Con apenas algunas horas de diferencia, en dos sucesos de calificación trascen­dental, la administración del presidente Santiago Peña ha devuelto al país su condición de Estado independiente, libre y sobe­rano para asumir las decisiones que más convengan a su pueblo. Pero lo hace dentro de un contexto de relacionamiento entre iguales en dignidad y de recí­proco respeto, más allá de las diferencias en cuanto a potencial económico, político y/o militar. Paraguay, una vez más, hizo honor a su tradición histórica de asumir con valentía y firmeza los desafíos de la inte­gración, rechazando, al mismo tiempo, cualquier pretensión de avasallamiento o la imposición de arbitrarias exigencias. Para alcanzar sus objetivos, sin perjudicar los intereses de sus pares en la nego­ciación –siempre en la búsqueda del justo equilibrio en estos casos– recurrió a la fuerza de los argumen­tos fundados en la razón y las convicciones centra­das en una lógica irrebatible. El acuerdo alcanzado entre las Altas Partes de nuestro país y del Brasil sobre la tarifa de la represa hidroeléctrica Itaipú sorprendió a medios de comunicación y represen­tantes de la oposición, así como a técnicos del sector energético, que han demostrado su abierta animosi­dad contra este gobierno. Quedaron, pues, anona­dados, aunque rápidamente se repusieron en sus malquerencias, no solamente porque se alcanzó un monto (19,28 dólares) que arruinó sus expectativas, sino, esencialmente, porque eso significó una gran conquista del actual Poder Ejecutivo y su equipo técnico de alta graduación académica e intachable integridad profesional.

Se logró mejorar la anterior tarifa acordada por el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, en 16,71. Paraguay accederá a 280 millones de dóla­res en concepto de royalties, 650 millones de ingreso adicional que serán destinados a inversión social, 265 millones por compensación de energía cedida y 53 millones en utilidad de capital. Y otro dato no menor: nuestro país podrá vender libremente al mer­cado brasileño toda la energía que le corresponde y que no es utilizada en Paraguay. Sin embargo, el gesto inicial de estupor e incredulidad, rápidamente fue suplantado por “expertos” de todos los pelajes que están tratando afanosamente de desacreditar esta doble conquista. Entre ellos, algunos mediocres amanuenses del exmandatario Abdo Benítez, quie­nes reproducen libretos mal intencionados y peor redactados buscando instalar confusión en la ciuda­danía. Pero, conociendo sus escasas luces y su nula capacidad de reflexión, la sociedad pasa por alto sus mamotretos, exabruptos y libelos difamatorios.

Lo que ocurre es que este acuerdo patriótico es la cara opuesta del acta entreguista que estuvo a punto de firmar Abdo Benítez, rifando nues­tra soberanía e hipotecando el futuro de nuestro pueblo. Y que no llegó a hacerlo porque se descu­brió a tiempo su imborrable traición a la patria. Así que lo que digan sus secuaces carece de cualquier valor, así como las opiniones de los detractores del reciente acuerdo suscrito con el Brasil, porque a lo largo de cinco años fueron funcionales a aquel gobierno signado por el despilfarro y el latrocinio impúdico y escandaloso a las arcas públicas, como la pareja de dirigentes propietarios del Partido Democrático Progresista (PDP).

Esta tarifa fue posible mediante la gran capacidad técnica de los negociadores paraguayos y la predis­posición de sus pares brasileños para comprender que el planteamiento de nuestro Gobierno no tenía otro objetivo que poner el fiel de la balanza en su exacto medio, donde cada uno obtendrá los benefi­cios que por derecho les corresponde. Así se cons­truye la verdadera hermandad latinoamericana, más allá de la retórica y los discursos simplemente emoti­vos. La preocupación de la opinión pública –agran­dada por los voceros del pesimismo y agoreros del fracaso– tendrá que ser honrada con una explicación clara y la utilización transparente de estos recursos que, así como ya lo señalaron las autoridades, ser­virán para fortalecer los servicios y atenciones a los sectores más vulnerables y a las familias más caren­ciadas y desprotegidas de la sociedad.

El otro punto de reafirmación de nuestra sobera­nía fue la posición asumida por el presidente Peña con respecto al Reglamento 2023/1115 de la Unión Europea, que los productores nacionales consideran que se trata de un sistema de importación unilate­ralmente impuesto. El jefe de Estado, durante una reunión que tuvo lugar en Colonia Obligado, depar­tamento de Itaipúa, sostuvo que “Europa se va a dar una gran sorpresa el día que tenga problemas de abastecimiento de alimentos, porque esto que están haciendo (sus países miembros) es una locura”. Y agregó que “nuestra determinación es inquebranta­ble, sea Unión Europea, sea China o quien sea, nadie nos va a venir a atropellar, nadie. Yo estoy decidido a eso y tengo ministros que están decididos a esto”. Seguidamente, aseguró a los productores que “el camino para el progreso no conoce de atajos; vamos a entregar más títulos, más financiamientos; vamos a acceder a más mercados”, garantizando un desarro­llo inédito para el Paraguay, a diferencia de aquellos que “quieren seguir con su locura de imponer res­tricciones y precio a los alimentos”.

Peña obtuvo el inmediato respaldo de la Asociación Rural del Paraguay, subrayando explícitamente que no admitirá ningún tipo de injerencia dentro del marco legal nacional y que “ponga en riesgo la sobe­ranía del país”. Dejando, igualmente, abierta la posi­bilidad de una cooperación técnica con participación de la Unión Europea, sin que ello implique acep­tar sus imposiciones. Estamos ante dos hechos que son mensajes indubitables enviados a la comunidad internacional: Paraguay ha recuperado su sobera­nía, una soberanía subastada en el periodo anterior, y que el actual gobierno está dispuesto a presentar batalla para defenderla y preservarla.