El exministro de Hacienda, Manuel Alarcón, analizó las nuevas proyecciones fiscales del Gobierno y señaló que alcanzar la meta de convergencia al 1,5 % del producto interno bruto (PIB) en 2028 demandará decisiones orientadas a controlar el crecimiento del gasto corriente, principal factor que, a su criterio, explica el elevado nivel del déficit fiscal.

Las declaraciones se dan luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informara una actualización de sus proyecciones, estimando un déficit fiscal de 3,2 % del PIB para 2026 y de 3,9 % para 2027, con el compromiso de retornar al límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2028.

Durante una entrevista en Universo 970 AM/Nación Media, Alarcón sostuvo que el frente fiscal fue históricamente uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica del país, aunque consideró que actualmente enfrenta presiones derivadas del aumento sostenido del gasto.

Leé también: Dólar cierra la primera semana de agosto en su piso más bajo en 7 años: cotiza a G. 5.960

“El déficit superior al 3 % ya refleja un problema estructural. Si respondiera a un incremento importante de la inversión en infraestructura, podría entenderse, pero el principal componente sigue siendo el gasto corriente”, afirmó.

El economista explicó que, cuando el gasto corriente aumenta por encima de los ingresos, el margen para financiar inversiones se reduce, ya que el ajuste suele recaer sobre la inversión pública. “La variable de ajuste normalmente termina siendo la inversión en infraestructura”, señaló y alertó que esta situación podría limitar la ejecución de proyectos de desarrollo si no se adoptan medidas para mejorar el equilibrio de las cuentas públicas.

Respecto al objetivo planteado por el Ejecutivo de reducir el déficit al 1,5 % del PIB en 2028, Alarcón consideró que será necesario explicar con mayor detalle las medidas que permitirán alcanzar esa meta. Alarcón resaltó que “no hay soluciones mágicas”, ya que la convergencia requiere decisiones de política fiscal que permitan contener el crecimiento del gasto y recuperar espacio para la inversión.

Asimismo, manifestó que parte del déficit observado en el primer semestre respondió a la regularización de obligaciones pendientes con contratistas del sector vial y proveedores farmacéuticos, aunque remarcó que el desafío de fondo continúa siendo el manejo del gasto corriente.

Te puede interesar: AFD, UIP y BID analizan cooperación para impulsar créditos de eficiencia energética

Durante una conferencia de prensa, el mandatario fue enfático al señalar que su administración no promoverá medidas que impliquen una mayor carga tributaria para los ciudadanos.

Tras participar de la apertura del Año Académico 2026 del Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), depen­diente del Consejo de Defensa Nacional (Codena), el presi­dente de la República, San­tiago Peña, dialogó con los trabajadores de prensa.

Peña descartó que su gobierno contemple un aumento de impuestos como mecanismo para obtener recursos con los que pagar las deudas que mantiene el Estado con dis­tintos proveedores, entre ellos empresas farmacéuti­cas y constructoras.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario fue enfático al señalar que su administración no promo­verá medidas que impliquen una mayor carga tributaria para los ciudadanos.

“Yo particularmente no estoy de acuerdo con el aumento de los impuestos. He dicho cla­ramente que mientras yo sea presidente de la República no voy a plantear ni voy a discu­tir sobre un aumento de los impuestos”, afirmó.

El jefe de Estado explicó que la estrategia del Gobierno para afrontar los compromi­sos financieros se centrará en impulsar el crecimiento económico y en aplicar medi­das de contención del gasto corriente dentro de la admi­nistración pública. Según indicó, el objetivo es gene­rar más recursos a través de la expansión de la actividad económica, evitando recu­rrir a incrementos imposi­tivos que puedan afectar a los contribuyentes y al sec­tor productivo. Peña tam­bién adelantó que el debate sobre los recursos disponi­bles y las necesidades del país se dará en el marco de la elaboración del presupuesto general para el año 2027, ins­tancia en la que se evaluarán las prioridades de inversión y las demandas consideradas legítimas.

