Miembros de la Comisión Especial para el Estudio del Estado y la Proyección de la Economía Nacional se reunieron en forma virtual con representantes de los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de Tecnología de la Información y la Comunicación (MITIC) para analizar la reactivación económica post COVID-19. Durante el encuentro se puso énfasis en los sectores y los actores que permitirán la generación de puestos de trabajo, considerada uno de los ejes principales para llegar a los objetivos.
Tras el encuentro, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, informó sobre el proceso y estado de los denominados megaproyectos que se propone implementar para la creación de unos 9.000 puestos laborales, con una inversión cercana a los 1.800 millones de dólares.
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Los planes de infraestructura prevén la construcción de la Ruta de la Soberanía, que abarca el tramo Pedro Juan Caballero-Capitán Bado-Itanará-Ypehú, los corredores bioceánicos, el metropolitano del este industrial, la costanera de Concepción y las obras de agua y saneamiento, entre otros.
“Las obras públicas son uno de los ejes que pueden generar empleos, es una cadena de valor que permite oportunidades a mucha gente, principalmente, en esta época del COVID-19. La expectativa es crear unos 10.000 puestos de trabajo y más de 1.000 kilómetros de ruta. Para nosotros fue muy importante este diálogo”, expresó al respecto el titular de la Comisión de Economía, diputado Carlos Núñez Salinas.
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Diputado afirma que “el tejido social se perdió” y aumentar penas para menores no es una solución
El diputado Hugo Meza, señaló que ante los últimos casos que conmocionaron a la sociedad por hechos delictivos cometidos por menores de edad, debe haber un abordaje mucho más profundo que solo aumentar las penas. El legislador se refirió al proyecto de ley que aumenta las penas privativas a menores, que ya cuenta con media sanción del Senado.
“En principio me gustaría analizar, estudiar los alcances del proyecto de ley que tiene media sanción, estoy convencido de que la sola penalización de los delitos de los menores de edad o de lo que comenten los menores de edad no va a solucionar el problema de fondo. Nosotros tenemos un problema raíz que significa que el tejido social está descompuesto”, manifestó en conversación con la 1020 AM.
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Refirió que existe un grave problema en la sociedad, se perdió la autoridad sobre los jóvenes, desde el seno familiar y eso se está trasladando hacia las autoridades. “Nosotros tenemos una generación de cristal con pocos valores, entonces yo creo que tiene que haber un abordaje completo para poder recuperar devuelta el tejido social, no creo que 15, 20 o 30 años, o una cadena perpetua que me parece mucho más extremo aún, sea la solución que necesita nuestro país. Es uno de los factores que puede ayudar a disuadir, claro que sí, pero no es todo”, cuestionó.
Mientras tanto, indicó que hay que mirar y buscar otras alternativas que dé una solución en la que la sociedad también esté involucrada, teniendo en cuenta que el sistema penitenciario también debe ser mejorado, y no puede ser considerado como una de las únicas opciones.
“Tenemos un sistema carcelario que no significa absolutamente una reinserción social. Nosotros necesitamos una reforma profunda del sistema penitenciario, de la educación misma de nuestros niños y de nuestros jóvenes, y tener devuelta esa contención social, de los tejidos sociales que están perdidos en nuestro país”, mencionó.
Finalmente, sostuvo que, “hay que estudiar mucho más profundo, nosotros lo que tenemos es un concurso de quien presenta más penas, y rayando el populismo, porque no aborda absolutamente en lo general, nosotros necesitamos algo integral de protección social para que estas penas, para que estos delitos, no vuelvan a ocurrir en nuestro país”.
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Elevar penas a jóvenes infractores: “No debería ser la regla, sino una cuestión excepcional”
El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, refirió que aguarda que en Diputados sea modificado el proyecto de ley que aumenta de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes que cometan delitos graves, que ayer miércoles obtuvo media sanción del Senado.
“Este es un tema bastante polémico, pero que tiene que ser tratado de forma muy detenida, con pinzas, por cuestiones que deben cumplir con el propósito de la legislación penal, en este caso la justicia juvenil restaurativa. Si la ciudadanía espera que esto solucione el problema, no lo hará“, indicó el secretario de Estado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El proyecto de ley surgió tras los crímenes que tuvieron por víctimas a un trabajador delivery en el barrio San Francisco de la ciudad de Asunción, Alfredo Duarte Flores, y de la joven María Fernanda Benítez, en la localidad de Coronel Oviedo (Caaguazú), en que están sindicados menores de edad como presuntos autores.
“Acá se necesita otro tipo de abordajes, seguir trabajando con más fuerza en la política pública y prevención, pero evidentemente existe una necesidad que se realice justicia ante casos tan extremos. Nosotros no estamos en contra de que se realice un ajuste, pero planteamos hacer un incremento más leve, detallar que se vea para cada caso en particular cuál fue el nivel de reprochabilidad, es decir qué capacidad tiene el joven para dimensionar la antijuridicidad de su conducta, no todos los casos son iguales”, comentó.
Expectativa punitiva
Asimismo, Gutiérrez afirmó que “abrir la brecha y que para todos los casos sea el aumento duplicado o más de penas, no debería ser la regla, sino una cuestión excepcional”.
El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.
