Por Jorge Zárate, jorge.zarate@nacionmedia.com - Fotos: archivo e ilustración

En los últimos meses creció en forma preocupante el número de casos de feminicidios en el país. Los números apenas sirven para resumir lo que en realidad es una gran tragedia, ya que no solo causa la muerte de las propias víctimas, en su gran mayoría madres que dejan niños huérfanos que sufren un doble daño y dolor difícil de superar. Damos aquí una lectura de lo que se hace y lo que se necesitaría hacer para revertir una realidad lacerante que nos interpela como sociedad y nos obliga a repensar nuestra manera de relacionarnos.

Unas 50 mil mujeres por año son asesinadas por sus parejas o familiares cercanos en el mundo, de acuerdo a las estimaciones del Estudio Mundial sobre el Homicidio.

Este informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se publicó en julio del 2019, con datos del 2017, y da cuenta de la falta de datos consistentes sobre esta atrocidad cotidiana que viene provocando el reclamo mundial de #NiUnaMenos.

Las “lagunas de datos enmascaran la verdadera escala de la violencia”, indicó recientemente el Instituto Europeo de Igualdad de Género, que publicará una encuesta sobre la violencia de género en el 2023.

Entre tanto, el mayor número registrado de mujeres fueron asesinadas en Asia, seguido de África, América, Europa y Oceanía. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 736 millones de mujeres (es decir, una de cada tres) sufren violencia física o sexual infligida por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas. “Unas cifras que se han mantenido estables a lo largo del decenio más reciente”, reportó.

“Esta violencia empieza temprano: una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 24 años que han mantenido alguna relación íntima habrán sido objeto de las conductas violentas de un compañero íntimo cuando cumplan 25 años”, resume.

En nuestro país “los casos de feminicidios han aumentado considerablemente en los últimos meses”, reportó el Observatorio de Igualdad y No Discriminación del Centro de Documentación y Estudios (CDE).

OBSERVAR LA REALIDAD

“Hasta los primeros días de agosto llevamos 33 casos”, cuenta la comunicadora Fátima Rodríguez, responsable del registro en dicho Observatorio (ver info). “Ponerles nombres a las víctimas ayuda a poder hacer un mejor seguimiento y permite contrastar mejor con los datos oficiales. Porque sin datos confiables es difícil aplicar políticas públicas que efectivamente ayuden a combatir la problemática y esta falta de datos seriados es un problema de todo el Estado paraguayo”, recordó.

También identificar responsabilidades y debilidades institucionales: “Por ejemplo, si en un año tenés muchos casos en donde los victimarios eran policías o militares, o ex uniformados, es que claramente hace falta un trabajo institucional en donde se deben tomar medidas de prevención”, apunta.

Este Observatorio recopila más datos que el registro oficial del Ministerio de la Mujer y eso tiene una explicación en la metodología del registro, ya que no solo cuenta los casos caratulados como “feminicidios” en la Justicia. También apunta los que aparecen registrados en la prensa con evidentes signos de constituir este tipo de delitos.

“El Observatorio es un aporte desde la sociedad civil, que es anterior al del Ministerio de la Mujer. El CDE siempre tuvo un registro de los casos en la prensa, pero desde el 2015 compilamos los nombres de las víctimas. Muchas veces se plantean casos donde hay una mujer víctima y aparece como ajuste de cuentas, robo o casos donde se mostraba que había feminicidios por encargo, hombres que mandaban matar y se puede ver y hacer el seguimiento”.

Comenta luego que “la ley 5777/16 fue importante al brindar el encuadre, pero todavía falta mucho en cuanto a capacitación de fiscales y agentes de justicia en el sentido de que muchas veces cuesta catalogar la carátula fiscal como feminicidio. Un caso que parece ser un robo o ajuste de cuenta resulta ser que es feminicidio y en ese sentido el aporte es importante hasta que tengamos un sistema donde la justicia y sus agentes puedan asumir la ley y llevarla a las caratulas porque existe un protocolo que debe aplicarse cuando se asesina a una mujer”, expuso.

MACHISMO Y MÁS

La ex viceministra de la Mujer Liliana Zayas aporta un dato interesante: “Una mujer puede tardar 8 años y meses en aceptar que es víctima de violencia. Afecta profundamente al 49,6% de la población. Es preocupante porque seguimos sumando víctimas”, dijo en declaraciones radiales. Entornos de precariedad económica, las adicciones al alcohol o la droga aparecen como factores que potencian la situación de violencia.

