Paraguay y el mundo lamentan el asesinato del fiscal antidro­gas Marcelo Pecci, perpetrado en un frívolo atentado en el que lo acertaron con tres balazos. Lo cierto es que al hoy fiscal mártir como al Minis­terio Público, es decir a todos los funcio­narios, los vienen disparando con varias armas desde hace bastante tiempo.

Los descontrolados discursos de algunos políticos, principalmente de la oposición, con antecedentes oscuros y que despre­cian la función del Ministerio Público, vienen tiroteando con mucha insistencia contra esta institución. Los mezquinos intereses de dominio incluso apuntaron a descabezar la Fiscalía General hace unos pocos meses.

Acusaciones de todo tipo han utilizado para sacar de su puesto a la fiscal general. Alocuciones humillantes y miserables ha tolerado la ciudadanía toda por parte de un grupo de parlamentarios que también prepararon un golpe, un atentado con­tra la institucionalidad para manejar el Ministerio Público en pleno período elec­toral.

Es más, hasta tenían candidatos for­mando filas que, de no ser por la estupi­dez que los traiciona de delatarse en sus aspiraciones, como es el caso de la esposa del Vicepresidente, que se apresuró en manifestar su objetivo en el Ministerio Público, a estas alturas la institución ya hubiera sido descabezada.

El Ministerio Público, entre aciertos y errores, viene demostrando resulta­dos. En los últimos meses han allanado e incautado centenares de valiosos bienes, inmuebles, lujos cotizados en miles de millones de dólares, han habido fuertes golpes y desmantelamientos de grandes grupos que operan en ilícitos.

Pecci junto con un importante grupo de colegas han demostrado valentía, se han destacado en las investigaciones y en los operativos que sorprendieron a estos peces gordos, muchos de ellos con víncu­los en las altas esferas del poder político arriesgando la vida.

Le metieron tijerazos al presupuesto en varias ocasiones. Políticos avivados han humillado con calumnias en muchas oca­siones cuando las pesquisas no les favore­cían. En estos contextos generalmente se tildaba a los funcionarios del Ministerio Público como empleados de poderosos.

El mismo hoy fallecido Dr. Pecci fue vapu­leado en momentos candentes en que se intentó descabezar el Ministerio Público para utilizarlo como garrote de adversa­rios. Todavía recordamos y seguiremos recordando seguramente que este fiscal, a quien la mafia le pasó la factura, salió al paso, sentó postura en el reciente intento de juicio político a la fiscal general del Estado.

Clamó altura política a los líderes, abogó por la institucionalidad de todos los esta­mentos de la República. Recibió ataques de varios frentes, algunos que incluso pidieron su cabeza, le atribuyeron com­plicidad en la subordinación de su jefa a determinado grupo político.

Lo que pasó, la tragedia y el horror de la muerte de Pecci y la amenaza que pesa sobre los fiscales honestos nos demues­tran que no estaban muy alejados de la misión de velar por el derecho público. Evidentemente, la mafia le cobró con su vida y la mutilación de sus seres queri­dos con la pérdida de un integrante de la familia.

Entonces, ¿qué podemos acusar? ¿Quién realmente persigue a los delincuentes y quiénes los defienden?

Parar el tiroteo al Ministerio Público, for­talecer la institución con mejores recur­sos y exigir resultados deben ser el nuevo y único horizonte de todo el Estado. Los parlamentarios como las autoridades deben trazar líneas de acción, dotar con tecnología y velar por la seguridad de todos los funcionarios que tienen la tarea de ir tras los delincuentes es un trato digno bien correspondido.

Suplir las armas de la presión política, los ataques destructivos inmisericor­des, que también representan un aten­tado contra la independencia de un esla­bón importante del Poder Judicial, por herramientas que ayuden a fortalecer los trabajos del funcionariado del Ministe­rio Público es la salida que requiere un país que no puede quedar en manos de la criminalidad.