La clase empresarial paraguaya, encabezada por los directivos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), exigió del Gobierno una lucha frontal contra el contrabando, tarea para la que pidió la destitución del titular de la comisión de lucha anticontrabando, Emilio Fúster y del comandante de la Armada Nacional, Carlos Velázquez. Ambos están acusados de haber sido cómplices y encubridores del ingreso de gran cantidad mercaderías ilegales en cercanías de la Marina sin haberlo impedido ni hecho la denuncia correspondiente. Comunicó que hasta que no se vean los resultados del combate contra ese delito, los empresarios ya no participarán de reuniones con el Gobierno.
El presidente de la UIP, Enrique Duarte, dijo que requieren de las autoridades “que cumplan con su rol y actúen en el marco del estado de derecho, castigando a los que violan la ley sin importar sectores, afinidades políticas, parentescos de cualquier tipo y resguardando a los que trabajan en la formalidad”.
En la dura posición demostrada fue un paso más. “No estamos dispuestos a transigir en este reclamo. No volveremos a participar de reuniones y mesas de trabajo vinculadas a la lucha contra el contrabando hasta que no hayamos sido testigos de una firme decisión”, señaló el dirigente. Reclamó que se ponga al frente de los organismos competentes a “personas que demuestren firmeza y resultado”.
Refiriéndose a las explicaciones dadas ante el vídeo del contrabando que conocían las autoridades y no lo denunciaron, el directivo empresario dijo que, como paraguayos, les resulta ofensivo el descaro con que se trató de explicar lo inexplicable. “Es impensable ver que las denuncias de corrupción que se evidencian en los medios respondan a persecuciones políticas y que con esas excusas pretendan quedar impune”, remarcó.
En la coyuntura actual, en que vastos sectores de la economía están sumidos bajo el peso del contrabando, la ilegalidad y la delincuencia bien pagada, el Gobierno Nacional no tiene más que dos alternativas: o sigue secundando al ilícito y a los delincuentes con su tibia actuación, o se decide finalmente a combatirlo con firmeza poniéndose del lado de los que trabajan por el país produciendo y pagando sus impuestos.
Si quiere hacer bien las cosas tiene que extirpar de los organismos de combate al ilícito a todos los funcionarios que han actuado como cómplices y encubridores de los contrabandistas e hicieron gala de su deslealtad al país en la delicada función que se les ha encargado. El Gobierno no puede actuar en este momento, ni bajo ninguna circunstancia, como encubridor de los empleados estatales que colaboran con la delincuencia, porque será un acto más de vergonzosa connivencia con los maleantes que están poniendo en peligro la economía formal del país. Suficiente corrupción ya se ha soportado, con todos los daños que ocasionan a través de la ilegalidad, para que el país siga sufriendo los perjuicios ocasionados por la delincuencia en su vida cotidiana.
El sector empresario ha actuado con valentía y responsabilidad para tomar la actitud de no prestarse a nuevas conversaciones con las autoridades mientras no se demuestren con hechos indiscutibles los resultados de la lucha contra el ilícito. Ha asumido esta actitud radical porque el Gobierno no ha demostrado hasta ahora en hechos incontrovertibles su voluntad de lucha contra el ilícito y sus responsables, lo que le resta toda credibilidad.
¿Cómo seguir creyendo en Fúster, Velázquez y otros funcionarios de su entorno luego de haber visto su lamentable actitud ante un hecho delictivo de tamaña importancia? ¿Qué se puede esperar de una administración estatal que no muestra resultados visibles contra el ilícito y que tolera la connivencia de altos funcionarios con el delito que deben combatir?
El Gobierno debe asumir su responsabilidad de manejar los asuntos del país con eficiencia y realizar todos los esfuerzos posibles para luchar contra el contrabando y sus actores. Y para ello debe alejar de esa tarea tan importante a los que demostraron su complicidad con los delincuentes y que ya no son confiables para ese trabajo. No hacerlo solo demostrará su debilidad y su falta de capacidad para combatir la delincuencia, y de ese modo premiará a los delincuentes y apañará a los funcionarios cómplices de los contrabandistas.