La criptominería ilegal provoca pérdidas por 40 millones de dólares anuales, en tanto que la legal deja en las arcas nacionales unos 150 millones de la moneda americana. Ante ese cuadro, legisladores estudian un proyecto para suspender por 180 días la actividad de las granjas de criptomonedas instaladas en el país y la prohibición de instalar nuevos equipamientos de este tipo.

• Por Jorge Zárate
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El próximo martes 23 de abril a partir de la 9:00 en la sala de sesiones del Congreso se realizará la audiencia pública para analizar los alcances del proyecto de ley “Que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacena­miento y comercialización de activos virtuales o crip­toactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”. Los proyectistas fundaron la iniciativa en las millonarias pérdidas en dólares que ocasionan las operadoras ilegales y en que las conexiones clandestinas de las granjas de criptomonedas son una de las causas principales de los cortes de energía eléctrica en distintas localidades del país, principal­mente en Alto Paraná, que es el centro geográfico de este tipo de operaciones.

El senador Colym Soroka (ANR) apuntó en la sesión del 10 de abril pasado: “Creo que la criptominería es un gran negocio. Apuntamos a que este buen negocio sea para todos los paraguayos y no para un sec­tor. Tenemos el caso de una empresa que hizo un amparo ante la Corte Suprema y que hace 20 años está trabajando con ese amparo, no tiene una readecuación de su tarifa hace 20 años, mientras que los pobres ven aumentar las suyas año a año”.

El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) contó a La Nación/Nación Media que se avanza en los proyectos norma­tivos para sancionar la cripto­minería ilegal y que el punto central estará en la posibilidad de que “toda la infraestructura que se intervenga sea decomi­sada a favor de la Ande (Admi­nistración Nacional de Electri­cidad)”. El legislador considera que la criptominería “es una oportunidad para el Estado paraguayo. El tema es simple. Brasil nos paga 10 dólares por cada megawatt hora (MW/h) de excedente de energía, en cam­bio las cripto pagan 40 dólares más el IVA y llegan a pagar hasta 50 dólares. Entonces hablamos de cuatro a cinco veces más”.

El Gobierno tiene habilitado un registro para todas las empresas de criptominería bitcoin, las cuales también deben recibir autorización por parte del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Son unas 50 empresas, de las cuales cinco son grandes que dejan en las arcas de la Ande unos 150 millones de dóla­res más IVA por año. Estas empresas tienen establecido en el contrato que deben des­conectarse automáticamente en horarios de consumo pico y también deben pagar al inicio de sus operaciones tres meses por adelantado como una espe­cie de póliza de seguro.

Vale decir que esta disponibi­lidad de energía a bajo costo atrajo a gigantes del espacio cripto como Marathon Digital y Sazmining, por citar ejemplos.

El sitio especializado Sher­lock Communications destacó el excedente de 5.500 MW de Itaipú, los costos energéticos constantes y la previsibilidad de Paraguay al describir el fenó­meno de la instalación de gran­jas en el país.

En el reporte comentó que “Bit­farms, por ejemplo, comenzó su incursión en enero de 2023 con una instalación de 10 MW, mientras que Commons Foun­dation consolidó su presencia al asegurar 100 MW. Sazmining, a pesar de su lanzamiento de una operación de 5 MW, ahora enfrenta desafíos debido a cor­tes de energía”.

Se agregó a su vez que Bitfarms adquirió terrenos 100 MW en Iguazú, mientras que Penguin Infrastructure está en camino de aumentar sus instalacio­nes de minería de bitcoin des­pués de firmar un acuerdo con Marathon Digital. Pero más allá de las grandes empresas, el informe afirmó que existe una comunidad cripto emergiendo en Paraguay. Como ejemplo de esta consolidación vale mencio­nar la realización de la tercera edición del Crypto Summit (Encuentro Cripto) del Sur el 20 de febrero pasado en las ins­talaciones del Hotel Casino Aca­ray de Ciudad del Este.