No obstante, reiteró que la posición de su gobierno se mantiene firme en cuanto a la política tributaria, señalando que no se contempla la crea­ción ni el aumento de impues­tos durante su mandato.

El exministro de Hacienda, César Barreto, calificó al proyecto de reforma de la Caja Fiscal como un paso positivo para la contención de la crisis del sistema jubilatorio de los trabajadores del sector estatal. Agregó que la propuesta con media sanción de Diputados introduce cambios sustanciales como el establecimiento de una edad mínima.

“Lo que presentó el Poder Ejecutivo y fue modificado por Diputados, yo creo que es un paso positivo, en un proceso que no es lo óptimo, pero va a mejorar sustancialmente la estructura de incentivos que tiene implícitas las reglas o parámetros de la Caja Fiscal. Es una reforma importante, bastante profunda”, indicó este lunes al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Barreto acotó: “Al fijar una edad mínima hace que la relación entre los aportes propios que hace una persona en su año de vida laboral cubra en un porcentaje mucho mayor los beneficios o las jubilaciones que recibirá durante el resto de su vida desde el momento en que se jubile, esa es una modificación estructural muy importante que debería llegar luego al 100 %”.

Lea también: Gremio de fuerzas públicas se movilizará ante debate de la Caja Fiscal en el Senado

Por otra parte, se refirió a las declaraciones de legisladores opositores, disidentes colorados y representantes de los gremios afectados como el de los docentes, quienes alegan que la iniciativa es solo un “parche” y que su tratamiento se dio supuestamente de manera apresurada constituyéndose en un “atropello a los derechos de las personas”.

“La situación de la Caja Fiscal es catastrofica, si los diputados y senadores no aprobaran todos los años un aporte extraordinario del Estado con recursos tributarios, el cual alcanzó el pasado años USD 380 millones, los jubilados tendrían un recorte de alrededor del 40 o 50 % de las jubilaciones que están recibiendo. Los maestros y otros quienes reclaman el mantenimiento de esta situación no evaluan la realidad”, puntualizó.

Te puede interesar: Payo agranda la grieta con Prieto y decide apoyar a Soledad Núñez

Benigno López, exministro de Hacienda del gobierno de su hermano Mario Abdo Benítez, vuelve a escena con pretensiones de dar cátedra sobre política económica. Pero es pura retórica, pues los números de su gestión cuentan la calamitosa gestión y los clavos que dejó.

Como ministro de Hacienda y principal arquitecto de la polí­tica económica de la adminis­tración de su hermano Mario Abdo Benítez, Benigno López no fue un mero observador externo: fue protagonista central de un ciclo que hoy pretende ignorar. Así, busca pontificar desde la tribuna, cuando su gestión al frente de la política económica fue dis­cretísima y aciaga.

Mientras el responsable del rumbo económico del desas­troso gobierno anterior rea­parece en el debate público con tono académico y pose triunfal, conviene recordar su administración y cómo su legado, ocupado por otros “téc­nicos” en Hacienda, causaron un gran perjuicio al país.

El problema no es la crítica –siempre necesaria–, sino la falta de coherencia entre el discurso actual y el legado que dejó su administración. Una gestión marcada por la ausen­cia de reformas estructurales, el debilitamiento de reglas fis­cales que habían sido emblema de estabilidad y una conduc­ción económica que priorizó el relato antes que la calidad del gasto y la solidez institucional. En ese contexto, las “cátedras” resultan, cuanto menos, difí­ciles de digerir cuando se las contrasta con el balance real de aquel periodo. En declara­ciones a La Unión AM, el exmi­nistro de Hacienda sostuvo que la actual administración del presidente Peña “no puede hacerse el pícaro y rehuir sus compromisos. Las deudas y los intereses hay que saldarlos”, recalcó López, omitiendo la desastrosa gestión que le cupo a este y a su sucesor Óscar Lla­mosas.

En ese contexto, hay que decirlo con todas las letras, la era Abdo dejó una cantidad de clavos y bombas activadas en todas y cada una de las ins­tituciones. Hay informes de auditoría forense de la Con­traloría General de la Repú­blica que hablan al respecto. Son más de sesenta y solo del periodo 2022.

