Una drástica sanción aplicó el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol al defensor liberteño Alexander Barboza (26 años), sin considerar sus descargos sobre la provocación recibida por parte de Guillermo Paiva del Olimpia en el clásico blanco y negro. En ese sentido, no hizo lugar a la prueba pericial de lectura de lenguaje de labios solicitada por el jugador, quien adujo que recibió un trato discriminatorio “negro de mierda”, lo que provocó su reacción en contra de Paiva.
Además de la sanción de un partido por la expulsión que ya cumplió en la fecha precedente, Barboza fue “sancionado con la multa de 30 salarios mínimos mensuales y la suspensión de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución, de conformidad al Art. 79 del Código Disciplinario de la APF”. Por esta determinación, el zaguero argentino se perderá por lo menos 6 partidos más hasta volver a estar disponible para el entrenador Daniel Garnero, quien ya prepara el once para medir a Ameliano mañana.
¿NO ES INSULTO?
El futbolista de Libertad cuestionó la decisión a través de sus redes sociales. “Condenan un acto violento de manera ejemplar, pero un acto de racismo no es motivo de sanción. La palabra negro utilizada en forma despectiva y como insulto, ¿Para ustedes no es motivo de sanción alguna?”, expresó el argentino. Barboza dejó una serie de imágenes muy fuertes, donde recibe insultos racistas de algunos aficionados. “No al racismo, ni en el fútbol ni en ningún otro lugar”, expresa el texto.
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Diputados sanciona ley que establece permisos para trabajadoras en estado de gestación
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que “establece permisos para trabajadoras en estado de gestación” y la iniciativa fue remitida para su promulgación o veto al Poder Ejecutivo. Los legisladores a favor de esta iniciativa manifestaron la importancia de ofrecer mejores condiciones para la protección a la maternidad, sobre todo en periodos de gestación.
“Ratificamos nuestro compromiso con la protección y la defensa de la vida desde su concepción y de las madres gestantes. Aprobamos el proyecto de ley que plantea mejorar las condiciones laborales y el soporte que reciben las mujeres gestantes en el Paraguay”, expresó el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, a través de su cuenta de X.
Durante la sesión ordinaria, el legislador expuso la necesidad de fortalecer los derechos laborales de las madres y la necesidad de que el Estado haga su mayor esfuerzo para que los embarazos sean transitados dentro de las mejores condiciones sanitarias posibles y que no existan limitantes para que las mujeres puedan acudir a sus controles sin que su trabajo sea un impedimento.
“El Estado paraguayo debe hacer su mayor esfuerzo para que nuestras madres tengan las mejores condiciones posibles para traer a esta nueva vida al mundo”, expuso Latorre. A la par, felicitó a su colega la diputada Carmen Giménez, quien explicó que lo que se busca a través de esta normativa es que las mujeres no se vean afectadas por descuentos o sanciones por acudir a sus controles prenatales.
¿En qué consiste la ley?
De acuerdo a esta iniciativa que ya fue aprobada por ambas Cámaras, las mujeres en periodo de gestación tienen derecho a ausentarse de su lugar de trabajo, ya sea el sector público o privado para consultas de control o estudios hasta por cuatro horas, con la posibilidad de que este tiempo se extienda de acuerdo al criterio del médico tratante y debiendo expedirse en una constancia o certificado.
Esas ausencias serán computadas como horas trabajadas a los efectos de que no sufran de descuentos en sus salarios. Además, en caso de incumplimientos por parte de la patronal, se podrán establecer multas que serán destinadas al programa materno infantil del Ministerio de Salud.
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“La Secretaría de la Función Pública en el sector público y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el privado, deberán diseñar y aplicar estrategias de control para el efectivo cumplimiento de la presente ley”, sostiene la legislación en uno de sus artículos.
