El ingreso al país de productos de manera ilegal causa graves problemas al sector produc­tivo nacional en los más diver­sos renglones. No solo al manufacturero donde están las industrias con sus maqui­narias, sino también a áreas de producción no fabril, como la agricultura, la avicultura y la ganadería. Aparte de los daños econó­micos y tributarios, también produce per­juicios sociales muy sensibles. Porque no solo dificulta el desenvolvimiento de las empresas que no pueden comercializar bien lo que producen, sino que dejan sin empleo a muchos trabajadores en un momento en que la desocupación sigue siendo muy ele­vada porque la economía no se ha podido recuperar aún de los efectos de la pandemia.

La lucha contra el ilícito está ahora en momentos críticos, sobre todo porque los productos de los vecinos países tienen baja cotización. Esto se da sobre todo con la Argentina y en menor medida con Brasil, y en su conjunto constituye una amenaza constante para la producción nacional, por la fragilidad de la frontera y las debilidades de los organismos paraguayos de control.

Una empresaria de la producción avícola recientemente explicó el drama que está viviendo el área por el ingreso masivo de carne de aves desde los países vecinos. Dijo que pone en riesgo no solo los empleos de las industrias de ese ámbito por la menor venta; sino también porque puede produ­cir el desabastecimiento de materia prima, ya que muchos avicultores van a dejar la producción para dedicarse a otros renglo­nes. Y en ese caso, ocasionaría la muerte de la industria mencionada. Lo que sería muy grave para el país y su gente.

“Lo que no queremos es que nos llegue a faltar a nosotros la producción nacional, porque muchos están creyendo, como pasó con el huevo, que la producción no iba a poder venderse y salieron del rubro”, refi­rió la empresaria Blanca Ceuppens.

La Unión Industrial Paraguaya (UIP), muy sensible al problema porque es el gre­mio que más sufre el ingreso de mercade­rías ilegales, ha criticado a los organismos estatales porque no han sido capaces de frenar el contrabando, que tiene tempo­radas de mayor auge. En julio último pre­sentó una denuncia contra las autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas por­que no hacen el debido control de las fron­teras, sobre todo en los ríos fronterizos donde refirió que existe un “paso liberado” para la entrada del contrabando a nuestro país. Señaló que ingresan de manera ilegal cerca de 50 toneladas de pollo por mes, lo que está generando un perjuicio del 40% al comercio formal y a los productores nacio­nales.

Uno de los representantes de la Unidad Anticontrabando de la UIP en el este del país había señalado que cuando están acti­vas las balsas en Tres Fronteras, los pollos ingresan de contrabando en autos y fur­gones, colocados en las proximidades del motor de los vehículos o en los costados, ya que no existía ninguna revisión. “La admi­nistración aduanera operativamente no funciona”, había señalado el denunciante.

Justamente por las deficiencias estata­les en el freno al ingreso ilícito de merca­derías, los gremios que forman parte de la UIP se habían retirado en marzo de la mesa de trabajo con el Gobierno. En la ocasión habían exigido cambios en la Unidad Inte­rinstitucional para la Prevención, Com­bate y Represión al Contrabando (UIC) y en la Armada Nacional por sus deficiencias en la tarea de represión del delito.

A pesar de los esfuerzos que dicen los fun­cionarios haber realizado en la materia, la realidad es que el contrabando sigue cas­tigando duramente al país. Lo que hace necesario replantear y mejorar fuerte­mente la lucha contra el ilícito en todos los ámbitos. Sea en los puntos fronterizos por donde ingresan los productos, en las rutas por donde se los transporta sin mayor con­trol, como también en los puestos de ven­tas al público que abundan y no son super­visados.

Es necesario hacer una fuerte campaña de educación para que los ciudadanos adquie­ran la conciencia de que comprando pro­ductos ilegales están colaborando con el delito y perjudicando el empleo formal y los beneficios de la legalidad. Es un capí­tulo de vital importancia que no se debe descuidar. El consumidor es el que tiene la decisión final, por lo que su colaboración es totalmente imprescindible.