Hay que achicar el Estado para disminuir el derroche público
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Para el Banco Mundial, el despilfarro de los fondos públicos en nuestro país es muy elevado, por lo que recomienda que se tomen medidas urgentes para disminuirlo y hacer que el Estado pueda ser más eficiente. Esto ha señalado en su informe titulado “Consolidar la recuperación: Aprovechando las oportunidades del crecimiento verde”, dentro del contexto de la situación general de América Latina y el Caribe, región que ha sufrido muy fuertemente los golpes ocasionados por la pandemia. En el documento analiza los indicadores de las economías de los países de la zona, incluyendo los de Paraguay.
El mensaje señala que en los últimos dos años las naciones de esta parte del mundo realizaron un gran esfuerzo en términos de estímulo fiscal para disminuir el impacto de la pandemia sobre la economía. Que se hace necesario ahora disminuir el gasto público para alivianar la situación, realizando ajustes fiscales “de forma racional y socialmente amigable”.Los analistas estiman que el Paraguay pierde alrededor del 4% de su producto interno bruto (PIB) a causa de los gastos indebidos, lo que en términos monetarios ronda los 1.600 millones de dólares, que en moneda local representa más de 11 billones de guaraníes.
Según la visión del organismo financiero internacional, el despilfarro de los fondos estatales se debe principalmente a las deficiencias en las contrataciones públicas, las transferencias maldiseñadas y las políticas de recursos humanos inadecuadas. A lo que hay que añadir una fuerte dosis de deshonestidad instalada en la administración pública, que adquiere diversas formas en la estructura del Estado debido a la influencia de la politiquería, según la opinión de los analistas locales.
El propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha publicado que el 25% de los presupuestos en salud pública se pierde por “mala gestión” o por corrupción. Si este porcentaje se aplicara a los últimos presupuestos asignados durante la pandemia se está ante cifras muy elevadas. Lo peor es que la mayor parte de estos montos deben cubrirse en gran medida con nuevos préstamos del Estado; es decir, con más déficit fiscal.
Si el Gobierno quiere corregir esta situación, tiene que tomar con urgencia varias medidas de relevancia, realizando cambios en las estructuras del Estado y en el sistema de asignación de los recursos públicos. Los técnicos sugieren que es necesario que se ponga en vigencia una nueva ley de compras públicas, que sea rigurosa en la evaluación de los proveedores para evitar las empresas de maletín, tan frecuentes en las licitaciones. También se debe castigar con dureza el tráfico de influencias y evitar los conflictos de intereses con el fin de disminuir los focos de corrupción. Los especialistas también consideran que es necesario encarar una nueva ley de la función pública para corregir los errores de la norma actual. Tiene que hacer que sea imposible contratar empleados públicos en todos los poderes del Estado y municipalidades sin la aplicación de los concursos públicos.
Otro punto fundamental en la readecuación del Estado es disminuir el número de empleados estatales. Sin la reducción del personal público ninguna reforma estatal será útil. La gran cantidad de trabajadores en todos los poderes del Estado hace que de cada 100 guaraníes que recauda en concepto de impuestos, 70 guaraníes se destinen al salario de los estatales. Esto obliga al Gobierno a recurrir a nuevos préstamos de dinero para poder cubrir otras erogaciones que no puede solventar con sus percepciones impositivas. Por eso cada año aumenta su deuda y pone en peligro la disminución del déficit fiscal, que hace varios años está por encima del 1,5% que establece la ley.
Una de las principales exigencias para la actual administración del Gobierno es encarar en el tiempo más breve posible la reforma del Estado. Porque si no se emprende la reestructuración estatal, en el breve tiempo el país sufrirá situaciones impensables. Una de ellas podría ser la cesación de pagos por falta de fondos para hacer frente a la deuda, cosa que se puede evitar con la disminución de los excesivos desembolsos en sueldos y otros gastos evitables. Para ello hay que eliminar los derroches en las erogaciones salariales, las compras públicas innecesarias y las transferencias para ciertos subsidios que no tienen razón de ser.
La ministra secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Marianna Saldívar Gadea, en el programa "Expresso", con Augusto dos Santos. Foto: Pánfilo Leguizamón
“Los programas de gobierno ya son programas de Estado”
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Fotos: Pánfilo Leguizamón
La ministra secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República habló sobre los programas emblemáticos del actual proceso.