El desempeño económico del periodo 2018-2022, cuyo diseño fue realizado por Benigno López hasta que dejó el cargo en octubre de 2020, fue uno de los más bajos, con un crecimiento del PIB per cápita de 0,4 %. Esta cifra es comparable a periodos de finales de los 90 y principios del 2000 cuando el país atra­vesaba periodos de profunda inestabilidad política y eco­nómica.

El Gobierno decidió exceptuar la Ley de Responsabilidad Fis­cal, hecho que se dio por pri­mera vez desde su aplicación, alcanzando un déficit fiscal que representó 2,8 % del PIB, argumentando una sequía que impactó a la economía para­guaya. Este déficit es el más alto que se registra desde 1999 durante el gobierno de Gonza­lez Macchi.

Como consecuencia del mayor déficit fiscal, el gobierno de este periodo es el que registra el récord de endeudamiento en 5 años de gestión, con más de USD 7.960 millones de nue­vos préstamos y obligacio­nes contraídas por el Estado paraguayo. Además, culminó el Gobierno sin reconocer deu­das contraídas con proveedo­res del Estado de más de USD 500 millones que debieron ser canceladas por el gobierno actual.

En varias ocasiones, el presi­dente Peña recordó los clavos dejados por la gestión Abdo. Recordó que la reducción de la pobreza no solo se estancó, sino que incluso aumentó, con un 25.5 % de pobreza total y un 6.1 % de pobreza extrema en 2022.

El de Abdo fue un gobierno que no supo aprovechar su periodo de gestión para promover las reformas de mejora de la cali­dad del gasto público para un mejor uso de los recursos públicos. Se enfocaron en una ley de modernización tributa­ria para recaudar más y en una ley de compras públicas que reglamentaron con un decreto a 4 días de terminar el gobierno y que luego debió ser revisado. Las propuestas de mejora de la calidad del gasto público como la reforma del servicio civil y de supervisión del sistema de pensiones fueron incluidas en un programa con el FMI, pero que no implicaba un compro­miso de aprobar estas leyes, sino solamente presentar al Congreso los borradores de los proyectos de ley.

Durante el periodo de gobierno, surgieron cuestionamientos con respecto al resguardo de la independencia del Banco Cen­tral del Paraguay. Específica­mente, se dieron nombramien­tos en el Directorio del Banco (Humberto Blanco y Carmen Marín) que claramente no fueron propuestos desde la institución. Fueron designa­das personas que registraban incompatibilidades para ejer­cer el cargo debido a que existían vínculos con instituciones que podían generar conflictos de intereses en la toma de deci­siones. Además, se afectaron derechos laborales del plantel de funcionarios del BCP que generó incertidumbre entre ellos y motivó a la renuncia de técnicos con años de experien­cia profesional, debilitando al capital humano de la ins­titución.

La gestión económica de la administración Abdo fue desastrosa y su impacto fue tal que incluso la actual administración de San­tiago Peña tuvo que ocuparse de esa pesada carga heredada. Estas son algunas de las perlitas heredadas de la gestión que comandaba Benigno López en 2018. Entre las deudas pendien­tes figura el Ministerio de Salud Pública, el cual debía USD 371,3 millones por el abastecimiento de insumos y medicamentos. Mientras que el Instituto de Previsión Social (IPS) adeudaba otros USD 210 millones por los mismos conceptos.

En tanto, la deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC) con las contratistas rondaba los USD 350 millo­nes solo en capital, sin contar los intereses devengados por los atrasos en los pagos por las obras viales que Abdo Benítez alar­deaba al justificar su gestión. El Ministerio del Interior era otra con una complicada situación financiera, con dinero comprome­tido por los contratos plurianuales que impactaron en el presu­puesto de varios años consecutivos. En total fueron unos USD 250 millones de compromisos pendientes con los proveedo­res, de los cuales unos USD 42 millones corresponden al Interior y USD 200 millones a la Policía Nacional y están relacionados a gastos de seguridad.