El viernes 5, último día hábil de la semana pasada, el Poder Ejecutivo dio la puntada final a las disposiciones que garan­tizan la alimentación de los niños de las escuelas públicas. Promulgó la Ley Hambre Cero en las Escuelas, y ahora se aguarda la reglamentación que se deberá realizar para su aplicación. La norma será un instrumento muy útil para asegurar la alimentación de 1.300.000 chicos que van a las escuelas públicas y que no eran alcanzados por la aplicación de la ley ante­rior, que cubría de hecho solo a unos 200 mil menores, por la mala administración e incluso la deshonestidad de algunos intendentes municipales, gobernadores departamentales y otros funcionarios.

La nueva disposición corrige los defectos estructurales de las normas que regían anteriormente e, incluso, prevé sancio­nes contra los que cometan abusos con el dinero destinado a los alumnos. Incluye también el Arancel Cero, que favorece a los estudiantes universitarios, que dependerá de los recursos del Tesoro, de Fuente 10. Con lo cual se cubren todos los requerimientos del sector estudiantil que depende directamente del Estado.

Con la nueva ley se crea el Fondo Nacio­nal de Alimentación (Fonae) y el Con­sejo Nacional de Educación. El Fonae se encargará de centralizar y controlar el uso de los recursos destinados a la adqui­sición y distribución de la alimentación escolar, y el Consejo se ocupará de la aprobación del presupuesto de los fondos y el control del uso de los recursos para comprar alimentos. Esta fiscalización será fundamental para evitar los desvíos del dinero público, como ha ocurrido con el anterior sistema.

Con el Fonae se quiere evitar los abu­sos que se han producido con el Fona­cide, que será remplazado, ya que debido al descontrol de los fondos que permitió y la deshonestidad de muchos funcio­narios, nunca se logró el objetivo de ali­mentar a todos los escolares. Un ejem­plo claro de lo que se quiere evitar y no permitir es que, con el Fonacide, en más de diez años de funcionamiento, solo se pudo alimentar a alrededor de 200.000 niños de los 1.300.000 a los que esta­ban destinados. Como han señalado los expertos, ese sistema perjudicó a más de 1.000.000 de estudiantes de las escuelas públicas en su proceso de aprendizaje y en su desarrollo físico e intelectual.

La nueva ley tiene una trascendencia fundamental, ya que, por fin, se les dará a los menores los alimentos que requie­ren y que hasta ahora eran derivados a otros objetivos. Los niños son y deben ser siempre la prioridad para una socie­dad como la paraguaya en que un gran porcentaje de la población no tiene sufi­cientes recursos para asegurar la nutri­ción infantil.

La aprobación de la norma por el Legis­lativo, que posibilitó la promulgación, es un espaldarazo a la iniciativa del Gobierno, que está interesado en saldar la cuenta que se tiene con los más jóve­nes de nuestra sociedad, que sufren las carencias provocadas por la pobreza y la anterior mala actuación de los organis­mos estatales.

“Celebro la madurez política de la mayo­ría para tratar con la seriedad necesa­ria y sin sesgos este proyecto clave para el desarrollo de nuestro capital humano e instalar a la alimentación escolar uni­versal como un programa fundamental de nuestro país. Es innegable que un pro­grama de esta envergadura siempre trae consigo cuestionamientos que nacen de legítimas inquietudes y es entendi­ble. Por eso nos tomamos el tiempo para aclarar punto por punto cada una de las dudas”, señaló el presidente Santiago Peña en las redes sociales.

El ministro de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, expresó que la norma es un logro importante para el Paraguay, porque va a posibilitar que la gente pueda avanzar hacia mejores con­diciones.

“Esta ley suma, no saca lo que ya hay”, resaltó. Ya que permitirá que en las zonas del país donde necesitan más, ten­gan más. “Esta es una ley que trae más. Ese es el criterio, ese es el concepto, y por eso estamos muy contentos de que poda­mos ya empezar a trabajar”, observó.

Ahora lo que resta es trabajar con toda la fuerza para hacer que realmente 1.300.000 niños del país puedan derro­tar el hambre y la desnutrición para dedicarse a su crecimiento intelectual y educativo sin trabas.