En Cerro Porteño sigue el culebrón con el caso del arquero brasileño Jean Fernandes, más todavía ahora que fue expulsado con tarjeta roja directa en el superclásico Miguel Martínez y no podrá estar en los siguientes juegos.
Ariel Martínez, vicepresidente del Ciclón, confirmó que hubo indisciplina de parte de quien fuera golero titular y fue separado por el entrenador Víctor Bernay de los partidos frente a Resistencia (triunfo 5-2) y Olimpia (empate sin goles).
“Jean salió de la concentración sin tener autorización de la directiva, ni del entrenador, ni del mánager. Fue una violación a las normas del club cuando todos sus compañeros se quedaron”, dijo Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro, en declaraciones a Versus Radio Nación Media.
“Todo está en manos del Departamento Jurídico. Jean es empleado del club y está a disposición del técnico”, agregó el alto directivo.
CONTRA EL ARBITRAJE
En Cerro Porteño hay disconformidad con la labor arbitral y el descontento sube con el correr de las fechas.
“Teníamos mucha esperanza (en Éber Aquino), pero lastimosamente sigue todo igual”, acusó Martínez, al ser preguntado sobre el desempeño del arbitraje paraguayo.
No obstante, el dirigente reconoció que ha sido un año malo y el club realizó pobre campaña en todos los torneos en los que le cupo participar a nivel local e internacional.
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Victoria definitiva: jueza de EE. UU. cierra el caso de interferencia electoral contra Donald Trump
Una jueza aceptó este lunes cerrar el caso contra Donald Trump por el presunto intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden.
La jueza federal Tanya Chutkan siguió las recomendaciones del fiscal especial Jack Smith, quien optó por cumplir la política adoptada hace más de 50 años por el Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.
Smith también renunció a procesar al magnate republicano por guardar documentos clasificados después de irse de la Casa Blanca, el otro caso federal que tenía pendiente.
Desde las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, tenía casi garantizado que se libraría de estos dos casos.
En el primero, en Washington, la jueza Chutkan aprobó rápidamente la petición de Jack Smith de desestimar los cargos, sin prejuzgar si deben reabrirse al final del mandato del republicano de 78 años.
Esta recomendación es “coherente con la interpretación de la fiscalía de que la inmunidad concedida a un presidente en ejercicio es temporal, expirando cuando abandona el cargo”, dijo.
El fiscal especial ya había cancelado todas las fechas del calendario judicial para los dos casos, dándose de plazo hasta el 2 de diciembre para “analizar esta situación sin precedentes”.
El Departamento ha seguido la política de no procesar a un presidente en ejercicio desde 1973, en pleno escándalo del Watergate, pero el caso de Trump, elegido presidente tras ser procesado penalmente, es inédito.
Tal vez en el 2029
El fiscal especial recomendó a la jueza que desestimara el caso a la luz de esta política pero dejó abierta la posibilidad de que pueda reactivarse una vez que Trump deje el cargo, en principio en 2029.
La posición sobre “la acusación contra el demandado no ha cambiado”, recalcó, “pero las circunstancias sí”.
“Desde hace mucho tiempo, la posición del Departamento de Justicia ha sido que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en funciones”, explicó el fiscal.
Fuente: AFP
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Senador de Alto Paraná no descarta requerir emergencia departamental ante inseguridad
“La inseguridad en Alto Paraná está en auge. Estamos cerca de fin de año y las olas delictivas pueden empezar a aumentar”, sostuvo el senador del movimiento Yo Creo, Rubén Velázquez, tras referirse sobre el atraco registrado en la noche de este último miércoles a una entidad bancaria por parte de un grupo de diez delincuentes fuertemente armados.
“Fue un episodio muy importante lo que pasó en Naranjal, un asalto tipo comando con explosivos y armas de grueso calibre. Los pobladores de Alto Paraná están muy preocupados por estos hechos y considero que el Ministerio del Interior tiene que tomar acciones inmediatas”, indicó a los medios de comunicación.