“Expresso” invita en esta edición a una reflexión desde dentro sobre el cómo, el para qué y el por qué de los programas emblemáticos de la actual gestión del presidente Santiago Peña. Para ello, Augusto dos Santos convocó a Marianna Saldívar Gadea, secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República.
La mirada amplia de la realidad, el aprendizaje a partir de la sistematización de las experiencias anteriores y una visión de futuro son algunos de los componentes que permiten al actual gobierno, primero gestar y después ejecutar, programas con gran aceptación tales como Hambre Cero, Che Róga Porã, Semillas del Futuro de Atención Integral a la Primera Infancia, entre otros.
ADS –¿Cómo es un proceso de elaboración de un programa de gobierno?
MS –Yo creo que es vital el rol del líder, en nuestro caso el presidente Santiago Peña, de transmitir la visión a su gabinete, hablando de ministros y también hablando un poco del equipo de presidencia que le acompaña. Esa visión él busca transmitirla, pero también propicia que existan intercambios internos para poder ir afinando la visión y que eso te traduzca en un proyecto implementable.
Hambre Cero, que es uno de los ejemplos más palpables de lo que es quizá nuestra política pública principal del Gobierno, tuvo ese proceso no solamente con actores a la interna del gabinete, sino también con colegas parlamentarios, con senadores, con diputados, gobernadores, hubo varias mesas de trabajo que son esenciales. La política pública no puede ser algo que se impone, sino algo que se consensúa y que, con el trabajo de consensuar, con el debate, con el diálogo, se perfecciona.
–¿Cómo es que se diseña el proyecto Hambre Cero y cómo un proyecto puede pasar de cubrir un 5 % a un 100 %?
–La conceptualización del programa Hambre Cero nace ya con el inicio del Gobierno, con una idea de que el futuro de nuestro país son los niños y para poder garantizar que los niños tengan el futuro próspero que buscamos que tengan y, por ende, también nuestro país, teníamos que entrar con mucha decisión al ámbito de la educación. Y cuando pensábamos en educación, antes incluso de pensar en programas pedagógicos, teníamos que pensar en cuál era la calidad de vida de los estudiantes en los colegios y en las escuelas. Y ahí nos dimos cuenta de que una gran parte es incluso anterior a la instrucción propia de las escuelas, que es que estos niños estén bien alimentados para tener las fuerzas, para estar en la escuela y efectivamente aprender, y que eso les lleve ya a los siguientes hitos de su vida, tanto de formación técnica como profesional y bueno, obviamente su carrera o el trabajo que van a desempeñar. Entonces, dijimos antes, y a pesar de que se trabaja en paralelo en todo lo que sean programas pedagógicos, en la carrera docente, tenemos que asegurar que los chicos estén en aula y que estén bien alimentados. Entonces, Hambre Cero lo que apunta es justamente a una población, a un montón de chicos, con el objetivo de garantizar que esta alimentación esté dada. Ahora bien, el concepto de la alimentación escolar no es algo que obviamente implementamos nosotros, es un programa que ya venía implementándose hace 10 años, estaba la Ley de Fonacide, que destinaba un monto a los municipios y a los gobiernos locales para destinar la alimentación escolar, pero ese programa era como máximo podíamos decir un poco inconsistente, o sea, habrá tenido éxito en algunas localidades, en otras no. Recuerdo cuando se hizo un análisis también de la cobertura de la alimentación escolar y estábamos hablando de que ni siquiera la mitad del ciclo escolar se cubría con la alimentación escolar. O sea, empezaban las clases, empezaban quizás 100, 120, 160 días y luego ya no había cobertura. Entonces, ¿cómo aseguramos que el chico se encuentre cubierto, alimentado y con la posibilidad de estar presente en las clases si nosotros a los primeros 3 meses luego ya no teníamos capacidad de darle? Entonces el programa se diseña tomando esa perspectiva, también, tomando un poco el aprendizaje de 10 años de aplicación de la Ley de Fonacide. La Contraloría fue un actor principal en eso. Ellos nos trajeron todo lo que ellos relevaron en sus años de auditoría, de relevamientos, de análisis de la ejecución del proyecto y nos dijeron estos son los dolores principales. Entonces tomando estas 2 cosas, tanto lo que abarca el proyecto como las cuestiones de falencia en cuanto al control y la ejecución es que se decide impulsar un nuevo sistema de alimentación escolar que realmente llegue a donde queremos llegar. Y ahí sí el presidente fue muy ambicioso al decir “yo quiero llegar a todos los niños”.
