Si bien genera muchas expectativas la vacuna anti-COVID-19 anunciada por Rusia, también existe mucha cautela por no garantizarse su eficacia y seguridad.
La Dra. Gloria Aguilar, miembro del Comité Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), sostuvo a Universo 970 AM que siempre debe analizarse con rigor la veracidad y la calidad de los anuncios que se hacen respecto a las vacunas.
Agregó que los expertos internacionales estiman, en el mejor de los casos, que la vacuna estaría lista para su distribución recién a mediados del 2021.
La entrevistada refirió que las vacunas deben pasar por varias fases para demostrar su eficacia y seguridad. En la fase 0 o preclínica se realiza la experimentación en animales, en la fase 1 se prueba en 100 personas, en la 2 se aplica la sustancia en 200 a 500 personas y en la 3 se ejecuta el ensayo clínico con un grupo de control de las personas que reciben las vacunas.
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“El gobierno ruso afirma que esta vacuna está en fase 3, que es la más importante, pero la OMS anuncia que está en 1”, remarcó Aguilar.
Ante esta discrepancia, indicó que “la decisión de Rusia es apresurada porque la vacuna todavía no se ha probado en su eficacia o seguridad”.
“No puede adoptar una medida de distribución masiva sin tener culminada la fase 3, porque allí se valida la aplicación a cientos de miles de personas y se ve si es efectiva y duradera”, agregó.
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Miguel Prieto recusó a siete fiscales y un juez para trabar audiencia preliminar
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sigue dilatando el avance de uno de los procesos de la Justicia en su contra, y recusó a 6 agentes fiscales y a una fiscal adjunta, además del juez Humberto Otazú, lo que podría suspender la audiencia preliminar prevista para este miércoles.
Las recusaciones son contra los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez, Jaime Adler Monjes, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, además de la fiscal adjunta Soledad Machuca, en la acusación por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por la compra de alimentos durante la pandemia, informó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Los agentes fiscales recusados son de la Unidad de Delitos Económicos. Esta nueva recusación debe ser estudiada por el propio fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón.
Esta nueva recusación evita que se pueda realizar en la fecha la audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú, quien había convocado a Prieto para que el mismo y otros acusados para resolver si la causa es elevada a un juicio oral y público como lo había solicitado el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
En este caso, la Fiscalía sostiene que con la compra de alimentos en pandemia del covid-19 se generó un perjuicio de G. 350 millones para la Municipalidad de Ciudad del Este. Los representantes legales de Prieto presentaron la recusación contra el juez Humberto Otazú, lo cual refuerza la intención del intendente de no enfrentar la audiencia preliminar.
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Nueva fecha de audiencia preliminar para Miguel Prieto por perjuicio patrimonial
El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.
El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.
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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
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Lesión de confianza y asociación criminal: juez fija audiencia preliminar para Miguel Prieto
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.
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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Hace cinco años, la OMS calificó al covid-19 como “pandemia”
- Ginebra, Suiza. AFP.
“Hemos considerado que el covid-19 puede ser calificado de pandemia”. Hace cinco años, el 11 de marzo, el jefe de la Organización Mundial de la Salud soltó la frase que hizo tomar conciencia al mundo entero de la gravedad de la situación.
Pero ya desde el 30 de enero, la OMS había declarado su más alto nivel de alerta frente al nuevo coronavirus detectado en China a mediados de diciembre de 2019: la Urgencia de Salud Pública de Alcance Internacional o USPPI. Una fórmula que no impactaba en la opinión pública.
Presionado por las preguntas de los periodistas, Tedros Adhanom Ghebreyesus también mencionó “la amenaza de la pandemia” el 9 de marzo, pero el electrochoque tuvo lugar dos días después.
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Una sala, un ambiente
El miércoles 11 de marzo, muchos periodistas se agolparon en torno a las mesas en forma de U en una pequeña sala en las entrañas de la imponente sede de la OMS en las alturas de Ginebra, no lejos de la frontera francesa.
La conferencia de prensa, prevista para las 17H00 locales, pudo ser seguida en las redes sociales, por teléfono y por Zoom.
Frente a los periodistas, Tedros, a su derecha Mike Ryan, encargado de urgencias en la OMS, y a la izquierda la directora general, Maria Van Kerkhove, encargada del expediente del covid-19. Esta científica desconocida del gran público encarnará desde entonces la lucha contra la pandemia.
El jefe de la OMS sacó dos bolígrafos de su saco, ajustó sus gafas y leyó su declaración.
“Estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y de gravedad, así como por los niveles alarmantes de inacción” en el mundo, dijo.
Y entonces declaró: “Hemos considerado que el covid-19 puede ser calificado de pandemia”.
En ese momento, menos de 4.300 personas habían muerto en el mundo, según cifras oficiales.
Cinco años más tarde los muertos se cuentan por millones, pero a mediados de marzo de ese año todavía no habían empezado los confinamientos, los hospitales no estaban desbordados y el hundimiento de la economía no se avizoraba.
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“Todos empezaron a actuar”
“La palabra ‘pandemia’ cambió la situación”, recuerda John Zarocostas, periodista que cubre para la AFP las agencias y ONG internacionales desde hace más de 30 años. “Tengo la impresión de que tenían que hacerlo” porque no lograban la reacción esperada de los Estados miembros desde el desencadenamiento de la USPPI
Para este veterano de las relaciones internacionales, “eso modificó la dinámica en términos de reacción de los gobiernos nacionales: todos empezaron a actuar”. Un retardo que frustró a la OMS. “El mundo está obsesionado por la palabra pandemia”, dijo Mike Ryan, para quien la advertencia de enero era más importante.
Nuevo botón de alarma
¿Puede repetirse una catástrofe similar? Para la OMS, la próxima pandemia solo es cuestión de tiempo. En diciembre de 2021, los Estados miembros de la organización, conscientes de las graves fallas frente al covid-19, comenzaron a trabajar en torno a un acuerdo internacional y obligatorio sobre la prevención y la preparación a las pandemias, para tratar de evitar que vuelvan a repetirse los mismos errores.
Las negociaciones son difíciles y una última sesión de negociaciones está aun prevista del 7 al 11 de abril, para finalizar el proyecto a tiempo para la asamblea anual de la OMS en mayo.
En espera, los países miembros lograron desempolvar el reglamento sanitario internacional. Y a partir de septiembre de este daño, el jefe de la OMS podrá declarar una “urgencia pandémica”.
En los cinco años transcurridos desde marzo de 2020, la OMS declaró la USPPI en dos ocasiones, ambas por epidemias de mpox.
El jefe de la OMS advierte regularmente a los países que no repitan el ciclo de negligencia seguido de pánico que caracterizó la pandemia de covid-19.