Tras reunirse con la Comisión Especial que investiga la trama denominada “Mafia de los pagarés”, la fiscal Teresa Sosa advirtió sobre la necesidad urgente de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) intervenga para regular los descuentos que realiza el Banco Nacional de Fomento (BNF) sobre salarios de funcionarios públicos.

“Hay un trabajo pendiente que realizar, fundamentalmente con el Ministerio de Economía, porque es este ministerio el que debe establecer las pautas con respecto a los descuentos de salarios del funcionario en general que realiza el BNF”, manifestó la representante del Ministerio Público.

En conversación con varios medios de prensa, Sosa explicó que todos los funcionarios públicos cobran sus haberes a través del BNF por disposición del Poder Ejecutivo, específicamente del MEF, que establece el mecanismo de pago. En ese sentido, subrayó que las cuentas salariales no deben ser tratadas como cuentas corrientes comunes, ya que poseen una naturaleza jurídica distinta.

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“El BNF tiene que respetar que esa cuenta del funcionario público es una cuenta salarial y no puede realizar cualquier descuento ni tener convenio con cualquier entidad para hacer descuentos, y tampoco tiene la potestad jurídica de aceptar embargos judiciales”, afirmó.

La fiscal recomendó a la Comisión Especial que las directrices y acuerdos para corregir esta situación deben partir necesariamente del MEF, a fin de encontrar una solución definitiva que contemple una adecuación normativa.

Finalmente, detalló que el Ministerio Público ha intervenido en aproximadamente 2.000 causas vinculadas a este esquema de descuentos irregulares, en el marco de las investigaciones sobre la mafia de los pagarés.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Un joven que circulaba a bordo de una motocicleta falleció tras embestir un vehículo y luego contra una columna de tendido eléctrico. Se trata de Isaías Marcel Arriola Riveros, de 22 años, quien conducía una moto de la marca Kenton, modelo GTR 200 LTD, color blanco, con chapa 423ABHY. El fallecido era del Km 9 Acaray.

Ocurrió esta tarde, a las 14:30, sobre la avenida Carlos Barreto Sarubbi, del Km 10 Acaray, a unos 3 mil metros de la Ruta PY02. El joven se dirigía con dirección sur, aparentemente a muy alta velocidad, según señalaron testigos al personal policial.

Llegado al lugar del accidente, el motociclista habría rozado otra moto y a raíz de ese acto terminó impactando contra un vehículo y luego terminó impactando la columna de la Ande. El conductor de la otra moto involucrada, por la que rozó el joven, también quedó con lesiones al caer del rodado, pero subió de nuevo a su moto y huyó del lugar.

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Es lo que manifestó el comisario Edgar Morán, jefe del Puesto Policial 12 del Km 11 Acaray. El automóvil contra el que chocó la víctima es de la marca Toyota, modelo Vitz/2006, color gris, chapa AAJD 327, que se encontraba estacionado. Es propiedad de Juan Santacruz (36), residente en la misma zona.

El comisario Morán dijo a La Nación/Nación Media que la alta velocidad habría sido la causa por la cual, el joven fue a impactar de forma tan fuerte por un vehículo y luego por el poste de tendido eléctrico, tras rozar la otra moto. El fuerte impacto de la cabeza es lo que habría generado la muerte del joven.

El absoluto descontrol en las calles de Ciudad del Este hace, en el primer semestre del año, que se hayan “normalizado” accidentes diarios, ya no solo sobre la Ruta PY02, sino en avenidas y calles de barrios. En la zona donde ocurrió el accidente, la falta de reductores de velocidad de acuerdo a las normas, es una de las causas, según vecinos. Fue reciente otro accidente fatal, en la misma zona.

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La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.

“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.

Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.

Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.

También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Repu­blicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.

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La Fiscalía Adjunta del Área VI (Caaguazú) ratificó la competencia del fiscal Fermín Segovía para que siga al frente de la investigación por el feminicidio de María Fernanda Benítez. El fiscal adjunto Diego Zilbervarg rechazó la recusación presentada por la defensora Lourdes Mabel Rolón.

El fiscal adjunto estudio la recusación y tras un análisis detallado de los antecedentes del caso y la normativa aplicable concluyó que no se configuraba causal legal alguna que comprometa la objetividad del agente fiscal interviniente. En consecuencia, se resolvió confirmar la continuidad del agente fiscal Fermín Segovia en la conducción de la causa, que se encuentra en etapa investigativa. La decisión fue comunicada a las partes procesales y a las oficinas pertinentes para su debida anotación.

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María Fernanda desapareció el pasado martes 27 de mayo y su cadáver fue hallado el 1 de junio, en un terreno baldío que queda cruzando la calle de la casa del adolescente de 17 años. Hasta la fecha se tienen a seis personas imputadas en el crimen de María Fernanda, entre ellas el joven de 17 años, principal sospechoso con quien se la ve por última vez en la moto.

Así también, fueron detenidos: Mikahella Rolón, presunta instigadora del crimen; Franco Acosta, hijo del dueño de la farmacia que vendió las pastillas para el aborto; los padres del sospechoso, quienes fueron imputados por exposición al tránsito terrestre porque su hijo usó la moto y Ricardo Villamayor, en cuya vivienda se encontró el biciclo y guarda prisión domiciliaria.

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