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Sancionan proyecto de ley para Parque Industrial en distrito de Hohenau
La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que desafecta del dominio del Instituto Forestal Nacional (Infona) y autoriza a transferir a título gratuito, a favor de la Municipalidad de Hohenau, para la construcción de un Parque Industrial. La propuesta ya contaba con media sanción de la Cámara Baja y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
De acuerdo a la propuesta legislativa, se trata de un inmueble individualizado como Finca N.º 678, matrícula H12/451, padrón 519, ubicado en Hohenau 1, zona rural, que será transferido al municipio para dar asiento al “Parque Industrial Pradera Alta de Hohenau”. Este proyecto de Ley fue presentado por el diputado Sebastián Emilio Remesowski.
Durante el estudio de la propuesta, el senador José Ledesma, presidente de la Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, explicó que el proyecto busca la transferencia gratuita de un inmueble del Infona al municipio de Hohenau, en el departamento de Itapúa.
“Este terreno se destinaría al Parque Industrial Pradera Alta de Hohenau, donde ya se encuentran en ejecución las primeras industrias mediante acuerdo de usufructo. La propuesta contempla desafectar 20 hectáreas. El distrito de Hohenau posee una ubicación estratégica para la implementación y puesta en funcionamiento del parque industrial Pradera Alta, que sin lugar a dudas el proyecto traerá un impacto socio-económico muy positivo para la zona”, explicó.
A su turno, el senador Ever Villalba, vocero de la Comisión de Desarrollo Social, señaló que se ha emitido un dictamen favorable con modificaciones de forma al proyecto. Mientras que el senador Eduardo Nakayama manifestó su apoyo a la iniciativa, destacando que podría generar al menos 500 empleos en la zona, además de fomentar futuras inversiones.
El senador Dionisio Amarilla defendió la propuesta señalando que la instalación de los Parques Industriales trae desarrollo para la zona, y muestra de ello ya hay en Concepción, Minga Guazú, que ya tienen desarrollos relevantes.
“El distrito de Hohenau es un municipio de desarrollo industrial importante; entonces un parque industrial en esa zona del país le hace muy bien al desarrollo de la economía, al desarrollo de las competencias, al desarrollo de la manufactura”, afirmó.
Tras un breve debate, se presentaron tres mociones. El senador Sergio Rojas propuso cambiar el término “gratuito” por “oneroso”; la senadora Celeste Amarilla sugirió reducir la transferencia de 20 a 5 hectáreas, mientras que el senador Natalicio Chase manifestó su respaldo a la versión aprobada en la Cámara de Diputados. Finalmente, el texto de Diputados fue sancionado sin modificaciones y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o rechazo, conforme al procedimiento legislativo.
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Con 31 votos, Senado sanciona control a las oenegés, versión Diputados
Tras un extenso debate, el Senado sancionó este miércoles con una amplia mayoría el proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. El documento será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
La propuesta que figuraba en el cuarto punto del orden del día de la sesión ordinaria, terminó siendo analizada como primer punto a solicitud del senador Natalicio Chase, quien ejerce el liderazgo de la bancada del movimiento Honor Colorado. Finalmente la versión aprobada días atrás por Diputados fue la que prevaleció en la Cámara Alta, teniendo en cuenta que la iniciativa posee modificaciones sugeridas desde el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña.
El resultado fue el siguiente 31 votos a favor, por la versión de la Cámara de Senadores 1 voto, por el rechazo de ambas versiones 10 votos, 1 ausente y 2 abstenciones. Desde la oposición, quienes se muestran contrarios al proyecto, instan a Peña a actuar de manera “racional” y proceda a vetarlo totalmente por considerarlo inconstitucional y autoritario bajo el argumento de que se pretende controlar la actividad civil de la ciudadanía.
Desde las comisiones asesoras de Legislación, Hacienda y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado aconsejaron al pleno sancionar íntegramente el texto de Diputados. “El presente proyecto ya fue objeto de estudio en esta cámara y viene a cubrir una laguna existente en nuestra legislación con respecto al control de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales que guardan relación con sectores, prestaciones o ámbitos de competencia del Estado, municipios, universidades públicas y demás entes públicos”, dijo el senador Derlis Maidana durante su intervención.
