Una de las principales tareas de la política encarada por el nuevo gobierno es la lucha frontal contra el contrabando y toda la cadena de irregularidades de la economía informal. Porque es uno de los enemigos más importantes del país, que está instalado cómodamente en la población nacional. Que perjudica al Estado robándole recaudaciones fiscales muy necesarias, afecta a las empresas formales del país que dan empleo con sustento legítimo y pagan IPS a miles de trabajadores. El contrabando es un tenebroso criminal que bajo la apariencia de prácticas inocentes pone en jaque la vida institucional y amenaza con dejar al país en manos de los delincuentes.
Uno de los temas principales abordados por el presidente Santiago Peña en la reunión del lunes del consejo de ministros fue la lucha contra el contrabando, porque, entre otras cosas, atenta contra la creación de puestos de trabajo legales y ocasiona perjuicios a las empresas formales. “Voy a ser intolerante con el contrabando”, afirmó, porque tiene el compromiso de generar 500 mil empleos formales a través de empresas, muchas de las cuales trabajan a pérdida a causa de la competencia desleal de las mercaderías ingresadas al país de manera ilegal.
Al día siguiente, varios ministros y funcionarios de alto nivel realizaron la reunión para presentar el plan anticontrabando, que tendrá a su cargo la coordinación de las acciones que apuntan a perseguir ese delito y sus autores. Se pretende atacar a los grandes y pequeños contrabandistas de todo el país mediante una acción coordinada de los diferentes organismos públicos. Para ello la Dirección de Ingresos Tributarios convocó a los responsables de los ministerios del Interior, de Defensa Nacional e Industria y Comercio, a la Prefectura Naval, la Policía Nacional, el Senave y otras entidades. “Queremos no solamente atacar a los pequeños, sino principalmente a estos grandes esquemas de contrabando donde hay toda una estructura enorme, organizada y financiada”, explicó Óscar Orué, titular de Ingresos Tributarios. Agregó que esperan tener éxito en la tarea porque van a trabajar con mucha fuerza y en forma coordinada.
El trabajo conjunto es una de las fórmulas más apropiadas para conseguir la victoria contra los delincuentes, porque por mucho tiempo ha faltado la colaboración de todas las entidades para hacer más duro el frente de lucha. Son famosas las imágenes de gran cantidad de camiones con mercadería ilegal transitando sin ningún obstáculo por las rutas del país, como si la Policía Nacional, la Caminera y otros organismos públicos fueran cómplices de los delincuentes y no custodios del cumplimiento de las leyes. Ese tipo de hechos escandalosos no se puede permitir y, si hay gente que hace la vista gorda, debe ser sancionada por ser encubridora de los malhechores.
El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional deben tener una fuerte intervención en el control de las rutas de los contrabandistas en todo el territorio nacional. No deben dejar solo a cargo de la Marina la vigilancia de la frontera fluvial y abandonar el resto del país a los delincuentes. Como parte de la defensa de la nación paraguaya contra el ilícito, las fuerzas públicas deben actuar contra los que atacan la legalidad, como se defiende al país contra sus agresores, en todos los caminos y sitios de la geografía patria.
El contrabando no es una picardía más que cometen los muchachos y que no tiene mayor importancia. Es un delito que está penado por la ley. Y como tal será perseguido buscando el castigo de los delincuentes que lo cometen, sus cómplices, encubridores, propagandistas y partidarios. Es un cáncer maligno al que le dejaron crecer y pone en peligrosa situación a todo el país.
La economía subterránea y el contrabando han llegado a las dimensiones que alcanzaron por la falta de energía en la lucha, cosa que el nuevo gobierno va a corregir. Los grandes empresarios que financian el delito serán denunciados y sometidos al castigo legal, igual que los pequeños.
El Gobierno será implacable contra los enemigos del país que aprovechan la corrupción y la inutilidad de algunas instituciones y funcionarios públicos para ir contra los intereses nacionales. Eso ya no será posible porque las autoridades han decidido encarar una lucha total contra la ilegalidad.