–Cuando se aplica imaginación y una voluntad precisa a una estructura que se hereda, puede servir para potenciar 100 % los programas.
–Totalmente. Yo empecé mi carrera en el sector público, estuve unos 10 años, luego me fui al sector privado unos 5, y ahora volví con el gobierno del presidente. Y si hay algo que noto es: uno, que el sector público es cada vez más complejo, cuando yo salí era una complejidad y ahora que entré, el doble de complejidad, es más grande, más complejo, más difícil, pero también hay cosas que yo me di cuenta que iniciaron cuando yo salí de la función pública que hoy las veo madurar, y eso es porque yo creo que llegamos a un nivel de desarrollo institucional que hace que los programas de gobierno ya son programas de Estado; entonces, vos ves cómo los programas, independientemente de quiénes estén en el Gobierno, van transitando. Ahora bien, para que realmente estos programas puedan quedar en el tiempo y proyectarse hay que tener la decisión.
–¿Qué significa construir 100 centros de atención a la primera infancia?
–A mí me gusta pensar en este proyecto como en algo que va a permitir llegar a acompañar al niño para que llegue quizás al inicio del programa Hambre Cero, o sea, lo veo casi como una línea de tiempo de la vida de una persona. En lo que es Centro de Primera Infancia hay un programa de primera infancia que se lleva adelante a través del Ministerio de Niñez y Adolescencia, donde se busca atender o garantizar el cuidado de los niños desde la primera infancia, incluso desde que está en el vientre de la madre. Entonces, este programa lo que hace es, llega al territorio para atender a la madre en cuanto a los cuidados que tiene que tener, orientarla también, sea en la alimentación de los chicos, le estamos orientando en cómo estimularles en temprana edad, cómo jugar, qué cosa sí, qué cosas no. Y estos centros lo que van a generar es la posibilidad de llegar a cada vez más territorios y tener como un PC del cual van a ir desprendiendo estos servicios y a los cuales también uno puede acudir para tener esa asistencia que muchas veces nosotros necesitamos construir en las comunidades.
–¿En qué consiste la apuesta infraestructural de este proyecto?
–Los Centros de Atención en la Primera Infancia se van a construir 100 en distintos puntos del país, en todo el país. Esa es la apuesta final.
–¿Ya se empezaron a construir?
–Ya se empezaron a construir. La primera, porque se está licitando esto de forma conjunta entre el MOPC y el Ministerio de la Niñez. Se van a hacer con fondos de Itaipú Binacional. Ya se hizo el inicio de obras de los primeros 20, se está licitando los siguientes 30 y así estamos haciendo distintos paquetes buscando que esto se vaya entregando a partir de fin de año, inicio del trimestre, en paquetes de 20, 30 centros.
–¿Cómo se ve la sostenibilidad de Hambre Cero a partir de cómo se está encarando?, ¿su financiamiento no corre riesgos? ¿Cómo están observando la coparticipación de las comunidades educativas?
–El rol de las gobernaciones en este proyecto fue esencial porque es uno de los programas que nosotros sabemos que la gente conoce, también hay una apropiación muy interesante por parte de las escuelas, no solamente de los centros educativos, sino de los padres, de los alumnos. Yo creo que no hay una mejor forma de blindar un programa que no sea involucrándole a los mismos beneficiarios, a la comunidad. También dentro de lo que es la estructura del Estado, yo creo que permeó en todas las instituciones, es un programa que toca a muchísimas instituciones, es casi universal. Hambre Cero el año pasado se presenta el proyecto de ley, se aprueba, empieza la implementación parcial y recién desde este año empieza la implementación al 100 %. Y es un programa masivo. Estamos hablando de 1.000.000 de chicos que comen todos los días a través de este programa. Entonces, es un programa que naturalmente va a tener su proceso de maduración, de ajuste, y para nosotros era muy importante que la comunidad, los padres, los chicos, los jóvenes, participen de este proceso.
–Cuando se plantean cuestiones de discursos, cuestiones que tienen que ver con la economía, sobre lo cual quiero hablar, avances en materia de índices económicos, siempre existe una reacción sobre que los números son reales, no son reales y se plantea un debate, digamos ¿cuál es la trastienda detrás de eso?
