El Gobierno ha establecido un des­pliegue conjunto de las fuerzas militares del Estado para comba­tir el delito más fuerte que azota a la economía del país, la actividad econó­mica ilegal conocida como contrabando. A pesar de los avances realizados en los dos últimos años con la administración actual, el quebrantamiento legal sigue teniendo una gran fuerza y necesita ser enfrentado con todas las armas disponibles, sobre todo atacando el ingreso y el desplazamiento de productos y mercaderías que no pagan sus impuestos y dan vida económica y fuerza a la actividad delictiva.

Con la operación denominada Jejoko Mbarete, el Poder Ejecutivo está mon­tando la persecución a los contrabandis­tas por tierra, aire y agua. El ministro de Defensa, Óscar González, explicó que por orden del presidente Santiago Peña, tanto la Armada, el Ejército como la Fuerza Aérea están realizando operaciones con­juntas para perseguir la delincuencia y poner límite a la actividad delictiva que opera en todo el país.

La tarea de las Fuerzas Armadas se suma a la acción de otras instituciones, como el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT), que se encargará de mul­tar y aplicar las sanciones económicas a los infractores de la ley. El desempeño de esta dirección se aplica con la interven­ción directa a las empresas y personas que actúan en la actividad comercial ilí­cita de la economía subterránea.

Desde el inicio de su gestión en el 2023 y en especial a partir de 2024, con diversas medidas, el Gobierno ha dado un fuerte golpe a la cadena de la economía delic­tiva que opera a escondidas en los puertos ilegales, en empresas comerciales que no pagan impuestos y operan en la clandesti­nidad. Pero es de tal magnitud la influen­cia de los ilegales, que se requiere intensi­ficar la tarea para ir conquistando nuevos espacios de legalidad.

Aunque no se tienen datos de los dos últi­mos años, su dimensión es tal, que las cifras de estudios que se conocen indi­can que casi la mitad del producto interno bruto (PIB) está afectado por esa transgre­sión económica. De acuerdo con trabajos de investigación de los años 2022 y 2023, la economía informal, de la que el contra­bando es una parte significativa, repre­senta alrededor del 47,1 % de la economía. Según los especialistas, es un componente clave de la actividad económica subterrá­nea, pues afecta a muchos productos, y en algunos casos impacta hasta el 80 % del movimiento comercial de determinadas mercaderías de consumo.

El golpe que asesta el ilícito a la estructura del país, que se multiplica en una serie de operaciones ilegales, perjudica directa­mente al Estado y a la mayoría ciudadana al impedir que se consigan suficientes recursos monetarios para cubrir los gastos estatales de mayor importancia, como la educación, la salud y la seguridad.

Los estudios de entidades económi­cas del sector privado dan indicios de la fuerte incidencia del contrabando. Y que su volumen y valor han ido creciendo a través de los años. Según las cifras de las investigaciones, el ilícito representaba en el 2018 alrededor de 19.658 millones de dólares, suma que fue creciendo y que cuatro años después, en 2022, alcan­zaba los 22.019 millones de dólares, un aumento del 12 %.

Mediante la acción de la nueva admi­nistración que asumió el 15 de agosto de 2023, en 2024 el crecimiento de los ingresos tributarios fue del 20 % compa­rado con la recaudación del año anterior. Esto gracias al desempeño de la DNIT que desarrolló el mejoramiento cualita­tivo del control y la fiscalización de los sectores económicos que hasta entonces eludían el cumplimiento de las leyes. Ese año se incautaron mercaderías de contra­bando por más de 19 millones de dólares y se recuperaron 462 mil millones de gua­raníes mediante procedimientos tributa­rios, lo que demuestra la extraordinaria dimensión de la economía que está fuera de los controles legales.

Las fiscalizaciones han mejorado y posibi­litaron avances importantes en las recau­daciones. Pero todavía subsiste un gran sector de la actividad económica que está fuera de la ley, que debe ser encausado por la fuerza. Que es lo que se está haciendo con las medidas que acaba de adoptar el Gobierno mediante la utilización de los organismos de seguridad para perseguir el contrabando y los demás ilícitos que for­man parte del esquema marginal.