• Fotos: Pánfilo Leguizamón

La ministra secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República habló sobre los programas emblemáticos del actual proceso.

“Expresso” invita en esta edición a una reflexión desde dentro sobre el cómo, el para qué y el por qué de los programas emblemáticos de la actual gestión del presidente Santiago Peña. Para ello, Augusto dos Santos convocó a Marianna Saldívar Gadea, secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República.

La mirada amplia de la realidad, el aprendizaje a partir de la sistematización de las experiencias anteriores y una visión de futuro son algunos de los componentes que permiten al actual gobierno, primero gestar y después ejecutar, programas con gran aceptación tales como Hambre Cero, Che Róga Porã, Semillas del Futuro de Atención Integral a la Primera Infancia, entre otros.

ADS –¿Cómo es un proceso de elaboración de un programa de gobierno?

MS –Yo creo que es vital el rol del líder, en nuestro caso el presidente Santiago Peña, de transmitir la visión a su gabinete, hablando de ministros y también hablando un poco del equipo de presidencia que le acompaña. Esa visión él busca transmitirla, pero también propicia que existan intercambios internos para poder ir afinando la visión y que eso te traduzca en un proyecto implementable.

Hambre Cero, que es uno de los ejemplos más palpables de lo que es quizá nuestra política pública principal del Gobierno, tuvo ese proceso no solamente con actores a la interna del gabinete, sino también con colegas parlamentarios, con senadores, con diputados, gobernadores, hubo varias mesas de trabajo que son esenciales. La política pública no puede ser algo que se impone, sino algo que se consensúa y que, con el trabajo de consensuar, con el debate, con el diálogo, se perfecciona.

–¿Cómo es que se diseña el proyecto Hambre Cero y cómo un proyecto puede pasar de cubrir un 5 % a un 100 %?

–La conceptualización del programa Hambre Cero nace ya con el inicio del Gobierno, con una idea de que el futuro de nuestro país son los niños y para poder garantizar que los niños tengan el futuro próspero que buscamos que tengan y, por ende, también nuestro país, teníamos que entrar con mucha decisión al ámbito de la educación. Y cuando pensábamos en educación, antes incluso de pensar en programas pedagógicos, teníamos que pensar en cuál era la calidad de vida de los estudiantes en los colegios y en las escuelas. Y ahí nos dimos cuenta de que una gran parte es incluso anterior a la instrucción propia de las escuelas, que es que estos niños estén bien alimentados para tener las fuerzas, para estar en la escuela y efectivamente aprender, y que eso les lleve ya a los siguientes hitos de su vida, tanto de formación técnica como profesional y bueno, obviamente su carrera o el trabajo que van a desempeñar. Entonces, dijimos antes, y a pesar de que se trabaja en paralelo en todo lo que sean programas pedagógicos, en la carrera docente, tenemos que asegurar que los chicos estén en aula y que estén bien alimentados. Entonces, Hambre Cero lo que apunta es justamente a una población, a un montón de chicos, con el objetivo de garantizar que esta alimentación esté dada. Ahora bien, el concepto de la alimentación escolar no es algo que obviamente implementamos nosotros, es un programa que ya venía implementándose hace 10 años, estaba la Ley de Fonacide, que destinaba un monto a los municipios y a los gobiernos locales para destinar la alimentación escolar, pero ese programa era como máximo podíamos decir un poco inconsistente, o sea, habrá tenido éxito en algunas localidades, en otras no. Recuerdo cuando se hizo un análisis también de la cobertura de la alimentación escolar y estábamos hablando de que ni siquiera la mitad del ciclo escolar se cubría con la alimentación escolar. O sea, empezaban las clases, empezaban quizás 100, 120, 160 días y luego ya no había cobertura. Entonces, ¿cómo aseguramos que el chico se encuentre cubierto, alimentado y con la posibilidad de estar presente en las clases si nosotros a los primeros 3 meses luego ya no teníamos capacidad de darle? Entonces el programa se diseña tomando esa perspectiva, también, tomando un poco el aprendizaje de 10 años de aplicación de la Ley de Fonacide. La Contraloría fue un actor principal en eso. Ellos nos trajeron todo lo que ellos relevaron en sus años de auditoría, de relevamientos, de análisis de la ejecución del proyecto y nos dijeron estos son los dolores principales. Entonces tomando estas 2 cosas, tanto lo que abarca el proyecto como las cuestiones de falencia en cuanto al control y la ejecución es que se decide impulsar un nuevo sistema de alimentación escolar que realmente llegue a donde queremos llegar. Y ahí sí el presidente fue muy ambicioso al decir “yo quiero llegar a todos los niños”.