Sin embargo, es otra la clave central del problema. Dice la investigadora feminista Clyde Soto: “El feminicidio es una expresión extrema del machismo, pues frecuentemente es una reacción virulenta ante la inadecuación de la realidad a los supuestos del predominio del hombre. Por lo tanto, para revertir este cuadro, es preciso replantear las bases de la socialización y de las relaciones humanas en diversos planos, tanto en las parejas y en las familias como en todos los ámbitos sociales e institucionales. Se trata de cuestionar los viejos paradigmas discriminatorios y construir relaciones basadas en una cultura de igualdad entre todas las personas, y muy especialmente de igualdad de género”.

HISTORIA

Soto es autora de importantes estudios sobre el tema para el CDE: “Hemos pasado en poco más de 30, años si se cuenta desde la caída de la dictadura, de no reconocer el fenómeno a identificarlo, darle nombre e incluirlo como materia de la acción estatal a través de políticas y leyes, incluso tipificarlo, y a conocer las cifras que justifican hoy su calificación como pandemia. Estos cambios han sido progresivos y ha habido una acción social ciudadana sostenida para que ocurran, sobre todo del movimiento feminista y de las mujeres organizadas en diversos ámbitos”.

Por eso considera que “es prioritario tener el registro único para situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar y en especial de violencia basada en el género hacia las mujeres. Esto permitiría no solo conocer mejor la magnitud del problema, sino también actuar en prevención y seguimiento de casos… en realidad toda la institucionalidad estatal debería orientarse a promover vidas libres de violencia para las mujeres y para todas las personas”, dice.

RAZONES Y EXPERIENCIAS

Una de las referentes internacionales en la investigación del fenómeno, la antropóloga Rita Segato, recuerda que “el Estado no ha dejado de percibir los crímenes contra la mujer como si fueran crímenes de la esfera privada, incluso cuando son crímenes de guerra. Por eso es tan difícil de ser tratados por la Justicia”.

Así las cosas, “a pesar de las leyes no disminuye. Toda la humanidad tiene que parar y reflexionar por qué no se consigue detener el ritmo de los asesinatos y las formas de crueldad sobre el cuerpo de las mujeres. Preguntarse qué parte del edificio del poder está sustentando esto. Por qué no se puede retirar a la mujer de este lugar”.

Expone entonces que “entendidos políticamente, son crímenes vinculados al poder, la mujer con su muerte, con la rapiña de su cuerpo, con las varias formas de maltrato y apropiación que sufre sustenta un sistema económico, social y de la propiedad política, entonces al empujar los crímenes a la intimidad el Estado se desentiende”, considera.

Para la trabajadora social Norma Duarte, el fenómeno “es producto de una relación profundamente desigual centrada en la relación de poder de género del varón hacia las mujeres. Es importante mirar cómo se fue construyendo una cultura de silenciamiento de la violencia hacia las mujeres en un proceso histórico”.

Expone entonces que “con una experiencia de más de 30 años de trabajo con niñas, niños y adolescentes de sectores populares que están en una situación de fragilidad social, mi percepción es que debe revisarse la relación de poder entre el adulto y los niños, que es adultocéntrica. Esta situación también se lleva al ámbito de lo privado, de lo familiar. Funciona como una propiedad privada de las niñas y de las mujeres. “Es mi hija y le educo como yo quiero, yo le “corrijo” como yo quiero”. Hasta la juventud tiene que obedecer al adulto, al papá, al hermano mayor, más allá de que ella considere que lo que ese adulto le está diciendo atenta contra su integralidad, su bienestar”, expone.

Desarrolla luego: “Para llegar al feminicidio tiene que haber una cadena de ausencias. Fallan las instancias que tienen responsabilidad política. Primero para la prevención. La educación integral incluye información sobre aquello que no se tiene que hacer por mi cuerpo. Las campañas de información pueden servir para las mujeres adultas, pero la educación integral se da desde la primera infancia, para que desde muy pequeña pueda identificar lo que no se me tiene que hacer y a quién recurrir. Ese es el primer gran paso en un Estado social de derecho. Que me permitan identificar lo que atenta contra mis derechos que tienen que ver con mi desarrollo integral”, señala.

QUÉ HACE FALTA

Para Clyde Soto, “estamos viendo que muchas veces el feminicidio fue anticipado de una búsqueda de protección que no obtuvo respuesta apropiada en los sistemas institucionales. Eso debe acabar. Debería ser una prioridad la construcción de sistemas apropiados de identificación de situaciones de riesgo y de respuestas apropiadas en los ámbitos policial y del sistema de justicia, de manera tal que los pedidos de auxilio de las mujeres en riesgo determinen acciones de protección y prevención de escaladas de violencia y de desenlaces fatales”, expone.

“Para que esto sea factible, se debe extender la red de protección y servicios especializados a todos los departamentos, al tiempo que los servicios de salud, incluyendo la salud mental, deben incorporar la prevención e identificación de situaciones de riesgo y el acompañamiento en la obtención de apoyo”.

