El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, será interpelado por la Cámara de Diputados en las próximas semanas. En la ocasión deberá responder por las numerosas denun­cias de irregularidades que han tomado estado público y las acusaciones de nego­ciados en las licitaciones de servicios ter­cerizados. Todo comenzó con la amputa­ción de la pierna equivocada al paciente Ramón Samudio en el servicio de cirugía de uno de los hospitales, lo que provocó la reacción airada de miles de ciudadanos contra la institución.

A tanto ha llegado el enojo de la gente, que numerosas organizaciones, como las enti­dades que agrupan a los contribuyentes del IPS y sindicatos de trabajadores que son los principales aportantes, han pedido la remoción del titular de la institución y de todos los componentes del Consejo de Administración, que son las máximas autoridades de la entidad.

Pero, como se está en plena campaña electoral dentro del Partido Colorado, el propio titular del Poder Ejecutivo salió a respaldar al alto funcionario, quien ha dado muestras de ser seguidor del candi­dato gubernamental y, probablemente, un importante contribuyente de la causa. Anunció que no será separado del cargo, tal como piden los aportantes de la insti­tución, quienes son los que le dan vida eco­nómica y sustento.

Bataglia está protegido por sus conexiones partidarias con el grupo del presidente de la República y su vicepresidente. Goza de la confianza de algunos altos exponentes del Partido Colorado alineados a la cúpula estatal. No importa su eficiencia o no al frente de la institución cuya gestión está seriamente puesta en duda por los miles de pacientes que sufren las peripecias de los centros de atención. Porque, desde el punto de vista político, lo importante es su fuerte ligazón con el proyecto de Mario Abdo y su segundo, que están empeñados en la lucha electoral al margen de sus obli­gaciones gubernamentales.

Debido a la presión popular, la Cámara de Diputados ha resuelto interpelar a Bata­glia, a pesar de los votos en contra de los gubernistas, y ha preparado 44 pregun­tas para conocer la situación de la enti­dad y la marcha de su gestión. Por su lado, la Cámara de Senadores ha aprobado una declaración que pide su renuncia y la de los consejeros que forman parte del consejo respectivo.

El afectado ha señalado que no renunciará al cargo, por lo que es probable que siga atornillado a su sillón. Esto a pesar de los reclamos hechos por su cuestionada tarea.

Entre las numerosas acusaciones contra la institución y su presidente está que los asegurados no tienen una respuesta ade­cuada para agendar las consultas médi­cas a través del sistema de call center, que por falta de insumos los pacientes se ven obligados a comprar los medicamentos que necesitan, que los familiares de los internados en las salas de emergencia se ven compelidos a gastar grandes sumas de dinero por las urgencias. El colmo a que se ha llegado es la falta de medicamen­tos oncológicos y la cancelación de sesio­nes de quimioterapia debido a ello. A todo eso se suma también el inconveniente del colapso de las salas de albergue para los familiares de pacientes, que debido a ello se tienen que instalar en los pasillos de los pabellones de internación.

Es una pena que la institución previsional llamada a prestar su servicio a sus miles de contribuyentes y familiares esté en manos de los exponentes de la política partida­ria que no muestran mayor interés hacia la gente. Lo cual no es solo deplorable sino que inadmisible. Y es motivo para que los ciudadanos reaccionen pidiendo que los funcionarios cuestionados por su con­ducta se alejen de la institución.

El IPS no es de un partido, menos de una facción determinada de ninguna agrupa­ción política. Nadie tiene derecho a some­terlo a la servidumbre de algunos sectores que se merecen el rechazo de la ciudadanía.

Los directivos de la previsional deben recordar que ellos no son los dueños de la institución. Apenas son meros emplea­dos que deben fidelidad a sus verdaderos patrones y mandantes, que son los apor­tantes, los trabajadores y empresas. Y las autoridades nacionales no tienen derecho a usurpar con sus apetencias políticas la conducción de tan delicada entidad.