–Cuando se aplica imaginación y una voluntad precisa a una estructura que se hereda, puede servir para potenciar 100 % los programas.

–Totalmente. Yo empecé mi carrera en el sector público, estuve unos 10 años, luego me fui al sector privado unos 5, y ahora volví con el gobierno del presidente. Y si hay algo que noto es: uno, que el sector público es cada vez más complejo, cuando yo salí era una complejidad y ahora que entré, el doble de complejidad, es más grande, más complejo, más difícil, pero también hay cosas que yo me di cuenta que iniciaron cuando yo salí de la función pública que hoy las veo madurar, y eso es porque yo creo que llegamos a un nivel de desarrollo institucional que hace que los programas de gobierno ya son programas de Estado; entonces, vos ves cómo los programas, independientemente de quiénes estén en el Gobierno, van transitando. Ahora bien, para que realmente estos programas puedan quedar en el tiempo y proyectarse hay que tener la decisión.

–¿Qué significa construir 100 centros de atención a la primera infancia?

–A mí me gusta pensar en este proyecto como en algo que va a permitir llegar a acompañar al niño para que llegue quizás al inicio del programa Hambre Cero, o sea, lo veo casi como una línea de tiempo de la vida de una persona. En lo que es Centro de Primera Infancia hay un programa de primera infancia que se lleva adelante a través del Ministerio de Niñez y Adolescencia, donde se busca atender o garantizar el cuidado de los niños desde la primera infancia, incluso desde que está en el vientre de la madre. Entonces, este programa lo que hace es, llega al territorio para atender a la madre en cuanto a los cuidados que tiene que tener, orientarla también, sea en la alimentación de los chicos, le estamos orientando en cómo estimularles en temprana edad, cómo jugar, qué cosa sí, qué cosas no. Y estos centros lo que van a generar es la posibilidad de llegar a cada vez más territorios y tener como un PC del cual van a ir desprendiendo estos servicios y a los cuales también uno puede acudir para tener esa asistencia que muchas veces nosotros necesitamos construir en las comunidades.

–¿En qué consiste la apuesta infraestructural de este proyecto?

–Los Centros de Atención en la Primera Infancia se van a construir 100 en distintos puntos del país, en todo el país. Esa es la apuesta final.

–¿Ya se empezaron a construir?

–Ya se empezaron a construir. La primera, porque se está licitando esto de forma conjunta entre el MOPC y el Ministerio de la Niñez. Se van a hacer con fondos de Itaipú Binacional. Ya se hizo el inicio de obras de los primeros 20, se está licitando los siguientes 30 y así estamos haciendo distintos paquetes buscando que esto se vaya entregando a partir de fin de año, inicio del trimestre, en paquetes de 20, 30 centros.

–¿Cómo se ve la sostenibilidad de Hambre Cero a partir de cómo se está encarando?, ¿su financiamiento no corre riesgos? ¿Cómo están observando la coparticipación de las comunidades educativas?

–El rol de las gobernaciones en este proyecto fue esencial porque es uno de los programas que nosotros sabemos que la gente conoce, también hay una apropiación muy interesante por parte de las escuelas, no solamente de los centros educativos, sino de los padres, de los alumnos. Yo creo que no hay una mejor forma de blindar un programa que no sea involucrándole a los mismos beneficiarios, a la comunidad. También dentro de lo que es la estructura del Estado, yo creo que permeó en todas las instituciones, es un programa que toca a muchísimas instituciones, es casi universal. Hambre Cero el año pasado se presenta el proyecto de ley, se aprueba, empieza la implementación parcial y recién desde este año empieza la implementación al 100 %. Y es un programa masivo. Estamos hablando de 1.000.000 de chicos que comen todos los días a través de este programa. Entonces, es un programa que naturalmente va a tener su proceso de maduración, de ajuste, y para nosotros era muy importante que la comunidad, los padres, los chicos, los jóvenes, participen de este proceso.

–Cuando se plantean cuestiones de discursos, cuestiones que tienen que ver con la economía, sobre lo cual quiero hablar, avances en materia de índices económicos, siempre existe una reacción sobre que los números son reales, no son reales y se plantea un debate, digamos ¿cuál es la trastienda detrás de eso?