–En ese debate yo creo que es muy interesante, porque este es el famoso debate entre la macroeconomía y la microeconomía. Hay una verdad que es que Paraguay en los últimos 20 años se desarrolló muchísimo a nivel institucional y eso acompañó también un desarrollo económico que yo creo que el hito innegable fue nuestro grado de inversión, que nos otorgó Moody’s el año pasado en julio de 2024, que es el testamento, realmente un trabajo de décadas, no fue una cuestión puntual o mérito de un solo gobierno, sino que un trabajo totalmente estructural. Entonces yo creo que eso es lo que te valida esa idea de que Paraguay está en el camino correcto y se está desarrollando. Ahora bien, ese desarrollo económico, ese crecimiento que nosotros estamos viendo y vemos con números, vemos el crecimiento del 4 % que es por encima de lo que la región se está desarrollando en un momento donde hay retracción económica, donde tenemos problemas a nivel geopolítico, de guerras, de conflictos. Esos números son auspiciosos, pero para nosotros siempre tienen que responder a una mejora en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Entonces, yo entiendo que solamente decir estamos creciendo al 4 % quizás a una persona en situación de vulnerabilidad, que tiene un problema de salud o no tiene vivienda o no tiene acceso a los servicios que el Estado le tiene que proveer, no le significa nada. Yo no le puedo decir a un ciudadano vulnerable que estamos creciendo al 4 % y pretender que con eso se resuelva su preocupación. Entonces, en ese sentido nosotros sabemos que las 2 cosas deben acompañar, nosotros creemos en el desarrollo económico, en el posicionamiento de Paraguay en el exterior y vemos que estamos yendo por el camino correcto, pero eso es lo que nos tiene que dar, son los elementos para poder atender justamente a las poblaciones más vulnerables.
–¿Cómo se fue construyendo un edificio de institucionalidad en Paraguay, al margen de hechos de corrupción y compañías que ocurren y que probablemente, lamentablemente, pueden seguir ocurriendo?
–Cuando hablamos de esa construcción de institucionalidad probablemente podamos hacer referencia al advenimiento de la democracia, a los primeros gobiernos democráticos, la construcción de nuestra banca central, de nuestras instituciones principales. Entonces vemos cómo Paraguay fue transitando un camino hacia el ordenamiento de sus instituciones que hace que el Estado y el Gobierno vayan madurando. Hay una historia por ahí que quizás con el tiempo habremos escuchado más de una vez donde para un país corrupto, tercermundista, y esa yo creo que es una idea que tenemos que desterrar, porque nosotros tenemos como país una de las leyes más robustas de acceso a la información pública. Eso para mí fue una revolución. Hoy un ciudadano puede acceder a toda la información sobre la estructura del Estado paraguayo, en qué gasta, cómo lo gasta, y no solo eso, sino que está bien entrenado, sabe identificar eso. Quizás hace 15 años una persona no iba a poder reclamarle al Estado el servicio o lo que estaba haciendo porque no tenían las herramientas. Hoy para mí el síntoma de una sociedad sana y de buena institucionalidad es que la ciudadanía puede reclamar y tiene que hacerlo. (…) Siempre nosotros hablamos en el Gobierno con el presidente de que una cuestión superpositiva es justamente que nuestra ciudadanía, nuestro país, ya no se conforma sencillamente con lo que el Estado le da. Hoy exige y está viendo. Tiene que exigir a los gobernantes.
–¿Qué es Che Róga Porã y cómo va ese proceso?
–Es la apuesta más fuerte del Gobierno. Quizá ya estamos pensando en la siguiente fase: el chico que salió se cubrió con Hambre Cero, estudió gracias a quizá una de las becas que pudo haber otorgado el Gobierno y luego ya está listo para formar una familia o ya la tiene, y lo que quiere hacer es invertir en el bien de la familia. Qué finalmente es la vivienda. La vivienda es el bien familiar por excelencia, y lo que buscamos con Che Róga es, dado que nosotros desde el Estado podemos, a través de nuestras instituciones financieras, tanto las instituciones de primer piso como el BNF, como el segundo piso, como la AFD, potenciar la financiación a viviendas. Dijimos: ‘Vamos a generar un producto que sea agresivamente accesible, o sea, la tasa más baja que podamos concebir nosotros desde el Estado y orientarla a las familias para que puedan acceder a esa vivienda que finalmente va a ser la base de su economía y de su familia’. Porque ese bien es el que le va a permitir luego crecer financieramente hacia otros horizontes, es el que le da una sensación también de arraigo a las familias del lugar en el que están. Y también nosotros desde el Estado nuestra tarea fue generar el ecosistema, la infraestructura para que estas familias puedan acceder a eso. Entonces, es multicomponente. Por un lado, tenemos toda una ingeniería financiera para que sea accesible esa vivienda de la familia y, por otro lado, a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat hay una planificación también que se hace en cuanto a las viviendas, las ubicaciones, en qué parte del país se pueden construir y es un poco construcción de ciudad también; porque si nosotros empezamos a planificar el lugar de vivienda de las familias, podemos alrededor de eso ofrecer servicios públicos de calidad, ordenar un poco nuestro crecimiento territorial.
