El fiscal de Filadelfia, Chaco, Lucrecio Cabrera, confirmó que una aeronave que despegó de Loma Plata está desaparecida y habría aterrizado en Bolivia. Igualmente, las autoridades policiales ya elevaron el informe correspondiente al citado representante del Ministerio Público.

Cabrera sostuvo que ya se informó también a Asuntos Internacionales de la Fiscalía para que se pueda poner en contacto con las autoridades bolivianas, atendiendo a que la aeronave habría aterrizado en el vecino país.

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De acuerdo a los primeros datos, la avioneta despegó del aeropuerto de Loma Plata con destino al departamento de Alto Paraguay para poder trasladar a una persona que pidió ayuda por salud. En la aeronave estaban el piloto y una enfermera.

La avioneta despegó aproximadamente a las 11:45 del aeropuerto de Loma Plata y ya luego se perdió comunicación con el piloto, un ciudadano canadiense, de acuerdo a los primeros reportes. El piloto tendría 32 años de edad.

Hasta el momento se perdió contacto con la tripulación por lo que se dio intervención a Asuntos Internacionales del Ministerio Público para que se pueda comunicar con las autoridades de Bolivia. Las autoridades competentes de la zona siguen investigando el presente caso.

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El director de Ciberseguridad y Protección de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Jorge Levera manifestó que la cartera estatal impulsará una denuncia local ante la amenaza informática contra sistemas del Gobierno de Paraguay en busca de informaciones vinculadas a la política y economía de nuestro país.

“Esto es un trabajo que comenzamos desde el inicio del año con el Comando Sur de los Estados Unidos, monitoreamos las redes del gobierno a base de indicios que teníamos de datos infiltrados, buscamos patrones que eran anormales al tráfico de datos de las instituciones, que se daban en los fines de semana o durante las noches”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De acuerdo a las informaciones proveídas el ataque cibernético es presuntamente orquestado por organizaciones vinculadas al gobierno de China. Esto tras lograr identificarse como actor de la amenaza informática al grupo denominado Flax Typhoon que posee base de operaciones en el citado país.

“Realizamos durante 6 meses un monitoreo intenso, recabando datos para encontrar el origen de este problema. Se identifican a las organizaciones por la forma en que operan, los objetivos que tienen, las herramientas que usan, las direcciones IP por donde se manejan. Toda esta información nos sirve a nosotros para llegar a las conjeturas que tenemos, normalmente esto lo hacen en los periodos de alta actividad diplomática nuestra, buscan las informaciones relacionadas con la Cancillería”, sostuvo.

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Asimismo Levera siguió sosteniendo que “Vamos a hacer una denuncia local ante la Fiscalía con las pruebas que tenemos”. Señaló que no se descarta recurrir a organismos extranjeros con el fin de determinar que acciones se pueden impulsar en el campo internacional.

Sin embargo, afirmó que no será tarea fácil exponer las conexiones entre el gobierno chino y el grupo de hackers debido a que normalmente operan como empresas de fachadas. “Trabajan no solo para gobiernos, sino también para entidades interesadas en obtener información sensible”, dijo el funcionario de Estado.

Ante los comentarios que acusan al gobierno del mandatario Santiago Peña de minimizar la situación, Levera afirmó que este tipo de investigaciones requieren sigilo para no alertar a los atacantes. “Si se hace pública la investigación antes de tiempo, los responsables detienen sus actividades, dificultando su rastreo”, manifestó.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

A las 19:00 fue hallado un cadáver en el río Monday, en el Km 16, a unos dos mil metros de la Ruta PY02, de Minga Guazú. Por las características físicas y de vestimenta, el hombre sería Marcos Antonio Domínguez Amarilla (40), según el reporte de la Comisaría 8a.

Se presume homicidio, porque el cuerpo encontrado tiene heridas de arma de fuego en la cabeza y en la pierna. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de Minga Guazú, donde esperan al médico forense y al fiscal de turno. Fueron pescadores los que divisaron el cuerpo en el río.

La desaparición había sido denunciada por su exconcubina, Ninfa Arias Estigarribia, después de hablar por última vez con él, el sábado 23 de noviembre.

El hombre estaba siendo buscado intensamente, por agentes de la División de Búsqueda y Localización de la Policía Nacional, en Alto Paraná. Su vehículo fue encontrado totalmente incinerado, el domingo 24 de noviembre.

Agentes de la citada división policial a cargo del comisario Rubén Ramírez, recorrieron hoy varios sitios por donde pudo haber estado, la casa donde vivía y en busca de personas con quienes pudo haber hablado.

Primero fueron hoy hasta el Ministerio Público, donde se reunieron con familiares de Marcos Antonio y con la expareja, en la unidad de la fiscal Cinthia Leiva. La denunciante manifestó que tuvo una última conversación telefónica con el hombre el día sábado, en horas de la tarde.

Por su parte, Guillermo Domínguez López, padre del que hasta ese momento estaba siendo buscado, había exhibido fotografías del recorrido que realizo su hijo, en las horas previas a su desaparición, según datos del GPS, que habían sido proporcionados por funcionarios de la empresa donde trabaja.

Inmediatamente después, el personal de búsqueda fue hasta el barrio Don Bosco de Ciudad del Este, donde habría estado recorriendo. Verificaron grabaciones de circuito cerrado que no aportaron ningún dato importante, según los intervinientes.

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Esta tarde fueron hasta una vivienda (inquilinato), del Barrio San Isidro de Ciudad del Este, donde el propietario informó que Marcos Antonio fue su inquilino, pero hace un mes dejó dicha casa.

Los policías continuaron el recorrido y llegaron hasta el local comercial Auto repuestos San Ramón, cuyos propietarios serían amigos de Marcos Antonio, pero no se encontraban por estar de viaje, según un personal del lugar.

En cuanto al vehículo del desaparecido, fue encontrado totalmente quemado, en la mañana del domingo 24 de noviembre, en el Km 17 Acaray, a 2 mil metros de la Ruta PY02, a unos 50 metros de “Calle 2 mil”, como es conocida la vía, según reportó ese día la Comisaría 8.ª de Minga Guazú.

El vehículo era un Toyota, modelo Runx, color plateado, con chapa HGM 219, inscrito a nombre de Francisco Ferreira Segovia. A pesar de su incineración total, pudo identificarse el número de la placa. Luego se supo a quién pertenecía el vehículo. Cuando la denuncia fue realizada por la expareja, se confirmó que el vehículo destruido pertenecía a Marcos Domínguez Amarilla.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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