Unos 50 dólares por MW/h es el precio de referencia para estas empresas, aunque según otras voces deberían abonar entre 75 y 85 dólares por MW/h como mínimo. Así lo expresaron la campaña Itaipú Causa Nacio­nal, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae) y la campaña Itaipú es También Soberanía en una nota que pre­sentaron ante la Contraloría a la que adjuntaron un estudio de 16 páginas sobre el impacto de la criptominería en las finan­zas y la infraestructura de la empresa energética nacional.

“Estas empresas están vaciando la Ande y provocando una sobrecarga en el sistema eléctrico que perjudica con cortes de luz y distorsiones en la tensión, factor de potencia y calidad del servicio eléctrico. Las pérdidas para la Ande hoy ya están en torno a 200 millo­nes de dólares/año, causadas solamente con las criptomine­ras ‘legales’, por lo que las cifras totales son mucho mayores y podrían alcanzar hasta 1.800 millones de dólares/año”, expu­sieron en la presentación.

Entre tanto, desde finales de 2022 la Ande viene luchando contra las operaciones ile­gales estimando en unos 500.000 dólares mensuales las pérdidas que le provoca este hecho.

En lo que va de 2024 se inter­vinieron 14 granjas ilegales de criptominería que usaban el equivalente a 40 MW. Para dar una idea, Pilar o Villarrica usan 33 MW al mes.

Técnicos de la Ande explicaron que se hace difícil rastrear a las ilegales porque se instalan en zonas con varios alimentado­res de distribución, donde hay radicadas industrias o agroin­dustrias de gran consumo para pasar desapercibidas.

Para Mercedes Canese, ingeniera especialista en electricidad, “Paraguay tiene algo que muy pocos países tienen, que es un excedente hidroeléctrico muy importante. Figura todavía como el tercer exportador mundial de electricidad y es el primero si hablamos de energía renovable”.

“Además, no solamente eso, tiene tierra fértil, tiene agua dulce, tiene una población joven y trabaja­dora. Entonces, deberíamos elegir qué tipo de inversiones se quieren no solamente por las necesida­des actuales o el potencial actual, sino también pensando en el futuro”, agregó.

“Estas electrointensivas tienen una mínima generación de empleo constituyendo un tipo de inver­sión de tipo extractivista”, señaló citando otros ejemplos como la propuesta de instalación de una planta de aluminio, pero también “los servicios digitales como la criptominería, token, data centers y otras. El hidrógeno verde también entra en ese campo”.

Canese apuntó que la instalación de este tipo de empresas “no se diferencia de exportar la energía a Brasil y a Argentina como estamos haciendo hoy. Es inclusive peor que eso porque ni siquiera cubren los costos. Brasil y Argentina nos pagan un precio miserable por nuestra ener­gía, pero cubre el costo y nos dejan un pequeño beneficio que es la compensación por cesión de energía que es la que financia muchos programas sociales”.

A más de ello, advirtió que si se da luz verde a las electrointensivas dentro de muy poco tiempo nues­tro país consumirá toda su energía excedente. En este sentido, estudios técnicos dan cuenta de que Paraguay alcanzaría a consumir toda su energía, siguiendo el ritmo que tiene hoy, recién en 2042.

En cambio, con la incorporación rápida de criptomineras ese lapso se reduciría dramáticamente y para 2030 ya no se tendrían excedentes energéticos.

Para Patrick Wenger, especialista paraguayo en criptomonedas, no sería buena la prohibición de la minería de criptomonedas. “Si se hace de manera legal y correcta, puede ser muy beneficiosa para la Ande y el país, siendo una herramienta para promover las inversiones extranjeras en el área de la tecnología”.