La educación también juega un rol clave: “Es imperativo incluir en el ámbito de la educación un enfoque de igualdad en las relaciones entre mujeres y hombres, evitar la reproducción de estereotipos limitantes o discriminatorios para las mujeres. La transformación educativa debe promover las relaciones humanas sobre bases igualitarias”.

En lo que hace a la sociedad civil, sugiere que “debería encaminarse a modificar la cultura machista y discriminatoria, cambiándola por una cultura de igualdad y libre de violencias. Para esto es fundamental la palabra, pues se trata de elaborar pactos sociales donde lo que queremos erradicar sea cada vez menos aceptado y reproducido. Conversar sobre el problema, realizar talleres y espacios de formación y reflexión sería prioritario. Igualmente, construir acuerdos o protocolos en las organizaciones sociales, clubes, iglesias, partidos políticos, universidades, sobre cómo enfrentar las situaciones de violencia, discriminación y acoso a fin de no permitir que sucedan en la impunidad.

IGUALDAD DE GÉNERO

También entiende necesario “contestar los discursos antiderechos, que básicamente intentan desacreditar e impugnar la igualdad de género, que significa dar igual valor, igual trato e iguales derechos a las personas, sean mujeres u hombres, sin discriminar por sexo, por orientación sexual o por identidad de género. La igualdad de género es coherente con nuestra Constitución, que prohíbe toda forma de discriminación, sin excepciones, y que establece la igualdad plena para mujeres y hombres. Si no vemos a la igualdad de género como un horizonte deseable para la convivencia humana, no podremos contrarrestar efectivamente la tragedia de los feminicidios en Paraguay”, considera Soto.

En tanto, Norma Duarte pide que “se den las garantías, que las instituciones asuman y que no se termine culpando otra vez a las mujeres. Yo escucho a las instituciones, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer que termina culpándole a las mujeres por no denunciar, o por denunciar y después retirar la denuncia, sin tener en cuenta que todo esto se hace porque hay una cadena de no reacción de las instituciones y no se le puede culpar a la víctima. Las mujeres deberían tener en los municipios instancias de información y prevención. Programas, proyectos que le permitan llegar y que no tengan que trasladarse a entidades centrales”.

Coincide también en que “la educación integral tiene que darse desde la primera infancia en escuelas y colegios. Esto porque los niños que después serán hombres tienen que manejar información en una educación en igualdad de derechos”, apunta.

“Fueron muchos años de luchas y conquistas para llegar a una cultura de derechos para llegar a decir que el feminicidio es eso, y no un ‘crimen pasional’, para llegar a decir que las niñas tienen voces, que pueden decir y contar cuando se les hace daño y que hay que creerles”, indicó. “Esta educación integral es una cuestión de derechos. Si decimos que eso hará que todas las mujeres se conviertan en lesbianas o los hombres en homosexuales, estamos ante una mentira que nos lleva al silenciamiento. Tenemos derechos a vivir bien, nadie puede disponer de nuestros cuerpos como si fuéramos propiedad de otra persona, somos todas personas libres y con derechos”, concluyó señalando.

ACCIONES DESDE EL ESTADO

La ministra de la Mujer, Celina Lezcano, lamenta las cifras: “Lastimosamente, estamos con 29 casos y 62 huérfanos y 2 intentos de feminicidio, sumados a que en los últimos 4 o 5 casos los victimarios intentan sacarse la vida”, expone.

En estos días hubo una reunión del sistema estatal de protección a raíz de los últimos hechos. “En la mesa de crisis que convocamos estuvieron viceministros, directores, técnicos que trabajan en la Mesa Previn (Mesa de Prevención de la Violencia), oportunidad en que expusimos los casos y se analiza la responsabilidad de los poderes, Policía, Fiscalía, Defensoría. Es preciso avanzar en el cumplimiento de la Ley 5777, por eso instamos al análisis, refortalecimiento de las acciones, porque sabemos que hay cosas que tenemos que seguir trabajando para erradicar la violencia”.

El involucramiento de la comunidad, del entorno, es destacado como tarea necesaria: “Familiares de una de las víctimas comentaron que los vecinos escucharon los pedidos de auxilio y nadie se involucró. Hay que hacer un análisis de que tenemos que involucrarnos y tener el compromiso ciudadano cuando tenemos conocimiento de algún caso de violencia, la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar, pareja o ex pareja, ocurre entre cuatro paredes y eso dificulta el trabajo de la prevención”, apunta.

Otra área de trabajo es la comunicación. “Campañas comunicacionales para que haya involucramiento real, de madres, hermanas, primas, amigas, del vecino, que pueda ayudar a tiempo y se puedan salvar vidas. Porque cada caso de violencia tiene un costo, donde los niños son los principales afectados, un costo social que nos afecta como Estado”, apuntó.