–En ese debate yo creo que es muy interesante, porque este es el famoso debate entre la macroeconomía y la microeconomía. Hay una verdad que es que Paraguay en los últimos 20 años se desarrolló muchísimo a nivel institucional y eso acompañó también un desarrollo económico que yo creo que el hito innegable fue nuestro grado de inversión, que nos otorgó Moody’s el año pasado en julio de 2024, que es el testamento, realmente un trabajo de décadas, no fue una cuestión puntual o mérito de un solo gobierno, sino que un trabajo totalmente estructural. Entonces yo creo que eso es lo que te valida esa idea de que Paraguay está en el camino correcto y se está desarrollando. Ahora bien, ese desarrollo económico, ese crecimiento que nosotros estamos viendo y vemos con números, vemos el crecimiento del 4 % que es por encima de lo que la región se está desarrollando en un momento donde hay retracción económica, donde tenemos problemas a nivel geopolítico, de guerras, de conflictos. Esos números son auspiciosos, pero para nosotros siempre tienen que responder a una mejora en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Entonces, yo entiendo que solamente decir estamos creciendo al 4 % quizás a una persona en situación de vulnerabilidad, que tiene un problema de salud o no tiene vivienda o no tiene acceso a los servicios que el Estado le tiene que proveer, no le significa nada. Yo no le puedo decir a un ciudadano vulnerable que estamos creciendo al 4 % y pretender que con eso se resuelva su preocupación. Entonces, en ese sentido nosotros sabemos que las 2 cosas deben acompañar, nosotros creemos en el desarrollo económico, en el posicionamiento de Paraguay en el exterior y vemos que estamos yendo por el camino correcto, pero eso es lo que nos tiene que dar, son los elementos para poder atender justamente a las poblaciones más vulnerables.

–¿Cómo se fue construyendo un edificio de institucionalidad en Paraguay, al margen de hechos de corrupción y compañías que ocurren y que probablemente, lamentablemente, pueden seguir ocurriendo?

–Cuando hablamos de esa construcción de institucionalidad probablemente podamos hacer referencia al advenimiento de la democracia, a los primeros gobiernos democráticos, la construcción de nuestra banca central, de nuestras instituciones principales. Entonces vemos cómo Paraguay fue transitando un camino hacia el ordenamiento de sus instituciones que hace que el Estado y el Gobierno vayan madurando. Hay una historia por ahí que quizás con el tiempo habremos escuchado más de una vez donde para un país corrupto, tercermundista, y esa yo creo que es una idea que tenemos que desterrar, porque nosotros tenemos como país una de las leyes más robustas de acceso a la información pública. Eso para mí fue una revolución. Hoy un ciudadano puede acceder a toda la información sobre la estructura del Estado paraguayo, en qué gasta, cómo lo gasta, y no solo eso, sino que está bien entrenado, sabe identificar eso. Quizás hace 15 años una persona no iba a poder reclamarle al Estado el servicio o lo que estaba haciendo porque no tenían las herramientas. Hoy para mí el síntoma de una sociedad sana y de buena institucionalidad es que la ciudadanía puede reclamar y tiene que hacerlo. (…) Siempre nosotros hablamos en el Gobierno con el presidente de que una cuestión superpositiva es justamente que nuestra ciudadanía, nuestro país, ya no se conforma sencillamente con lo que el Estado le da. Hoy exige y está viendo. Tiene que exigir a los gobernantes.

–¿Qué es Che Róga Porã y cómo va ese proceso?

–Es la apuesta más fuerte del Gobierno. Quizá ya estamos pensando en la siguiente fase: el chico que salió se cubrió con Hambre Cero, estudió gracias a quizá una de las becas que pudo haber otorgado el Gobierno y luego ya está listo para formar una familia o ya la tiene, y lo que quiere hacer es invertir en el bien de la familia. Qué finalmente es la vivienda. La vivienda es el bien familiar por excelencia, y lo que buscamos con Che Róga es, dado que nosotros desde el Estado podemos, a través de nuestras instituciones financieras, tanto las instituciones de primer piso como el BNF, como el segundo piso, como la AFD, potenciar la financiación a viviendas. Dijimos: ‘Vamos a generar un producto que sea agresivamente accesible, o sea, la tasa más baja que podamos concebir nosotros desde el Estado y orientarla a las familias para que puedan acceder a esa vivienda que finalmente va a ser la base de su economía y de su familia’. Porque ese bien es el que le va a permitir luego crecer financieramente hacia otros horizontes, es el que le da una sensación también de arraigo a las familias del lugar en el que están. Y también nosotros desde el Estado nuestra tarea fue generar el ecosistema, la infraestructura para que estas familias puedan acceder a eso. Entonces, es multicomponente. Por un lado, tenemos toda una ingeniería financiera para que sea accesible esa vivienda de la familia y, por otro lado, a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat hay una planificación también que se hace en cuanto a las viviendas, las ubicaciones, en qué parte del país se pueden construir y es un poco construcción de ciudad también; porque si nosotros empezamos a planificar el lugar de vivienda de las familias, podemos alrededor de eso ofrecer servicios públicos de calidad, ordenar un poco nuestro crecimiento territorial.

