Pese al tiempo transcurrido y el rosario de denuncias documentadas que grupo de pobladores de Ciudad el Este presentó ante el Ministerio Público contra el intendente Miguel Prieto, este sigue desparramando una soberbia impune, sin precedentes. Hace tiempo que este personaje tendría que estar tras las rejas por los escandalosos hechos de corrupción que se le atribuyen, algunos como el caso de las compras de alimentos en pandemia que fueron confirmados con imputaciones muy bien sustentadas con evidencias de un esquema de adquisiciones fraudulentas.La Justicia no debe permitir que Prieto se siga burlando de los ciudadanos del Este que no merecen la pésima administración del intendente que se enfoca en el bolsillo de sus leales antes que los intereses de la comunidad.
La última chicana planteada por el lord municipal y su equipo de abogados raya la humillación para Fiscalía, ya que pide una auditoría a las causas abiertas de modo de paralizar los procesos ya que, al perecer, carece de elementos para rebatir las denuncias.
Es inaudito que una persona como Prieto que acumula serie de evidencias de mala administración pretenda convertirse en juez de quienes lo investigan y a quienes debe rendir explicaciones sobre el uso del dinero público.
Con su nueva maniobra, el jefe comunal busca congelar las 42 denuncias presentadas en su contra por grupo de ciudadanos del Este, etc.
El recurso presentado es conocido porque es habitualmente utilizado por quienes son señalados por el uso irregular del dinero público. Cuando es presentado por personas ligadas al Partido Colorado la oposición estalla con críticas y sale al ataque con toda la artillería, pero cuando los chicaneros son sus aliados políticos como es el caso de Prieto quieren convertirlo en un perseguido.
Entre las causas que Prieto busca paralizar se encuentra el proceso que afronta por el sonado caso Tía Chela, un autoservicio de barrio que sin tener la cantidad de víveres se le adjudicó una compra de alimentos de casi G. 3.000 millones. Este fue el inicio de un esquema en el que se acudieron a facturas de compras de negocios que nada tienen que ver con el rubro para justificar la provisión de las mercaderías que debían repartir entre los pobladores más vulnerables durante la pandemia.
Aparece el nombre de Vanessa Florentín, otra imputada por el caso Tía Chela. Amiga y hoy funcionaria leal de Miguel Prieto emitió facturas a nombre del mencionado autoservicio para ayudar al proveedor que no tenía las mercaderías que vendió a la Municipalidad de Ciudad del Este. Sin embargo, el negocio de Florentín corresponde al rubro de la construcción.
De todo lo mencionado, más la existencia de beneficiarios fantasma, otros que residían fuera de Ciudad del Este, en ciertos casos hasta en el exterior, más otras evidencias documentales llevó a la Fiscalía
A lo mencionado, se suma la compra de 50 mil kilos de harina, una decena de insumos comestibles como 1.400 kilos de azúcar blanca, 5.000 kilos de grasa vegetal, 1.250 kilos de levadura, 1.000 kilos de sal fina, 100 litros de esencia de manteca, etc., que se adjudicó al humilde constructor de pozo artesiano de la ciudad de Mallorquín, don Buena Ventura Morínigo. Este señor, tío a la vez de la amiga involucrada en el caso Tía Chela, había dicho no estar enterado de la adjudicación y que ni idea tiene de lo que es una licitación.
La lista de denuncias incluye el caso de la disco-constructora SCDE SA, antes conocida como Golden Rouge SA, pasó de ser un club nocturno para convertirse en una constructora favorecida por la Municipalidad de Ciudad del Este con más de G. 14.000 millones (unos USD 1,7 millones) en contratos desde 2022. De vuelta, en el esquema aparecen involucrados funcionarios leales a Prieto. Y así existe una larga lista de irregularidades atribuidas a su gestión, que siguen sin definirse en la Justicia y que deben ser esclarecidas.
Con este historial un Miguel Prieto impune resulta un verdadero peligro para los intereses de los contribuyentes esteños como de todo el país, considerando que la municipalidad también recibe recursos estatales como Fonacide, royalties, etc.
La Justicia debe evitar que el intendente de Ciudad del Este siga burlándose de las leyes y que asuma las irregularidades que hubiere durante su administración.