Una de las noticias financieras importantes de la semana es que el miércoles la Cámara de Senadores sancionó una ley que permitirá al Poder Ejecutivo obtener préstamos por 600 millones de dólares. Esta gran suma de dinero que gestionará esta administración es para pagar la deuda contraída irresponsablemente por el gobierno de Mario Abdo para hacer obras que no tenían financiamiento y pagar medicamentos. Es un clavo más que afrontan las autoridades actuales para compensar la mala actuación de los que se fueron, con todas las cargas financieras que pesan en el débito total ocasionado por los irresponsables.
La ley autoriza la contratación de empréstitos varios por un total de 600 millones de dólares norteamericanos. Otorga facultades al Ministerio de Economía y Finanzas para emitir y colocar títulos de la deuda del Tesoro de la Nación. Dichos papeles podrá comercializarlos en el mercado nacional como en el mercado internacional. Autoriza al Gobierno a firmar contratos de préstamos con organismos financieros internacionales, multilaterales y de ayuda estatal.
La suma aludida será para cubrir la deuda del Estado con las empresas constructoras viales que asciende a 350 millones de dólares. Los 250 millones de dólares restantes serán destinados para pagar a las empresas farmacéuticas por compras de medicamentos. Todas son sumas que el gobierno anterior no pudo cubrir ni previó en su presupuesto.
Algunos legisladores señalaron en el Senado que, en caso de detectarse irregularidades cometidas en estas obras, como lesión de confianza o enriquecimiento ilícito, se perseguirá a los indiciados como responsables para que no haya impunidad.
Entre las entidades beneficiadas con las construcciones realizadas en la administración que se fue el 15 de agosto está una empresa de propiedad del expresidente Mario Abdo, que durante los últimos años vio crecer extraordinariamente sus facturaciones a las constructoras viales por sus servicios. Es un tema que en el mejor de los casos riñe con la ética y que tendría que ser investigado por el Ministerio Público, por si haya habido algún delito.
La prensa amiga de la administración anterior criticó la ley aprobada en el Senado el miércoles último diciendo que otorga polémicas atribuciones al Ministerio de Economía, que tiene que hacer frente al delicado tema. No se acordó de la imprudencia cometida por los responsables de contraer las deudas con las empresas vialeras y farmacéuticas sin haber previsto cómo pagarlas.
Cuando un Gobierno va a construir obras, las proyecta teniendo como financiador a organismos internacionales o bancos que ofrecen planes especiales, porque no hay plata local. Luego se hacen las licitaciones con pliegos de bases y condiciones establecidos con anterioridad. Lo habitual, y prudente, no es hacer las obras sin saber cómo se las pagará ni de dónde saldrán los recursos, que es lo que hizo el grupo de Abdo.
No se puede reprochar la construcción de nuevos caminos, el asfaltado de las rutas rurales y las obras que ayudan a terminar el aislamiento físico de muchas localidades del interior del país. Es una tarea necesaria teniendo en cuenta los requerimientos crecientes de las poblaciones con dificultades de comunicación.
Pero son proyectos que se deben encarar de acuerdo con las normas vigentes y las prácticas de la buena administración, previendo el financiamiento con antelación, con dinero a buen precio y en condiciones favorables. No realizar las construcciones sin saber de dónde ni cuándo sacar los fondos necesarios. Y menos sin tener idea de cuánto le costará al país, como ha ocurrido por la desprolijidad del último gobierno.
Una de las promesas que hicieron las autoridades actuales antes de asumir es pagar la enorme deuda a las empresas constructoras dejadas por las que se fueron. Y en menos de 90 días de su gestión ya tiene la ley que permitirá obtener los fondos para cubrirla.
A pesar de las críticas escuchadas contra la ley que permitirá conseguir los fondos para pagar la deuda, es un paso crucial que se está dando ahora para poder estabilizar a las empresas que dan trabajo a miles de paraguayos y están pagando los costos financieros. Es la mejor señal de que se está ante una administración política seria que quiere resolver los problemas y dar tranquilidad a los que invierten en el país.