–¿Culturalmente sigue inamovible esta actitud del paraguayo joven recién casado, o por casarse, o recién estudiado, que quiere una casa propia?

–No cambió. Yo creo que hay muchísima demanda para la vivienda propia, incluso hace poco hubo un evento, uno de los eventos del día de gobierno donde fue el presidente y le entregaron las llaves a una chica que tenía 22 o 23 años. Ella estaba orientada a tener su casa y fue una de las aplicantes al programa y lo obtuvo. Quizá la innovación con Che Róga es que se están contemplando no solamente viviendas, sino también quizás soluciones habitacionales en altura, departamentos, porque hay familias también que pueden sentirse más seguras en un departamento porque tienen vecinos. Yo creo que hay algo muy importante en ese tipo de soluciones habitacionales que es también creación de comunidad. Finalmente, los vecinos, las personas que viven cerca son las que generan comunidad y eso hace también que las familias tengan un apoyo adicional al que puedan tener esa familia inmediata, gente que de repente viene del interior o se muda a otro lugar a vivir, tiene esa interacción con sus vecinos. Y Che Róga 2.0 tiene esa flexibilidad de ofrecer distintas soluciones a distintos tipos de personas.

La situación de probable necesidad energética se instalaría a partir de 2030, esto si no se toman acciones y medidas de manera inmediata. Este tema fue abordado en el programa “Fuego cruzado”, por el exgerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Fabián Cáceres, y el economista y exdirector de Aduanas, Julio Fernández.

Ambos coincidieron que esta situación podría estás en puertas, y el camino es tomar las medidas necesarias para afrontarla. “Es un tema por demás importante, es un tema que realmente hay que encararlo y estamos todavía a tiempo, pero hay que tomar acciones”, expresó Cáceres.

El mismo explicó que actualmente Paraguay cuenta con tres fuentes de generación, de las cuales “Itaipú aporta 6.060 megavatios de potencia, Yacyreta aporta en torno a 1.700, como máximo, la central Acaray, la más antigua de todas 220 estando en optimas condiciones, cosa que actualmente no lo está, si sumamos todo eso, llegamos a los 7.800 megavatios de potencia”.

Cáceres citó como un ejemplo claro de lo que pueda ocurrir a futuro que, “en marzo del 2025 el consumo llegó a 5.122 megavatios de potencia en un horario en verano, si tomamos ese verano y hacemos una proyección de crecimiento histórico del 10 %, allá por el 2030, 2031, nosotros llegaríamos vamos a tener problemas en verano en ciertos horarios”.

En este contexto, sostuvo que hay que entender que esa insuficiencia energética que se avecina no va ser de la noche a la mañana y todo el año, sino se puede presentar por época, esto exige correr contra esa demanda máxima que se podría registrar en momentos de alta demanda a partir de 2030 o 2031.

“Creo que el tema de la generación recién ahora surge como algo muy urgente, estamos al parecer muy convencidos del excedente energético, el común de la gente cree que todavía tenemos excedente, entonces no fue un problema visibilizado, 40 años de tranquilidad, con excedente energético, casi un carnaval energético”, refirió Julio Fernández.

Para el experto, esa tranquilidad sobre el excedente de energía, hizo que no se haya previsto energías alternativas para enfrentar una crisis de esta magnitud, en comparación a otros países de la región que registran una importante en todo este tiempo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados un informe sobre la situación de la Caja Fiscal, sistema que sostiene las jubilaciones y pensiones del sector público.

La exposición estuvo a cargo del viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, junto con su equipo técnico. Según detallaron, la caja atraviesa una situación cada vez más complicada, con un déficit creciente y un sistema desordenado que incorpora regímenes distintos, muchos de ellos con beneficios otorgados sin fuentes claras de financiamiento. Esta fragmentación normativa genera desigualdades y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Durante la reunión, tanto autoridades del MEF como los legisladores coincidieron en que urge una reforma previsional integral, pero que debe ser construida con amplio consenso político y social. “Las decisiones que se tomen hoy van a tener impacto por décadas”, advirtieron.