Este ingeniero empresarial con especializaciones en Suiza y Alema­nia consideró que “la energía ociosa, que abunda en Paraguay, es cedida al Brasil por un precio insignificante. Esta podría ser utilizada por los mineros que consumen el 100 % de la energía solicitada las 24 horas del día pagando una tarifa mayor de la que nos paga Brasil. Básicamente los mineros podrían ser uno de los mejores clientes de la Ande, siempre y cuando se mantengan las tarifas mineras actua­les y no haya incrementos excesivos que los ahuyenten”.

El coautor del libro “Finanzas descentralizadas. De conceptos cen­trales a protocolos de finanzas descentralizadas para transaccio­nes financieras” recordó que “la blockchain de bitcoin tiene un sistema deflacionario que disminuye la capacidad de creación de nuevos bitcoins cada cuatro años. Se estima que el último bitcoin será creado en el año 2140, lo que demuestra que aún le queda mucho por recorrer a la industria minera”.

Contra el argumento de que son inversiones que no generan tra­bajo, expuso que “la ingeniería necesaria para modelar una granja de minería es sumamente compleja. Esto requiere mano de obra altamente capacitada, lo cual genera puestos de trabajo directa­mente para la gente que opera las granjas e indirectamente para la gente que construye y diseña las granjas”, concluyó.

Para Carmen Arias Rodríguez, abogada y magíster en Energía, “hace falta una revisión del marco legal que rige el sector eléctrico para­guayo y la política energética. Nuestro marco legal no crece a la par de los nuevos escenarios energéticos que tenemos a nivel nacional, regional y mundial”, apuntó.

Así, recordó que la ley que rige el sector eléctrico paraguayo es la Carta Orgánica de la Ande de 1964, que “tuvo una sola modificación en el 82 y nunca más se la tocó. También hay leyes que de repente se contraponen otra vez con esa misma Carta Orgánica. Entonces es bastante complicado trabajar dentro del sector eléctrico con una ley que rige de manera heterogénea absolutamente todo”.

Sobre la sanción a las granjas de criptominería ilegales, indicó que existe el hecho punible de sustracción de energía eléctrica, que implica la intervención del Ministerio Público y un proceso penal.

Para la especialista se necesita una mesa interinstitucional integrada por el MIC, el Viceministerio de Minas de Energía, la Ande y las bina­cionales para abordar la situación de manera inmediata porque es algo que está candente y requiere rápida solución.

Para Adolfo Villalba, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Ande (Sitrande), “tienen que haber sanciones más duras para la criptominería ilegal, pero no estamos muy de acuerdo con que se prohíba, porque esto va a recrudecer el problema y puede terminar haciendo que haya más conexiones clandestinas”, advirtió.

Comentó que a su parecer lo importante es “que no se les deje la cancha muy libre. Ahora pasa que van los compañeros, hacen la intervención, pero no se les quita los equipos, nada no se incauta”, indicó. “Son muchísimas las granjas y corre mucho dinero, aceitan hasta a los fiscales”, denunció. “No existe una consecuencia al hecho de robar energía, consiguen que no se te lleve nada y se dejen los aparatos y se mudan nomás a otro lugar a seguir haciendo lo suyo”, agregó.

Según relató, las granjas no solamente se instalan en las ciudades, sino que brotan incluso en zonas alejadas causando perjuicios a la vecindad por la cantidad de carga que tienen.

“Usan equipos de refrigeración en gran cantidad y las 24 horas y es enorme. En casi todas las intervenciones que se hacen se encuentran transformadores de 3.000 a 4.000 kW. Imaginen que uno de 200 kW alimenta a todo un barrio, así que uno de 4.000 es casi para un pueblito, entonces se resienten las líneas, perjudica mucho”, explicó. Villalba recordó el impacto que provoca el consumo intensivo de las crip­tomineras en alimentadores y cables al punto de que incluso esto obligó a la Ande a anticipar sus cronogramas de reemplazo de estos elementos.

“La prohibición provocará algo parecido al narcotráfico, no se va a atajar, solo se va a criminalizar y me parece que le cerrás la puerta a la Ande a que trabaje en un parque en el que se pueda usar el excedente de energía”, expuso.