Como es habitual en el mes de marzo de cada año, desde hace más de una década se realiza estos días la tradicional mar­cha campesina, que con la intervención de algunas agrupaciones políticas y gremia­les opositoras se quiere extender por más tiempo y con expresiones y actitudes cerca­nas a la violencia. De ese modo algunos sec­tores sin mayor arrastre popular quieren aprovecharse de los hombres y mujeres del campo para levantarse contra el Gobierno y sus realizaciones, demostrando su dramá­tica orfandad de gente. El uso político bru­tal de las manifestaciones populares trae al recuerdo los acontecimientos del famoso Marzo Paraguayo, en 1999, cuyos actos vio­lentos ocasionaron la muerte de varias per­sonas, hecho doloroso que nunca más se tiene que permitir.

Las organizaciones campesinas no ven con buenos ojos el que se los quiera utilizar para empañar sus reivindicaciones con actitudes que riñen con su manera de ser y actuar, tal como quieren hacer algunas agrupaciones contrarias al Gobierno nacional.

Las autoridades respetarán y garantizarán las movilizaciones populares como mandan las normas vigentes y los usos de un país democrático. Así como está atento a evitar desmanes y actitudes violentas que puedan ir contra las libertades y los derechos de las personas y de las instituciones.

El artículo 32 de la Constitución Nacional establece claramente que la libertad de reu­nión y de manifestación de las personas es un derecho. Y que pueden reunirse y mani­festarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de pedir permiso. Los ciudadanos también tienen derecho a no par­ticipar de ese tipo de actos si no lo desean, por lo que no se los puede obligar. La Carta Magna enfatiza que se deben preservar los derechos de terceros y el orden público como establecen las leyes. Y por ello habla de regla­mentar las movilizaciones en lugares de tránsito público y en ciertos horarios.

Justamente para garantizar la moviliza­ción mencionada y el respeto al derecho de las personas el Gobierno dispuso desplegar 12.000 agentes de la Policía Nacional en los días de las manifestaciones.

El comandante de esa unidad de seguri­dad, comisario Carlos Benítez, manifestó que la institución se encargará de garanti­zar la realización y la libre expresión de las manifestaciones. Y también acompañará la prevención, la seguridad, la integridad y los bienes de las personas que no se involucren en las marchas.

Aparte de la Policía Nacional, numerosas instituciones estatales, como el Ministe­rio de la Niñez, la Defensoría del Pueblo, el Indi, la oficina de Derechos Humanos, además de la Policía de Tránsito de varios distritos trabajarán de manera coordinada para el desarrollo normal de las moviliza­ciones.

Como puede observarse, el Gobierno nacional garantiza con todos sus organis­mos especializados la libertad de reunión y movilización, con lo que se espera que la realización de las marchas se haga de manera normal, como corresponde a una manifestación popular pacífica. En una democracia todos los ciudadanos y ciudada­nas tienen el derecho de expresarse, actuar y movilizarse de acuerdo a sus intereses. Todo de manera pacífica y sin ir contra el derecho de los demás. Por eso están y esta­rán fuera de lugar las personas y grupos políticos que solo quieren producir hechos violentos para romper la tranquilidad y lla­mar la atención hacia sus reivindicaciones.

Romper vidrios de edificios y de automóvi­les, destruir objetos, lanzar piedras hacia los efectivos de seguridad y las personas que no intervienen en los actos, agredir físi­camente a todos los que no estén con ellos es el modo de actuar de muchos desubica­dos de movimientos políticos y sociales que no se puede aceptar. Usan la violencia y la agresión física porque saben que la razón no les asiste y que solo pueden hacerse sen­tir mediante actos vandálicos y conductas inaceptables.

Los violentos solo quieren destruir objetos, lastimar personas y poner en jaque la vida pacífica del país. Por esa razón, lo aconseja­ble es no permitirles actuar de manera bru­tal, sino pacífica.

Debido a ello hay que proteger como corres­ponde a los que se manifiestan de forma respetuosa hacia los demás. Y encauzar por las vías pacíficas normales a todos los que tienen ganas de hacer daño a los otros, obli­gándoles a que cumplan las leyes y que se comporten como personas de bien, como corresponde a cualquier miembro de la sociedad paraguaya.