Contó que se avanza con el sector privado, donde destaca el programa Sello de Empresa Libre de Violencia: “Trabajamos con 19 empresas que completarán un año de capacitación, articulación y fortalecimiento de capacidades. Se tiene un manual de procedimientos de varios puntos que se deben incluir en la empresa para dar oportunidades a las mujeres de evitar la violencia laboral, acoso, etc., y para que se reconozcan las señales ante cualquier caso de violencia”, contó.

Lezcano mencionó que otro aspecto tiene que ver con que municipios y gobernaciones tengan secretarías de la Mujer para ayudar en el empoderamiento económico y social.

También dijo que el programa “Noviazgo sin violencia” se trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) “para llegar a niños y jóvenes porque sabemos que los profesores tienen canal directo con los chicos y se descubren casos de violencia, fortaleciendo la prevención”.

Pidió que se concurra a los centros de atención donde los casos extremos pueden ser derivados a albergues de violencia y de trata. “Hay que seguir fortaleciendo estos espacios de seguridad, sabemos que estamos saliendo de la pandemia, con reestructuración en los presupuestos, pero está el compromiso de que se dé un aumento de recursos desde los municipios y gobernaciones para que tengan casas de acogida”.

La tarea de concientización y atención se hace en Ciudad Mujer de Villa Elisa, “donde atendimos 12 mil mujeres el año pasado y en Ciudad Mujer Móvil, donde fueron atendidas casi 5 mil mujeres mientras seguimos haciendo el esfuerzo para llegar a más personas”.

Otro aspecto central es el del empoderamiento económico de las mujeres “para que puedan decidir sobre sus vidas, personal, laboral, afectiva y familiar”, apuntó Lezcano.

PROYECTO PARA CREAR TRIBUNALES ESPECIALES

El Ministerio de la Mujer presentó ante la Comisión de Equidad Social y Género de la Cámara de Diputados el anteproyecto de ley “Que amplía la Ley Nº 5777/16 ‘De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia y crea juzgados y tribunales especializados contra la violencia hacia las mujeres’”.

En la oportunidad, la viceministra María Celsa Aquino recordó que a pocos meses de la entrada en vigor de la Ley N° 5777/16, operadores de justicia dieron cuenta de la carencia normativa existente y la falta de seguridad jurídica generada o derivada de la intervención de distintos órganos judiciales en el mismo caso, dictando resoluciones diferentes.

“El anteproyecto obedece a la necesidad de dotar de efectividad las disposiciones contenidas en la Ley N° 5777/16″, acotó recordando que esta contempla distintos tipos de violencia que conllevan diversos procedimientos, los que en la actualidad se tramitan en juzgados de Paz y de primera instancia de los distintos fueros (Civil, Penal, Niñez y Adolescencia, Laboral), según los casos.

La diputada colorada Rocío Abed (ANR), presidenta de la Comisión de Equidad Social y Género, explicó que la ley “fue un gran paso, pero necesitamos que esas garantías allí establecidas puedan darse de una manera eficaz, eficiente y que las mujeres puedan tener un acceso para luchar contra la violencia, y no así peregrinando en diferentes tribunales que hoy no son especializados”, dijo.

ONCE DENUNCIAS NO ESCUCHADAS

La fiscal Yrides Ávila investiga el feminicidio ocurrido en Ñemby, donde la víctima fue la joven Ana Paula Jara, que realizó 11 denuncias por violencia antes de ser asesinada. “Del informe que nos emitieron de la oficina de denuncias se registra una importante cantidad de denuncias que ella formuló. Desconozco cuál fue el trámite, en qué concluyeron esas causas. Vamos a verificar cómo fue el progreso de esas investigaciones”, comentó. La mujer recibió al menos dos disparos de arma de fuego en la cabeza y vivía en el barrio Tacumbú de Asunción. Aparentemente, el supuesto autor citó a la víctima en el barrio La Lomita para acabar con su vida.

Para la trabajadora social Norma Duarte, esto corrobora las ausencias del sistema: “Si yo recurro como joven mujer a las instancias donde me tienen que atender cuando soy víctima en la primera expresión de violencia, sabemos que las respuestas, en la mayoría de los casos, no son inmediatas, por eso se llega a la muerte. Pero no solo son las respuestas, también es cómo me reciben, cómo me atienden y allí hay un proceso largo de intervención”.

En general “esto determina que la mujer que denunció sigue conviviendo con el agresor, en la casa, en la comunidad y está sujeta a una estigmatización “porque es una loca, una histérica, porque se viste de una determinada manera”. Entonces allí se generan condiciones agresivas para esa mujer, para esa joven”, expuso.