Leé también: Empresarios indios pretenden invertir en proyectos de infraestructura ferroviaria

Uno de los puntos centrales del debate fue la necesidad de igualar las condiciones de jubilación entre los distintos sectores del Estado, fijar edades de retiro acordes a la realidad demográfica y garantizar que los beneficios sean proporcionales a los aportes realizados por cada trabajador.

Desde el MEF aseguraron que están dispuestos a aportar todos los insumos técnicos necesarios para encarar este proceso, incluyendo proyecciones actuariales, comparaciones con modelos regionales y análisis fiscales. Adelantaron que en una próxima sesión presentarán otro informe sobre cómo otros países enfrentaron reformas similares.

Legisladores de distintos sectores reconocieron que la Caja Fiscal ya no resiste más parches. Señalaron que se necesita voluntad política para tomar decisiones impopulares pero necesarias, antes de que el sistema colapse y se vuelvan inviables los pagos a jubilados del Estado.

La Caja Fiscal cubre hoy a miles de jubilados docentes, policías, militares, judiciales y funcionarios públicos en general. El déficit se agrava año tras año, y si no se encara una solución de fondo, podría convertirse en uno de los problemas financieros más serios del país, acordaron las autoridades.

Te puede interesar: Javier Giménez: Paraguay tiene todo para crecer, pero le falta financiamiento industrial

La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, destacó que gracias a las primeras reformas impulsadas por la actual administración, se logró alejar ocho años la crisis que era prevista recién para dentro de 18 años. Desde el gobierno de Mario Abdo se ha recurrido al uso de las rentas para el pago de jubilaciones y a la fecha se han destinado G. 1.218 billones para dicho fin.

En conversación con La Nación/Nación Media, Cubas explicó que el informe actuarial publicado en 2021 proyectaba el cruce entre ingresos y egresos del sistema jubilatorio recién para el año 2038. Sin embargo, a raíz de una serie de decisiones y omisiones durante el mandato anterior, ese equilibrio se quebró anticipadamente y la crisis estalló antes de lo previsto.

“En agosto del 2023 nos encontramos con esa situación que se venía arrastrando desde el 2020, en primer lugar transparentamos la información porque esto era un secreto que nunca la administración anterior mencionó, el estado crítico en que se encontraba la caja y siguieron gastando”, cuestionó.

Entre las medidas adoptadas para revertir el déficit, Cubas mencionó la revocación del aumento irregular del haber mínimo jubilatorio del 75 %, aprobado durante el gobierno de Mario Abdo, sin respaldo financiero ni legal claro, lo que representó un gasto de USD 55 millones entre 2020 y 2024.

Al restablecer el valor legal del 33 %, el nuevo Consejo de Administración proyecta un ahorro de USD 30 millones en cinco años y un alejamiento de tres años en el horizonte actuarial de la crisis. A esto se debe sumar otra acción clave, la aprobación de una ley que modifica el cálculo de jubilaciones.

Mediante esta normativa se extendió el período de referencia de tres a diez años, lo que genera mayor equidad en relación con los aportes reales de los trabajadores. Esta normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y en vigor desde enero de 2025, va a permitir al IPS incorporar al IPS USD 80 millones adicionales que antes se transferían al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Solo esta medida aleja cinco años más el horizonte actuarial. Con ambas medidas se ha alejado la crisis por ocho años en total.

“La meta es preservar el fondo común para que quienes hoy están aportando puedan acceder a una jubilación en el futuro. No buscamos suspender beneficios, sino encontrar formas responsables de financiarlos. La caja es contributiva y hay que protegerla”, insistió Cubas.

La funcionaria también informó que ya se elevó un proyecto para financiar el beneficio adicional anual, que se paga en noviembre y el cual obliga a la previsional a desembolsar más de USD 100 millones, sin que aproximadamente la mitad, tenga un respaldo por contribuciones. Además, se propuso la conformación de una mesa interinstitucional para auditar y actualizar la deuda del Estado con el IPS.

Cubas aclaró que estas acciones son apenas el inicio. “Estamos ante un fenómeno estructural que afecta a todas las cajas de la región y del mundo. La gente vive más tiempo, la natalidad ha caído y eso se traduce en menos aportantes y más jubilados. Hoy tenemos 85.500 jubilados y 800.000 activos, los trabajadores activos van a decrecer y ese es un trabajo complejo que deben enfrentar todas las cajas del país”, advirtió.