Con el objetivo en común de velar por la ciudadanía y la correcta ejecución de sus derechos, desde la Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo firmaron este lunes un acuerdo, a través del cual se comprometen a trabajar de manera recíproca para garantizar que todos los paraguayos reciban la mejor atención en el área de salud bajo todos los controles y estándares más altos de calidad.

En representación del Ministerio de Salud firmó este acuerdo el doctor Roberto Melgarejo Palacios, Superintendente de Salud, mientras que como representante de la Defensoría del Pueblo estuvo el abogado Rafael Ávila Macke.

Ambos destacaron la importancia de contar con un sistema de control cruzado que permita a las dos instituciones estar en constante comunicación, para evitar cualquier tipo de irregularidad que pueda dañar a los usuarios del servicio de salud; teniendo ya una experiencia con varias intervenciones y visitas de la Defensoría Pública a establecimientos de salud.

Podés Leer: Clínicas pide aumento de presupuesto para cubrir necesidades pediátricas

Este acuerdo se da atendiendo a que una de las funciones de la Defensoría Pública es la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios, siendo la institución que recibe diariamente denuncias y reclamos presentados por los ciudadanos de todo el país y se comprometió, como parte de su misión promover, proteger y defender los derechos humanos.

Por su parte, la Superintendencia de salud tiene como misión principal regular, fiscalizar y supervisar a las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPSS), para garantizar que brinden servicios de calidad, cumplan con las normativas legales y protejan los derechos de los usuarios; continuará con su trabajo por medio de controles de auditoría médica, legal y contable, aplicando sanciones y medidas correctivas ante incumplimientos detectados.

Desde ambos estamentos de control se destacó que gracias a este convenio se podrá desarrollar planes, programas y proyectos de interés común dentro del ámbito de sus competencias, conforme al marco legal que las rige, además de propiciar el intercambio de datos e informaciones de manera amplia y redundará en favor de la ciudadanía.

Lea También: Anuncian digitalización de las redes de distribución eléctrica para afrontar el calor

El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

Le puede interesar: Senado aprueba propuesta de modificación de varios artículos de la Ley de Mipymes

En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

Siga informado con: Plantean redireccionar vehículos de la Senabico a sectores vulnerables

Ayer domingo, dos personas que circu­laban en una moto mataron de varios disparos a un inspector de la Patrulla Caminera mientras estaba de servicio en Hernandarias (Alto Paraná). La víctima estaba realizando un control de rutina cuando recibió los impactos de balas.

Según el reporte policial, el hecho se reportó en la madru­gada de ayer, mientras el ins­pector Darío Alberto Delgado Ortiz, de 51 años, estaba rea­lizando controles frente a la oficina de la Patrulla Cami­nera ubicada sobre la ruta PY07, a la altura del kilóme­tro 230, en la ciudad Hernan­darias.

Los presuntos autores serían dos hombres que iban a bordo de una motocicleta. Hasta el momento se desconocen las circunstancias del hecho, por lo que fueron convocados agentes del Departamento de Investigaciones para iniciar los trabajos de recolección de datos y evidencias.

El único testigo del hecho sería otro inspector que se encontraba en el interior de la oficina y quien, tras escu­char los disparos, rápida­mente salió a ver qué ocurrió y encontró a su compañero mal herido. Lo trasladó hasta el Hospital Distrital de Her­nandarias, pero falleció horas después.

El caso fue comunicado a la fiscala de turno Natalia Mon­tana, personal de Crimina­lística y Medicina Forense, para determinar las causas de muerte. Así también, se con­vocó a Personal del Depar­tamento de Homicidios de Asunción y actualmente se realiza un rastrillaje para dar con los presuntos autores.

En un grave accidente falle­ció un agente del Grupo Lince, en la ciudad de Minga Guazú. Este se encontraba fuera de servicio cuando se produjo el siniestro. Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el hecho, ya que el hombre fue hallado al costado de la ruta PY 02, por lo que ya se inició la investigación.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la noche del pasado sábado, a la altura del kilómetro 26, lado Acaray del departamento de Alto Paraná, en la entrada del aeropuerto Guaraní. La víctima fatal fue identificada como Rodrigo Enciso Rodrí­guez, de 27 años, suboficial segundo del Grupo Lince.

Minutos después del acci­dente, el hombre fue encon­trado por funcionarios de la empresa Tape Porã, estos llamaron a una ambulan­cia que lo trasladó hasta el Hospital Distrital de Minga Guazú donde se confirmó su fallecimiento. El Ministerio Público y la Policía Nacional se encuentran recabando información sobre lo ocu­rrido.

Finalmente, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que busca establecer un régimen de transparencia y un registro oficial de estas organizaciones, con el objetivo de mejorar la coordinación entre estas y el Estado, fomentando la rendición de cuentas y el impacto positivo para la ciudadanía.

En el mismo decreto, se encomienda al Ministerio de Economía y Finanzas que, a través del Equipo Nacional Estrategia País (ENEP), se inicien los trabajos para la reglamentación de la ley de manera participativa con todos los sectores involucrados. Eso implica que la aplicación e implementación de la normativa no será inmediata y, además, se abre nuevamente un diálogo para garantizar que se cumpla con la finalidad para la cual fue creada.

Cabe resaltar que el ENEP está integrado también por representantes de la sociedad civil lo que demuestra que la ley está lejos de ser un “garrote”, tal como falsamente quisieron instalar ante la opinión pública varias de estas organizaciones. Lo irónico es que muchas de estas oenegés son las que precisamente se embanderan con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Acá lo importante es que finalmente el Gobierno, representado por los tres poderes del Estado, legítimamente constituidos, va a poder requerir informes y las organizaciones estarán obligadas a proveerlos y publicarlos en su página web para que toda la ciudadanía conozca los detalles de lo que hacen, quiénes son sus aportantes y en consecuencia a qué intereses responden.

Es importante recalcar lo que mencionaba el senador Gustavo Leite, uno de los proyectistas de la ley, quien aclara que acá no se prohíbe nada sino lo que se busca simplemente es que quienes quieran hacer política pública o incidir en la gestión pública sin pasar por las urnas, tengan que demostrar de dónde vienen sus fondos y, por tanto, para quiénes trabajan.

Está claro que hace referencia y afecta exclusivamente a aquellas organizaciones y entidades que tienen algún tipo de participación e incidencia en las políticas públicas, que es donde precisamente estos sectores intentan instalar las agendas foráneas que son bien conocidas y que, en muchos casos, atentan contra los pilares de nuestra sociedad.

Por eso lo que realmente molesta e indigna es que quienes tanto pregonan la transparencia y la tolerancia sean los que más se oponen al control de su gestión y sus cuentas. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.