–¿Culturalmente sigue inamovible esta actitud del paraguayo joven recién casado, o por casarse, o recién estudiado, que quiere una casa propia?
–No cambió. Yo creo que hay muchísima demanda para la vivienda propia, incluso hace poco hubo un evento, uno de los eventos del día de gobierno donde fue el presidente y le entregaron las llaves a una chica que tenía 22 o 23 años. Ella estaba orientada a tener su casa y fue una de las aplicantes al programa y lo obtuvo. Quizá la innovación con Che Róga es que se están contemplando no solamente viviendas, sino también quizás soluciones habitacionales en altura, departamentos, porque hay familias también que pueden sentirse más seguras en un departamento porque tienen vecinos. Yo creo que hay algo muy importante en ese tipo de soluciones habitacionales que es también creación de comunidad. Finalmente, los vecinos, las personas que viven cerca son las que generan comunidad y eso hace también que las familias tengan un apoyo adicional al que puedan tener esa familia inmediata, gente que de repente viene del interior o se muda a otro lugar a vivir, tiene esa interacción con sus vecinos. Y Che Róga 2.0 tiene esa flexibilidad de ofrecer distintas soluciones a distintos tipos de personas.
Caja Fiscal: reforma debe apuntar a igualar condiciones de jubilación de todos los sectores, aseguran
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados un informe sobre la situación de la Caja Fiscal, sistema que sostiene las jubilaciones y pensiones del sector público.
La exposición estuvo a cargo del viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, junto con su equipo técnico. Según detallaron, la caja atraviesa una situación cada vez más complicada, con un déficit creciente y un sistema desordenado que incorpora regímenes distintos, muchos de ellos con beneficios otorgados sin fuentes claras de financiamiento. Esta fragmentación normativa genera desigualdades y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Durante la reunión, tanto autoridades del MEF como los legisladores coincidieron en que urge una reforma previsional integral, pero que debe ser construida con amplio consenso político y social. “Las decisiones que se tomen hoy van a tener impacto por décadas”, advirtieron.
Uno de los puntos centrales del debate fue la necesidad de igualar las condiciones de jubilación entre los distintos sectores del Estado, fijar edades de retiro acordes a la realidad demográfica y garantizar que los beneficios sean proporcionales a los aportes realizados por cada trabajador.
Desde el MEF aseguraron que están dispuestos a aportar todos los insumos técnicos necesarios para encarar este proceso, incluyendo proyecciones actuariales, comparaciones con modelos regionales y análisis fiscales. Adelantaron que en una próxima sesión presentarán otro informe sobre cómo otros países enfrentaron reformas similares.
Legisladores de distintos sectores reconocieron que la Caja Fiscal ya no resiste más parches. Señalaron que se necesita voluntad política para tomar decisiones impopulares pero necesarias, antes de que el sistema colapse y se vuelvan inviables los pagos a jubilados del Estado.
La Caja Fiscal cubre hoy a miles de jubilados docentes, policías, militares, judiciales y funcionarios públicos en general. El déficit se agrava año tras año, y si no se encara una solución de fondo, podría convertirse en uno de los problemas financieros más serios del país, acordaron las autoridades.
A nivel país tenemos nada menos que 11 ministerios y más de 17 secretarias ejecutivas, que dependen del Poder Ejecutivo, no justificándose dentro de un país pequeño como el nuestro, donde apenas superamos los 6 millones de habitantes.
Pero seguimos en contrapartida con una superpoblación de funcionarios públicos que superan los 350.000 y quienes son los responsables de llevarse mes a mes una gran parte de los ingresos tributarios incluidos dentro del PGN como gastos rígidos, para el pago de sueldos y otros beneficios, haciendo que sigan limitados en asignación de recursos, salud pública, educación y obras de infraestructura.
