Uno de los hechos más lamentables del desempeño del gobierno que se va es que durante su gestión el Paraguay ha alcanzado las cifras más elevadas de exportación de drogas, especialmente de cocaína hacia diversos puntos de Europa. Un récord que no es para enorgullecerse porque desvaloriza la imagen del país y muestra la falta de eficiencia del Gobierno y de sus instituciones especializadas para combatir el narcotráfico.
No hay duda de que el ilícito ha crecido con fuerza extraordinaria en todo el mundo, poniendo en vilo a los servicios de seguridad de naciones muy poderosas. Pero lo más doloroso es que las entidades paraguayas encargadas de la detección y represión del tráfico de estupefacientes han sido burladas debido a su ineficiencia a causa, principalmente, de la falta de control riguroso de las cargas que se embarcan en los puertos paraguayos con destino a lejanos puntos del mundo y en las cuales se han detectado abundante cantidad de drogas.
La reciente incautación en el puerto alemán de Hamburgo de 10.000 kilos de cocaína que salieron de Asunción en mayo último ha vuelto a resaltar el grave problema que significa la participación de nuestro país en el ilícito. Eso a pesar de la adquisición de los aparatos especializados que se usan en los puertos de embarque para detectar mercaderías prohibidas. El sistema de escáner adquirido recientemente por la Dirección Nacional de Aduanas no impidió que se metieran en una carga 10 mil kilos de cocaína como si fueran simples cargamentos de granos de sésamo. Ya aclaró el titular de la institución que el problema no fue el aparato, sino una falla humana, un eufemismo para señalar la complicidad de algunos funcionarios que intervinieron en el control. Si el sistema de escaneado no falló y los funcionarios no vieron la droga, es indudable que hubo participación humana en el hecho.
“No tenemos todavía información oficial sobre la carga, pero ya revisamos las imágenes de los escáneres y encontramos una que debió ser reportada por el personal y no se hizo”, dijo el director de Aduanas, Julio Fernández. Los 10 mil kilos de cocaína tienen un volumen semejante al cargamento de un gran camión de flete, que no es fácil entender cómo no se lo pudo detectar, aunque fuera camuflado
Nuestro diario ha publicado que en los últimos años se han incautado alrededor de 50.000 kilos de cocaína originada en nuestro país, en varios puertos marítimos de Europa como en territorio nacional, lo que da una medida de la enormidad del ilícito. Esto coincidió con la prohibición de hacer monitoreo de estupefacientes en los puertos de embarques paraguayos decidida en mayo de 2020 por el entonces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio.
Esta curiosa disposición de Giuzzio, la Resolución n.º 142 de la Senad, había dispuesto liberar los puertos del país del control que venía ejerciendo la institución antidrogas para detectar cargamentos sospechosos. A esta liberación de examinar las cargas se atribuye el auge extraordinario del embarque de estupefacientes desde Paraguay. Según un trabajo presentado el año pasado al Congreso por el senador Enrique Riera, se estima que en el país se movieron 470 toneladas de la droga y que la incautación solo alcanzó un 10 %.
En el último quinquenio el crimen organizado ha tenido un enorme crecimiento en el Paraguay, y se debió especialmente al fuerte incremento del tráfico de drogas y delitos conexos.
La condición de Paraguay como importante proveedor de drogas no debe continuar. No se puede ignorar esta situación ni dejar de cortar el delito, como ocurre con la administración estatal que se va. Es urgente que se tomen todas las medidas requeridas para disminuir drásticamente el tránsito de mercaderías ilícitas. Porque si el país llegó al colmo de ser uno de los más grandes exportadores de estupefacientes es porque esta administración no ha hecho el trabajo para impedirlo.
Debe volver el celoso control de las mercaderías que se embarcan por los efectivos de la Senad, con mejores tecnologías y más personal para impedir la vía libre que se les dio con este gobierno. La experiencia actual demuestra que la no fiscalización de las cargas ha sido uno de los más grandes errores que ha cometido.