El exdirector de Administración y Finanzas del Indert, Diego de los Ríos, pidió 20.000 dólares para “el número 1” y US$ 5.000 para él a cambio de solucionar un conflicto de adjudicación de tierras en el Chaco.
Uno de los audios que están en manos de la Fiscalía, correspondiente a las denuncias sobre el esquema de coimas en el Indert, revela las negociaciones que realizó el exdirector de Administración y Finanzas de esta institución, Diego de los Ríos.
“El número uno me pidió que cumplas con él y acá, para que podamos cerrar esto, o sino, vamos a dejar nomás”. Esta es la primera advertencia que lanza Diego de los Ríos en la conversación con la víctima y se interpreta que hace alusión al presidente del Indert, Mario Vega, cuando dice el número uno.
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Posteriormente, indica que el titular pide 20.000 dólares, pero que además él (De los Ríos) quiere otros US$ 5.000 para él, es decir, US$ 25.000 en total.
El denunciante responde que puede pagar hasta 20.000 dólares, pero que le resultará imposible cumplir con los otros US$ 5.000, ya que una de sus casas está hipotecada. “25 de los americanos y yo te voy a sacar en menos de lo que canta un gallo, sa’ieterei ko”, insiste Diego de los Ríos.
Según el fiscal Rodrigo Estigarribia, este es uno de los pagos que sí se llegó a concretar a diferencia de otro pedido de 200.000 dólares que no se efectuó.
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Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en la lucha por desenmascarar a Prieto
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
“Miguel Prieto es un corrupto, en su administración como intendente existen delitos que son dolosos y de asociación criminal“, afirmó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Nosotros somos conscientes de la importancia del trabajo que hacemos al desenmascarar a Miguel Prieto, caso contrario seguiría siendo un ídolo. Su administración carece totalmente de transparencia, no asume las irregularidades y falencias”, dijo Montiel.
Detalló que la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este tuvo su origen en el 2001 y su reactivación se concretó en el 2018, con la solicitud de intervención a la gestión de la exjefa comunal Sandra McLeod.
Montiel, quien se desempeña como secretaria de la organización contralora, comentó que se encuentra conformada por unos 50 integrantes, pero 15 se mantienen activos en la actualidad.
Señaló que la organización que destapó los supuestos casos de corrupción del dirigente opositor cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas, entre otros.
“Las 15 denuncias presentadas ante el Ministerio contra Prieto fueron formuladas mediante las documentaciones que obtuvimos con la norma 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Otras mediante documentaciones proveídas por los ciudadanos o funcionarios de la comuna”, explicó Montiel a Nación Media.
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Principales denuncias
Causa 6734/2021: el caso judicial conocido como “Tajy Servicios Generales” guarda relación con la compra de insumos para la panadería municipal durante la pandemia del covid-19. La Fiscalía sospecha que en la comuna se montó un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
En la causa se detectó un perjuicio económico de G. 306.188.500. Esto derivó en la imputado Miguel prieto y otras 11 personas, entre ellos, el actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez Insfrán.
Causa 2390/2022: el caso judicial guarda relación con la violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, se denuncian que la suma de G. 11.042.908.068, correspondiente al 60 % de cobros del impuesto inmobiliario no fueron invertidos en gastos de capital en el año 2021.
Causa 8758/2022: el caso judicial guarda relación con la sobrefacturación en la construcción de obras en la zona del asentamiento Mariscal Francisco Solano López. Se ocasionó un año patrimonial equivalente a G. 566.934.560, aproximadamente.
Causa 11508/2023: el caso judicial guarda relación con la transferencia realizada a la Asociación de Pescadores de Ciudad del Este, sin rendición de cuentas por valor de G. 150.000.000.
Causa 10690/2023: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de contratos exclusivos para su aliado político y aportante de campaña, Elvio Mareco Barrientos, quien de vendedor de frazadas se convirtió en uno de lo más beneficiados por Prieto. Su empresa MB Constructora fue premiada con la suma de G. 14.571.879.167 para la construcción de aulas, empedrados, puentes.
Causa 11064/2023: el caso guarda relación con el uso indiscriminado de transferencia de capital a subcomisiones vecinales para la construcción de diferentes obras por valor de G. 61.316.065.667, eludiendo la ley de Contrataciones Públicas.
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, bajo la gestión de Prieto se montó un esquema delictivo manejado junto con funcionarios municipales de su entorno para supuestamente favorecer a las empresas amigas.
Causa 6272/2024: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de millonarias adjudicaciones a una firma constructora de dudosos antecedentes. Hasta el año 2021, la firma aparecía como un club nocturno y un año después ya estaba recibiendo contratos para la refacción de escuelas y obras viales.
Se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada por Prieto, que de club nocturno paso a ser una constructora. Anteriormente llevaba como nombre Golden Rouge.
La firma tiene adjudicados G. 18.990.207.863 y su actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles. Como actividades secundarias declararon la construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
Causa 12926/2024: la causa judicial guarda relación con la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, para encargarse de la mensura de la exfinca 66. De acuerdo a la denuncia, Prieto abonó sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad.
