Una persona que realizó el servicio de delivery por varias ciudades del departamento Central dio positivo a la prueba de COVID-19 y aún se desconoce cuál es el nexo epidemiológico del mismo. Por este caso, hasta el momento un total de 25 personas fueron aisladas por haber tenido contacto con el trabajador infectado con el virus.
El doctor Roque Silva, director de la Undécima Región Sanitaria, en entrevista con el SNT reveló que se registró un caso sin nexo en Ypacaraí y precisó que se trataba de un trabajador que hacía delivery.
“Él recorría varios lugares de Ypacaraí y zonas aledañas. Insistimos en desinfectar las cosas que recibimos, incluso lo que compramos del súper”, agregó el profesional de blanco.
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En cuanto al caso de Areguá, que se conoció en los últimos días y que en principio se dijo que era sin nexo, al final se comprobó que tiene nexo laboral. En este caso, toda la familia y los compañeros de trabajo de la persona infectada fueron puestos en cuarentena sanitaria.
Respecto al médico con COVID-19 que no guardó cuarentena y que recorrió haciendo guardias, el profesional dijo que son 60 personas de Itá, Paraguarí y San Ignacio las que ahora están aisladas por contactar con el doctor.
“El médico dijo que no tuvo contacto con un caso positivo en Itauguá, que era su familiar, pero se le pidió hacer el test”, comentó.
En lo que va de la pandemia en el país, se detectaron 340 casos en Central, de los cuales hay 107 activos, 10 internados y 1 en terapia intensiva, mientras que 5 fallecieron. Paraguay suma hasta la fecha 2.221 infectados y 18 fallecidos.
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Hambre Cero registra 17.250 trabajadores con acceso a IPS a nivel nacional
La ministra del Trabajo, Mónica Recalde, indicó que mediante la implementación del programa Hambre Cero en las escuelas 17.231 personas, en su mayoría mujeres, se encuentran registradas en el sistema de cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS).
“A mediados de marzo comenzamos a realizar las verificaciones y trabajamos directamente con las empresas adjudicadas. Uno de los componentes del programa es la generación de empleos. Cuando nosotros empezamos las verificaciones habían nada más 5.000 trabajadores registrados dentro del programa a nivel país”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El proceso de verificación laboral inició el pasado 6 de marzo y se extendió hasta el 22 de abril. Hasta el momento fueron verificadas 221 instituciones educativas: 16 en Asunción, 170 en Central y 35 en Presidente Hayes.
“Hoy tenemos un incremento del casi 144 % de personas que están formales, tienen un salario y están registradas en el Instituto de Previsión Social. Esto ha sido realmente un impacto muy significativo con más de 17.132 personas registradas y formales dentro del programa”, comentó.
Recalde señaló que tras el proceso de verificación laboral encarado por su cartera, la cifra inicial de 5.000 trabajadores trepó después a 12.231 trabajadores con empleo formal y protección social. Agregó que el 94 % de las personas formalizadas son mujeres, entre ellas tías, abuelas y hermanas.
“La formalización crece con el control, y por eso intensificaremos las verificaciones hasta que el último empleado del programa cuente con el cumplimiento pleno de sus derechos laborales”, remarcó.
Añadió que a partir de la próxima semana las verificaciones laborales se realizarán en el interior del país. “Ya tuvimos conversaciones con los gobernadores, tenemos una hoja de ruta para poder salir a controlar, si bien hemos crecido mucho, tenemos aún algunas denuncias desde el interior (informalización)”, mencionó.
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Detienen a dos hombres tras una persecución y balacera en Itauguá
En el marco de la investigación del asalto a una bodega ocurrido en Ypacaraí, un equipo del grupo Lince tras una persecución e intercambio de disparos logró detener a los supuestos autores del ilícito. Los mismos fueron interceptados en la ciudad de Itauguá.
Los aprehendidos fueron identificados como Jorge Damián Centurión, de 31 años, quien cuenta con antecedentes por portación de marihuana, comercialización de drogas y robo. El hombre se encontraba en compañía de Diego Sánchez Estigarribia, de 28 años, quien no cuenta con antecedentes.
Ambos sujetos transitaban a bordo de una motocicleta que contaba con las características del biciclo que se observaba en las imágenes de circuito cerrado. Cuando los efectivos policiales intentaron detener la marcha de la moto, los sujetos empezaron a disparar contra los agentes y se inició una persecución.
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“En el momento en que intentamos detenerlos, nos percatamos de que el biciclo tenía un hule negro con el cual intentaban cubrir el color; así también incautamos un arma de fuego de calibre 32 de la que intentaron deshacerse arrojándola a un patio contiguo”, dijo el subcomisario José Ovelar de la Comisaría 6.ª de Itauguá.
Los ahora detenidos se encuentran bajo custodia en la dependencia policial y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, desde donde cotejan las diferentes informaciones e indicios recibidos por parte de las víctimas de asalto.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Trabajar por los más vulnerables honra la memoria del papa Francisco, señala senadora Valiente
La senadora colorada Lizarella Valiente sostuvo que la mejor forma de honrar la memoria del papa Francisco, es abocarse de lleno al trabajo en favor de los más vulnerables, ya que este fue su constante exhorto durante su pontificado.
En ese sentido, la parlamentaria oficialista señaló que está trabajando muy comprometida en temas que considera prioritarios, y en ese sentido mencionó el proyecto de ley “Que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo”, remitido por la Cámara de Diputados.
Al respecto, la parlamentaria, que preside la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud que indicó que en la jornada de lunes se trabajó este tema en una mesa técnica.
Explicó que si bien en Paraguay está prohibida la figura del criadazgo, esa legislación no contempla ninguna sanción. Por lo que surgió ahora la propuesta de plantear sanciones. Al respecto, señaló que está pendiente una reunión con penalistas para tratar este aspecto.
“Particularmente, estoy convencida de que honraré con mi trabajo y mi vida las enseñanzas del papa Francisco, quien decía constantemente que debemos cuidar a los más vulnerables. Lamentablemente, el criadazgo en nuestro país es una práctica que se repite, pese a que hay un decreto que lo prohíbe; sin embargo, al no tener ninguna sanción, la práctica continúa”, comentó.
Mencionó que durante la reunión de la comisión asesora surgió la propuesta de incorporar un artículo específico que establezca sanciones penales para la práctica del criadazgo.
“El texto plantea que toda persona que, sin ser titular de la patria potestad, explote laboralmente a un niño, niña o adolescente en el ámbito doméstico, privándolo del derecho a vivir con su familia biológica, será sancionada con una pena privativa de libertad”, comentó la legisladora.
Señaló que la normativa contempla la aplicación de penas adicionales, conforme al artículo 59 del Código Penal, sin perjuicio de la posibilidad de que las víctimas puedan accionar judicialmente por los daños y perjuicios ocasionados.
Finalmente, la titular de la Comisión enfatizó que la falta de sanciones efectivas equivale a “invisibilizar” el delito, y reiteró que el objetivo es garantizar la prevalencia del interés superior del niño y asegurar la aplicación real de las penas correspondientes.
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