Carbono del Paraguay.
En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que la normativa aprobada por el Congreso nacional y puesta en vigencia en el Gobierno de Santiago Peña fue diseñada con otro objetivo: crear un marco jurídico claro y seguro para que proyectos ambientales puedan generar créditos de carbono en el Paraguay, así como atraer inversiones y contribuir a la lucha contra el cambio climático, respetando la soberanía nacional.
Asimismo, ratificó la posición del Gobierno de Paraguay que no acompaña el establecimiento de un impuesto global al carbono mediante la aplicación de aranceles universales a la navegación marítima, que actualmente en estudio en la Organización Marítima Internacional (OMI).
El ministro De Barros aseguró que el Gobierno paraguayo tiene una postura firme y clara, y no acepta ninguna imposición de impuestos globales al carbono que pudieran vulnerar la autonomía fiscal ni afectar la competitividad de la economía paraguaya.
“Somos un país que defiende la cooperación internacional, pero esa cooperación debe ser voluntaria y respetuosa de las realidades nacionales. Nuestra Ley de Créditos de Carbono busca abrir oportunidades de desarrollo sostenible para el Paraguay y no tiene nada que ver con tributos internacionales que hoy se están discutiendo en la ONU”, refirió.
El ministro Rolando De Barros ratificó la posición del Gobierno de Paraguay que no acompaña el establecimiento de un impuesto universal al carbono. Foto: Archivo
Generar valor agregado
Agregó que Paraguay, dentro de lo que es el Acuerdo de París, tiene bien definida la responsabilidad a nivel global, la que es común, pero diferenciada, que está claramente prevista dentro de la Convención Marco de Cambio Climático.
“Quiero dejar bien en claro, que lo que nosotros estamos haciendo con la Ley de Crédito de Carbono es generar un valor agregado que se genera para proteger nuestros recursos naturales, producir de manera sostenible y que representa oportunidades para generar ingresos, empleos y permitir que empresas que apuntan al desarrollo sostenible puedan instalarse en Paraguay”, enfatizó.
Añadió que la Ley de Crédito de Carbono certifica los recursos naturales, mediante un proceso de certificación, validación, ya sean bosques, ecosistemas, forestación, industrias sostenibles, todo lo que implica la energía limpia y renovable.
“Todo esto se contabiliza, se genera un crédito de carbono y se vende en el mercado nacional o internacional, generando ingresos válidos para los propietarios, industrias o empresas nacionales. Al vender su crédito de carbono a empresarios internacionales o gobiernos extranjeros, se busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o compensar sus emisiones adquiriendo nuestro crédito de carbono y así nosotros generamos ingresos y aparte conservamos y protegemos nuestros recursos naturales”, explicó.
Vulnera la autonomía fiscal
El ministro De Barros señaló que la postura de Paraguay de rechazar el impuesto al carbono en el ámbito marítimo es porque es una medida que se busca imponer a todos los países. Por ello, el Paraguay, como país libre y soberano no está de acuerdo, porque vulnera totalmente la autonomía fiscal y afectaría directamente la competitividad de la economía.
Insistió en que Paraguay tiene responsabilidades diferentes a los países desarrollados, ya que aún no está industrializado, es un país cuya economía se encuentra en desarrollo.
“Nuestro país está en un proceso de desarrollo permanente, ya sean infraestructura, energía, en el sector agropecuario. Además, nuestra matriz energética es limpia y renovable, por lo que nosotros no tenemos por qué pagar un impuesto al carbono. Al contrario, debemos dar valor a nuestros recursos naturales para vender a esos países que están con un déficit ambiental. Nosotros somos líder en sostenibilidad de la región, con gran riqueza y patrimonio natural”, comentó.
Indicó que en la plenaria del Comité de Protección de los Medios Marinos de la OMI, la República de Paraguay en forma clara y firme rechazó el impuesto al carbono en los transportes marítimos, puesto que está apostando a un desarrollo sostenible desde hace mucho tiempo.
Explicó que el discurso y las acciones van de la mano del presidente Santiago Peña, que claramente ha mencionado su posición y también refleja esa postura de seriedad, de previsibilidad, para que puedan seguir llegando las inversiones al país desde todas partes del mundo.
Mencionó que este tema aún no fue aprobado, pero considera que ya existiría una mayoría en contra que rechaza este impuesto al carbono del transporte marítimo. Destacó, igualmente, que la postura de Paraguay coincide plenamente con la postura de su aliado estratégico, que es el gobierno de Estados Unidos, que rechazó igualmente esta propuesta.
“Creo que ya se están analizando otras alternativas que no tienen nada que ver con un impuesto universal y en esa línea Paraguay, a través de la política exterior, hicimos un llamado al análisis de medidas que fomenten la cooperación e incentiven la eficiencia, antes, muy por el contrario, de lo que están planteando, que contengan un enfoque punitivo que profundizará la asimetría entre los países desarrollados y en de desarrollo” concluyó.
DATOS CLAVE
Diferencia entre la propuesta de la OMI y la Ley 7190 de Créditos de Carbono de Paraguay
1. Naturaleza: impuesto vs. mercado voluntario
ONU / IMO Net Zero: busca implementar un mecanismo global de cobro obligatorio sobre las emisiones del transporte marítimo, con carácter de impuesto o tarifa internacional.
Ley 7190 Paraguay: no crea impuestos. Establece un mercado voluntario de créditos de carbono, donde los actores privados y públicos pueden participar libremente para generar y comerciar créditos.
2. Propósito de los ingresos vs. generación de valor
ONU / IMO Net Zero: lo recaudado por el impuesto se destina a un fondo internacional para financiar la transición energética y apoyar a países vulnerables.
Ley 7190 Paraguay: los créditos de carbono son tratados como activos comerciales que generan valor económico para los titulares privados de proyectos. En lugar de pagar, Paraguay puede cobrar.
3. Soberanía y control
ONU / IMO Net Zero: es un mecanismo diseñado y administrado en el plano internacional, con reglas que se aplicarían por igual a todos los países, limitando la decisión soberana sobre su política fiscal.
Ley 7190 Paraguay: está totalmente bajo control nacional, con el MADES como autoridad de aplicación, que administra el Registro de Créditos, emite constancias de no objeción y regula el mercado conforme a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del Paraguay.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado por el cual sienta una postura en nombre de la República del Paraguay, que no acompaña el establecimiento de un impuesto global al carbono mediante la aplicación de aranceles universales a la navegación marítima, actualmente en estudio en la Organización Marítima Internacional (OMI).
Menciona que ya en la plenaria del Comité de Protección de los Medios Marinos, se había manifestado que la iniciativa contraviene el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, reconocido en los acuerdos internacionales sobre cambio climático.
Asimismo, advirtió que la medida profundizaría las asimetrías entre países desarrollados y en vías de desarrollo.
Señala además, que la aplicación de aranceles universales generaría una ventaja artificial para los productores ubicados en proximidad a los grandes mercados, afectando de manera negativa a los países sin litoral marítimo, como el de Paraguay, que dependen de la conectividad fluvial y marítima para su comercio exterior.
“La política exterior del Paraguay en materia de navegación se orienta hacia la eficiencia y la facilitación del comercio, por lo que se insta a establecer medidas de carácter cooperativo, basado en incentivos, antes que un enfoque punitivo que no considere las necesidades diferenciadas de los países, en particular, la de los países en desarrollo sin litoral”, concluye el documento.