El número de casos de abuso sexual infantil registrados en el Observatorio del Ministerio Público sigue siendo espantoso, pese a que ha producido una leve disminución en los últimos dos años. Esta es una situación que, pese a la gravedad, no despierta la conciencia colectiva con la fuerza necesaria que amerita y que sea capaz de reforzar las estrategias desde el Estado.
Los abusos sexuales en niños y niñas son –lamentablemente– parte de una realidad que se arrastran de antaño. Si bien en las últimas estadísticas compartidas por el Misterio Público disminuyeron algunos números, el flagelo continúa siendo una gran preocupación.
El caso de Felicita Estigarribia –“la niña de las mandarinas”– que en 2004, a sus 11 años, fue abusada sexualmente por un hombre quien no conforme con la vejación la estranguló hasta acabar con su vida. Este horrendo caso reflotó la indignación con el arresto del presunto autor, después de 21 años de aquel estremecedor suceso. Sin embargo, hechos sangrientos como este continúan ocurriendo en la actualidad, algunos más sonados, o más mediatizados que otros.
Otra triste realidad es que los casos de abusos a niños ocurren en el seno familiar o en el entorno más inmediato, por lo que es importante prevenir desde el hogar. Los profesionales enseñan que hay que apelar en la mayor medida posible al diálogo y enseñar a los chicos que nadie les puede tocar en las zonas privadas de su cuerpo.
Aunque parezcan mensajes repetitivos y gastados la insistencia –por qué no decir incluso la obstinación– en los cuidados son fundamentales para instaurar conciencia sobre el flagelo social que implican los abusos y que cualquier menor puede correr con esa suerte. Todos los ciudadanos de bien de este país tenemos la obligación de asumir el compromiso de una lucha que es válida: se trata del futuro de nuestras generaciones, el futuro del país y el mundo.
Pero señalemos algunas cifras lacerantes y duras. De 2021 hasta abril de 2025, el Ministerio Público, a través de las oficinas de denuncias, recibió un total de 15.023 causas por abuso sexual en niños a nivel país. Según este reporte, el promedio de víctimas es de 9 años y esto resulta escalofriante considerando que es una edad sensible, vulnerable, una etapa de la vida que requiere mucha contención para la formación, el discernimiento que se va adquiriendo con el desarrollo personal.
El detalle de los registros refiere que en el año 2021, año de pandemia precisamente, fueron investigadas 2.966 causas, mientras que, en 2022 ingresaron 3.812 hechos. En 2023, hubo 3.563 causas, mientras que el año pasado se cerró con 3.546 causas. En lo que va de este año 2025, hasta el mes de abril fueron reportadas 1.136 causas en la Fiscalía.
El 53 % de las víctimas tiene entre 10 y 13 años, el 34 % de los menores afectados tiene entre 5 a 9 años y el 14 % niños de hasta 4 años. Según el reporte del Observatorio del Ministerio Público, el 30 % de los presuntos agresores tiene entre 18 a 29 años, mientras que el 23 % corresponde a menores de 18 años; un porcentaje preocupante, ya que también se trata de menores de edad.
Otros datos igual de hirientes que proporciona el Ministerio Público señalan que el 26 % de los investigados por el hecho punible de abuso sexual tiene entre 30 a 44 años de edad. El 13 % corresponde a personas de 45 a 59 años de edad y el 7 %, a 60 años y más.
Resulta igual de increíble como personas que van entrando a la tercera edad caen en estos casos y se constituye también en una llamada de atención sobre el cuidado de la salud mental que debe abordarse para quienes afrontan esta etapa de la vida en la que generalmente se encuentran hastiados de renunciamientos.
Central, Asunción, Itapúa, Alto Paraná y San Pedro acaparan estos números lamentables, y se han convertido en son zonas de mucha preocupación por los índices de denuncias.
La tarea no es fácil, desde luego; se torna compleja por los vínculos existentes en los casos denunciados. La pelea no es solamente hacer justicia, sino confrontar a seres queridos, divisiones familiares, reclamar al entorno. Son procesos que requieren tratamientos con cuidado extremo y tacto especial para llegar a la verdad detrás de los sucesos.
El Estado a través de sus instituciones se encuentra ante un desafío altamente sensible tanto para la implementación de proyectos de prevención como de contención y recuperación de las víctimas. El esquema tiene que encarar políticas más rigurosas, más visibles y empáticas, ya que todo dependerá de la receptividad de la ciudadanía y las familias en sumarse a la meta que persigue uno de los flagelos sociales más angustiantes: el abuso de los niños y niñas.