El titular de la Comisión de Legislación siguió afirmando que los cambios de la cámara revisora se sustancian principalmente en el artículo 2 respecto al alcance del proyecto de ley. “Las entidades u organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, partidos, movimientos políticos, iglesias, se encontrarán excluidos expresamente del alcance de la presente ley, salvo que reciben, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales”, manifestó.
De la misma manera también se encontrarán excluidos las organizaciones de carácter estrictamente deportivo no profesional, los sindicatos y asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas y estudiantiles, las comisiones vecinales y juntas de saneamiento ambiental.
Detalló que otro punto guarda relación con el derecho a la libre asociación. “Se establece que toda persona tiene el derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos, comprendiendo la facultad de asociarse para fines sociales, económicos y políticos.
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En cuanto a la autoridad de aplicación, Maidana indicó que se establece que será el Ministerio de Economía y Finanzas, sin perjuicio a las facultades que le corresponden a la Contraloría y otras instituciones y organismo en el ámbito de su competencia.
Mientras que en el artículo 5 del proyecto de ley se estableció el deber de promover y apoyar las iniciativas asociativas. “El Estado no viene a coartar, al contrario viene a estimular para que las personas se asocien sin fines de lucro”, refirió Maidana.
El documento en su artículo 6 refiere que el Estado garantizará la plena autonomía de las oenegés y no agotarán medidas que interfiera en su funcionamiento. En su artículo 7 prevé que formarán parte del Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y del Registro Administrativo de Beneficiarios Finales dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas.
En el artículo 15 se hace mención a las infracciones. En relación a las personas físicas, figura la eliminación de la sanción económica a los directivos de las oenegés, pero se mantendrá el apercibimiento por escrito y, en caso de reincidencia, 5 años de inhabilitación para administrar o gerenciar una organización no gubernamental.
Mientras que para las personas jurídicas, se mantendrá en el documento, como primera medida, el apercibimiento por escritos y, de existir la reincidencia, una suspensión al organismo infractor por un plazo de hasta 6 meses.
Asimismo el artículo 19 dice que las disposiciones de la presente ley no afectarán las competencias de las instituciones con facultad de regulación, control y fiscalización sectorial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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Sancionan fusión de Dinavisa y el Inan
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley mediante el cual se fusionan la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (Inan). La iniciativa ya contaba con media sanción por parte de la Cámara de Senadores, por lo que ahora se remitirá al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
De acuerdo a lo que explicó la diputada Cristina Villalba, quien integra la Comisión de Presupuesto, mediante esta fusión se busca evitar la duplicación de funciones y superposición de roles entre ambas instituciones y permitirá fortalecer el ámbito de la vigilancia sanitaria, el control de calidad, la regulación de los productos para la salud, los alimentos entre otros.
La legisladora habló de la necesidad de modernizar el Estado de modo a evitar la duplicación y la superposición de funciones y recordó la ley N.° 7.278 que regula la administración estatal y establece este mismo concepto en su artículo primero. Asimismo, indicó que el proyecto plantea incorporar funciones del Inan y la Dinavisa.
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En el mismo sentido, otro de los objetivos es reforzar las atribuciones de ambas instituciones y unificar las tareas de vigilancia sanitaria, de modo a asegurar la calidad de los productos en circulación y permanecerían a cargo de dicha cartera ministerial, las políticas públicas, planes, programas de alimentación relativos a la nutrición y alimentación de la población, el control epidemiológico, así como los servicios de salud asistenciales y los programas de nutrición y alimentación.
Según lo que dispone el proyecto de ley, los bienes, muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, asignados a las dependencias del Inan, así como también los funcionarios permanentes y el personal contratado, pasan a formar parte de la Dinavisa, a excepción de aquellos que cumplen funciones en la dirección y en los programas alimentarios y nutricionales, quienes permanecerán como dependientes del Ministerio de Salud.
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