• Por Pepa Kostianovsky

El sobreseimiento del dirigente libe­ral Efraín Alegre dispuesto por un tribunal que consideró improceden­tes las acusaciones sobre un supuesto mal manejo de fondos durante las campañas proselitistas dio lugar a diver­sas conjeturas por parte de comunicadores que se empe­ñan en endilgar al actual gobierno todas las carachas y cochambres de la historia política local.

Lo pintoresco del caso es que la mayoría de estos señores y señoras se hacen llamar “poli­tólogos”. No sé de dónde salió el título en cuestión, si es un “paraguayismo” o si también se utiliza en otros lugares, ya que últimamente los disparates son ergaterram. Suena contundente, pero semánti­camente no se ajusta a quienes lo ostentan.

Un politólogo, en rigor, debería ser un individuo con conoci­mientos e imparcialidad para opinar y teorizar sobre polí­tica. Y da la casualidad de que no hay uno solo que sea impar­cial, ya que todos –absoluta­mente todos los que conoce­mos– tienen alguna afiliación o postura marcada.

Los hay liberales, los hay socia­listas, los hay colorados, los hay capitalistas, los hay anar­quistas, los hay estatistas; en fin, lo único que no conozco es alguien que no adhiera a una postura ideológica, aunque cambie de opinión, de partido, de carpa o de color de cristales. Lo cual es muy frecuente. Ya lo decía Pitigrilli: “Se nace incen­diario y se muere bombero” (o viceversa). Y hasta el mismí­simo Churchill reconocía que todos somos un poco socialis­tas en nuestras juventudes.

En resumen, lo que digo es que no se puede ser politólogo con camiseta.

Pero volvamos al caso de Efraín Alegre. Escuché afir­mar rotundamente que su sobreseimiento respondía a un “mecanismo” utilizado para sacar de la cancha a posibles adversarios. Que incluso obe­decía a un “manual”, cuyas ins­trucciones pasaban por endil­gar algún supuesto papelerío, conversación telefónica o denuncia de algún arrepentido –o de la vecina de enfrente–, para que una Fiscalía cómplice diera curso a una causa judicial intencionalmente prolongada el tiempo necesario como para inhibir al adversario de parti­cipar en tal o cual contienda electoral.

Siguiendo ese mismo dis­curso, se citaron a varias supuestas víctimas de esos manejos. Lo notable es que en ningún momento se men­cionó la artera campaña que –incluso con la complicidad de un embajador extranjero con mucho espíritu de vede­tte– logró perjudicar a Hora­cio Cartes, a su familia y a sus empresas.

Aquella maquinaria se movió de forma reiterada y constante, llegando a afirmar que Cartes tenía una causa penal abierta en los Estados Unidos y que en cualquier momento llegarían los pedidos de extradición.

Horacio Cartes no necesita que yo lo defienda: tiene sus abogados, sus medios y sus recursos. Pero vale la pena recordar que aquello llevó a sus empresas a quedar inhi­bidas de negociar con firmas y bancos norteamericanos, y ocasionó el receso e incluso el cierre de varias compañías del Grupo Cartes. Al mar­gen de las pérdidas económi­cas, ese proceso tuvo un alto costo en fuentes de trabajo y en recaudaciones fiscales, ya que el grupo es uno de los mayo­res aportantes a la Dirección Nacional de Ingresos.

En resumen, pagaron el pato un importante número de tra­bajadores que se quedaron sin empleo, y el propio país, que perdió en recaudación.

En estos días, esa misma “maquinaria” anda que­riendo morder al presidente Peña, con acusaciones tan ridículas como la denuncia de una exempleada domés­tica que afirma haber visto en Mburuvicha Róga, debajo de una cama, una maleta con dos sobres, cada uno con 100.000 dólares. Eso es todo lo que tienen: la afirmación de la mucama.

Yo empezaría por pregun­tarme si el presidente Peña no tiene un ropero o algún mue­ble donde guardar dos sobres con dinero. ¿Una valija bajo la cama? ¡No se le ocurriría ni a Stroessner!