No se justifica que en pleno siglo XXI, donde vivimos en la era de la tecnología y del conocimiento, sigamos manteniendo dicho nivel de burocracia estatal, que antes que ser una solución implica un retroceso.
Javier Milei, en un país como la Argentina con aproximadamente 46 millones de habitantes, una de las primeras medidas que adoptó ha sido la reducción de la cantidad de ministerios en un 50%, además de otros entes que antes que aportar valor agregado generaban ingentes erogaciones desangrando en forma substancial a las arcas del Estado, llevando a desvincular a miles de funcionarios que antes que aportar valor agregado, se constituían en una carga pública.
Dejemos atrás el prebendarismo, clientelismo y cuoteo político en nuestras instituciones, pues el sentido común nos dice que deberán estar los mejores por actitud y aptitud.
El grado de inversión que nos ha otorgado la calificadora de riesgo internacional Moody’s es una demostración de que, desde el punto de vista macroeconómico, se vienen haciendo bien las cosas. Pero no todo termina allí, pues si pretendemos mantenerlo en el tiempo en forma consistente, no cabe otra más que realizar cuanto antes una reforma estructural de nuestro estado paquidérmico y desfasado, en función a lo que nos exige este mundo globalizado.
El viceministerio de Capital Humano, dependiente del Ministerio de Economía, debe ser el responsable de diagramar los planes estratégicos de acción conducentes a un achicamiento del Estado, que se hace imperioso y necesario, lo que estaría permitiendo una mejor calidad de atención, eficiencia y eficacia, dado que una de las principales áreas críticas de riesgo a nivel país que siempre nos han apuntado estas organizaciones se refiere a nuestra debilidad estructural a nivel institucional, en donde lo cualitativo juega un rol primario.
Lo mismo ocurre con las secretarias ejecutivas. ¿Existe alguna necesidad fundada para seguir manteniendo semejante cantidad?
Un achicamiento de nuestro Estado, en donde se haga una reingeniería en todas nuestras instituciones, reduciendo la mega estructura actual ahora que tenemos la tecnología al alcance de un click, es muy necesario.
Con esto nos podremos ahorrar miles de millones de guaraníes pagado mes a mes en sueldos, pudiendo destinarlo a reforzar nuestra calidad educativa y salud pública.
El Estado, no es UNA ENTIDAD DE BENEFICENCIA. Dentro de la plantilla de funcionarios de todas nuestras instituciones deben estar los más capaces, con quienes podremos concretar los planes estratégicos de la mejor manera posible.
Es una brillante ocasión que se le presenta al Viceministerio de Capital Humano, que debería ordenar a todas las direcciones de organización y métodos (O&M) a que hagan un análisis en profundidad, para que de una vez por todas podamos tener en ministerios y secretarías ejecutivas a personas que muestren profesionalismo y que contribuyan a mejorar nuestra calificación actual de solvencia y tendencia.
La Ley del Servicio Civil ya la tenemos promulgada. No cabe otra más que cumplir taxativamente todo lo que se engloba dentro de la misma, incorporando a profesionales que valgan la pena con una buena formación académica y técnica.
Las torres de Notre-Dame de París volverán a abrir al público el 20 de setiembre
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Las torres de la catedral Notre-Dame de París, devastadas por un incendio en 2019, volverán a abrir sus puertas al público el 20 de setiembre, anunció el lunes el Centro de Monumentos Nacionales (CMN).
“El objetivo es el próximo 20 de setiembre, con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio”, declaró al periódico Ouest-France la presidenta de esta agencia gubernamental que gestiona el monumento, Marie Lavandier.
Los trabajos en las dos torres que enmarcan la fachada monumental del edificio consistieron principalmente en consolidaciones estructurales, especialmente en los campanarios, dañados por el incendio, y en la terraza situada a 69 metros de altura.
El nuevo recorrido será “más fluido, rico y siguiendo las normas de seguridad” y propondrá “una inmersión de unos 50 minutos en la arquitectura gótica”, señaló Lavandier.
El nuevo circuito se iniciará en la torre sur. Tras subir 424 escalones, los visitantes verán “un panorama excepcional de París y observarán la aguja” reconstruida.
La visita terminará en la torre norte restaurada en 2023 y 2024. Solo se admitirán 400.000 visitantes anuales, frente a los 450.000 de antes del incendio.
Las entradas saldrán a la venta en setiembre en internet y costarán 16 euros, seis más que el precio anterior.