Durante el atraco, los malvivientes esparcieron clavos miguelito por toda la zona y dañaron dos patrulleras policiales y al menos tres vehículos particulares. Según el informe proporcionado por las autoridades del banco, mediante un arqueo se determinó que la cifra sustraída equivale a G. 2.800 millones en billetes de varias denominaciones, entre dólares y reales.
“Voy a reunirme con el ministro Enrique Riera y con mi equipo pediremos informes para tener mayor información sobre los hechos acaecidos. Los datos que pueda obtener serán muy importantes porque me permitirá plantear una declaración de emergencia contra la ola de inseguridad existente, los hechos delictivos aumentan con la llegada del fin de año”, comentó.
Asimismo, el parlamentario de la oposición dijo que no se puede descartar una posible complicidad policial. “Hay una desidia total de la Policía Nacional, es muy llamativo que el servicio de inteligencia ya tenía conocimiento que se estaban organizando grupos criminales para perpetrar atracos en el departamento, sin embargo no están haciendo nada al respecto. Tres horas después de una alerta policial la entidad bancaria fue sujeto a un asalto”, refirió.
Velázquez acotó que “me preocupa aquí que exista una complicidad por parte de policías. Por qué no actuaron si ellos ya tenían informaciones. Esto es mucho más preocupante más allá de una suerte de desidia o inoperancia”.
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Otorgan prisión domiciliaria a canoero en el caso en el que un padre se tiró al río Paraná
La justicia hizo lugar al pedido de arresto domiciliario para el canoero Alcides Adorno Insfrán, quien estaba procesado por el suceso en el que padre e hijas fueron encontrados sin vida en el río Paraná. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelar. Adorno Insfrán estuvo por varios días recluido en la comisaría local para luego ser trasladado hasta la penitenciaria de Ciudad del Este.
El hombre fue detenido por presunta complicidad tras la desaparición de Rafael Ortiz y sus tres hijas, debido a que habría prestado su canoa para que Rafael Ortiz pase al lado argentino. Sin embargo, días después se dio el triste desenlace. Está imputado por presunta violación en el deber del cuidado.
En la misma causa está detenido Felipe Ortiz Colina, padre del fallecido y abuelo de las niñas, quien sigue detenido, mientras que Adorno Insfrán fue beneficiado con prisión domiciliaria. Con relación al abuelo de las niñas, el mismo sigue privado de su libertad de acuerdo a las informaciones de las autoridades competentes.
En zona de Mayor Otaño (Itapúa) se reportó el viernes pasado el hallazgo de cuatro cuerpos flotando en el río Paraná. Las autoridades iniciaron las investigaciones para corroborar si podrían ser el padre y sus hijas desaparecidos desde el domingo 3 de noviembre pasado. Finalmente se constató el peor escenario.
El capitán Claudio Ramírez, segundo comandante del Área Naval del Este, informó a La Nación/Nación Media que, de acuerdo al reporte que recibió desde la zona del hallazgo, pobladores del lugar divisaron los cuerpos de un hombre y de tres niños, entrelazados, en aguas del Paraná.
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Dos exfiscales enfrentarán juicio oral por recibir regalo de supuesto narco
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrentan los exfiscales Hugo Volpe y Armando Cantero, acusados de recibir presuntamente costosas lapiceras Mont Blanc y dinero a cambio de archivar una causa del supuesto narco Sergio Arruda Quintiliano, alias “Minotauro”.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar a los dos acusados.
De acuerdo a la presente investigación, en el año 2019 el entonces fiscal Hugo Volpe habría recibido una lapicera de la marca Mont Blanc, valuada en G. 5.800.000, la cual presuntamente le fue entregada por los abogados de Minotauro en concepto de pago por archivar una causa en la que se investigaba al narcotraficante. El abogado que entregó el costoso bolígrafo fue Edson Sánchez Benítez.
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Con relación al fiscal Armando Cantero, la acusación señala que el mismo había recibido la visita de emisarios de Minotauro, quienes presuntamente habían entregado al agente la suma de USD 10.000 para que archive una causa por producción de documentos no auténticos en la que el narcotraficante era objeto de investigación.
Volpe es procesado por los hechos de cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y la ejecución penal, mientras que Armando Cantero fue procesado por el hecho de soborno agravado.
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