“Nuestro equipo había planteado que se pueda formar una mesa técnica que permita manejar con un poco más de tiempo y detenimiento este tipo de situaciones debido a que tenemos elementos internacionales suscritos hace años. En todos los países del mundo, el espíritu de la justicia penal adolescente no tiene una expectativa punitiva. Vamos a ver la participación que se le da al Ejecutivo en Diputados”, dijo.
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Diputados monitorea y acompaña gestión de la Cancillería en zona de conflicto
El diputado Juan Manuel Añazco, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, indicó que el Gobierno, a través de la Cancillería, está realizando un trabajo de seguimiento de la situación de los compatriotas que se encuentran en Israel y expresó su preocupación hacia la situación actual y de los paraguayos que se encuentran en zona de conflicto.
“Quiero manifestar mi profunda preocupación, así como todos los integrantes de la comisión y de los colegas sobre la situación que atraviesan nuestros compatriotas en el Estado de Israel como consecuencia del grave conflicto armado en esa región”, expresó durante la sesión de la Cámara de Diputados este martes. Asimismo, indicó que desde la comisión asesora se encuentran monitoreando todas las acciones que está realizando la Cancillería nacional.
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“Desde esta comisión mantenemos comunicación permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de acompañar y respaldar todas las gestiones de la Cancillería en coordinación con nuestro embajador en Israel. Estas acciones se están llevando adelante para asistir a los connacionales afectados por esta crisis, se han activado los canales diplomáticos pertinentes y se está trabajando intensamente para garantizar la seguridad, la contención y los casos necesarios en cuanto al retorno al país de los compatriotas que así lo requieran”, añadió.
Igualmente, destacó las acciones y la gestión de la embajada paraguaya en Israel, representada por el embajador Alejandro Rubin, en cuanto a la asistencia y contención a los connacionales en situación de peligro. De acuerdo a la representación diplomática, alrededor de 220 paraguayos se encuentran en tierras israelíes.
“Quiero destacar también el compromiso de nuestra representación diplomática y reiterar el acompañamiento de esta cámara a las acciones institucionales que tienen como objetivo principal proteger la vida y la integridad de los paraguayos en el exterior. Paraguay no abandona a los suyos, y con esto es una oportunidad de demostrar que el Estado está presente, incluso en los contextos más adversos”, sentenció.
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Ley Mafe: Diputados aprueba proyecto que crea el registro de personas desaparecidas
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el sistema de alerta Mafe, en memoria de la adolescente asesinada en Coronel Oviedo, María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta Amber, que se aplica en otros países.
El diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas de esta iniciativa, argumentó que el objetivo es establecer un mecanismo legal para los casos de desapariciones forzosas de personas, principalmente de menores de edad. El proyecto pasa a partir de ahora a la Cámara de Senadores para seguir el curso legislativo.
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“Solicitar el acompañamiento y aprobación de esta ley tan necesaria, que requieren nuestras familias para tener un marco legal adecuado para que sepan qué hacer en estos casos. La desaparición de personas es una de las tragedias más angustiantes que puede enfrentar una familia, incluso una comunidad”, alegó el diputado.
El legislador expuso que en lo que va del 2025 ya se registraron aproximadamente 900 personas desaparecidas en el Paraguay. “Esta es una realidad cruda, es una realidad dura, angustiante para miles de familias que esperan un marco legal que les diga cómo proceder en estos casos, y ese es el objetivo de esta ley”, indicó y agregó que la ley Mafe será una herramienta crucial para la búsqueda y la localización de personas que se encuentran desaparecidas.
“Hoy la ley Mafe, es en honor a María Fernanda, que de haber contado con una herramienta, con un sistema de alarmas que active a toda la sociedad dentro de las 24 horas que son las más críticas cuando una persona desaparece de manera forzosa, a lo mejor hubiera tenido una mínima esperanza de tener un resultado distinto del que tuvimos como sociedad”, sostuvo.
Por su parte, la diputada Rocío Abed, presidenta de la Comisión de Equidad Social e Igualdad, expuso el dictamen de esta instancia legislativa que fue la de la aprobación. Recordó también que un proyecto similar ya fue trabado en Diputados, pero fue rechazado por el Senado.
“Esta no es la primera vez que este proyecto está aquí, un proyecto muy similar ya estuvo en Diputados, sin embargo, este es mejorado, tuvo origen en Diputados y obtuvo la media sanción de esta Cámara. Este es un hecho, que obviamente marca un hito histórico lamentable y trágico”, indicó la diputada.
Asociación de familias
El diputado Rodrigo Blanco propuso dar participación a la Asociación de Familias Desperecidas del Paraguay como coadyuvante de las tareas de la Dirección Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas del Paraguay, que una vez recibida la denuncia inmediatamente comunique a la asociación sin perjuicio del orden jerárquico que lo organiza; así también se dará participación al representante de la asociación a fin de que la misma pueda coayudar en las tareas de búsqueda.
La propuesta fue acompañada por al diputada Abed y el pleno aprobó esta modificación. “La asociación tiene y ha tenido un trabajo muy importante, son realmente los más afectados con la desaparición de sus familiares, por eso, incorporar esa facultad de poder contar con la colaboración de ellos resulta muy beneficioso en ese ámbito, en lo facultativo”, destacó la legisladora.
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