Detalla que se causó un daño patrimonial equivalente a G. 2.673.000.000. El dirigente de la oposición fue denunciado por lesión de confianza y asociación criminal
Causa 8523/2024: el caso judicial guarda relación con las transferencias a subcomisiones ficticias con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares. El caso también involucra a su aliado político, el concejal Sebastián Martínez. La denuncia es por asociación criminal, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
En total fueron transferidos G. 306.800.000, aproximadamente. Estas subcomisiones estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar y habrían presentado facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
Causa 7081/2025: la causa judicial guarda relación con hechos de nepotismo atribuidos al intendente Miguel Prieto. El líder de Yo Creo había admitido en una entrevista televisiva la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso.
En la nómina de los familiares de Prieto que ingresaron a la comuna esteña figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.
De esta causa también surgió la denuncia sobre hechos de nepotismo atribuidos 6 concejales que fungen como aliados políticos de Prieto. Los ediles acusados son Sebastián Martínez, Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Alison Anisimoff, María Esther Portillo y Pedro Acuña. Las autoridades señaladas tienen a sus familiares trabajando en la Municipalidad de Ciudad del Este con salarios que varían entre G. 3.000.000 y G. 12.000.000.
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Titulación masiva del Indert: experto en economía agrícola destaca beneficios de la formalización
Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.
El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.
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Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.
Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.
“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.
Notorios cambios en la gestión
Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.
“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.
Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.
Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.
Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.
“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.
Otros beneficios
Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.
“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.
Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja, dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.
Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.
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“Los problemas de Prieto son con la Justicia”, indicó Rocío Abed
La diputada Rocío Abed, líder de la bancada oficialista de la Cámara de Diputados, remarcó que los problemas del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, son con la justicia, después que éste publicara en redes una amenaza de visitar el domicilio de la legisladora con una manifestación. “Ahí vamos estar esperando el resultado de las votaciones”, expresó el cuestionado jefe comunal.
“Lo que pretende es amedrentar, intimidar y desviar la atención de lo verdaderamente importante: las graves denuncias de corrupción que pesan sobre su gestión. Pero los problemas de Miguel Prieto son con la Justicia, no conmigo, ni con mi familia”, expresó Abed en comunicación con La Nación/Nación Media.
Asimismo, señaló que resulta sumamente peligroso que se pretenda influir en el sentido de la votación de un legislador promoviendo manifestaciones frente a su domicilio. “Esto debe ser considerado por la cámara como una afrenta, no solo a uno de sus integrantes, sino al órgano como tal”, acotó la parlamentaria.
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“Es por eso, que muchas veces callé, para evitar entrar en este tipo de situaciones peligrosas, realmente no por cobardía, si por un cierto temor, porque sé cómo actúa y porque tengo una familia a la que quiero proteger”, señaló Abed.
A pesar de ello, comentó que ya no puede callar ante las barbaridades que se están denunciando. “Muchas veces vemos que no llegan las informaciones a la capital, y nos cansamos de escuchar a sus defensores mintiendo a la ciudadanía desde sus bancas”, lamentó.
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Ya no celebra denuncias con tortas
La diputada manifestó que Prieto debe explicar las 49 denuncias en su contra, “pero ahora ya no se burla como hizo con la 40, cuando hasta compró torta”, recordó. “La gente ya no es tonta y entonces, empieza a sacar su otra faceta, la de la violencia, la de la coacción, la de la amenaza y quién sabe qué otras cosas más”.
Insistió en que las denuncias hacia Prieto son hechas por gente de su entorno, que lo llevó a la intendencia, que trabajó políticamente para él y que trabajó en su administración.
“Algunos se retiraron al ver su verdadera faceta, corrupta, dictatorial, soberbia, a veces hasta violenta. Pregunten en Ciudad del Este, los que le denuncian no tienen ninguna relación, es más, son grupos antagónicos políticamente al nuestro, no tienen ninguna relación con nosotros”, dijo.
“Seguiré siendo la voz de la gente cansada de sus tropelías, pero obviamente, esto me tambalea porque cuando meten a mi familia, a mi hija, a mi mamá, cuando se meten con aquello que es lo más sagrado que tenemos, allí hay un límite que el mismo está queriendo cruzar y eso es muy peligroso”, concluyó.
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Contraloría refuta a Prieto: “Es falso que no se incluyeron las denuncias de nepotismo”
Tras la confirmación del propio Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, sobre haber recaído en hechos de nepotismo, desde la Contraloría General de la República manifestaron que es un hecho inédito el que haya admitido haber cometido dicho delito y sostuvo además que en su dictamen, el ente contralor incluyó las denuncias por presuntas contrataciones irregulares.
“Es falso que ese asunto no se menciona en el pedido de intervención por la Contraloría, de hecho el contralor general explicó en varios medios las razones por las cuales se pide la intervención, tanto en Ciudad del Este como Asunción, y en ese sentido, uno de los elementos que existen es que hay muchas denuncias y se menciona puntualmente el caso de presunto nepotismo, confirmado ahora mismo por boca del propio señor Prieto”, expresó Leandro Villalba, director de Auditoría Forense de la Contraloría.
En contacto con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media, Villalba recalcó que uno de los puntos mencionados en el dictamen en cuanto a las irregularidades en Ciudad del Este, son las denuncias que tomaron estado público por presunto nepotismo. Prieto habría contratado a sus primos y otros allegados para prestar servicios en la municipalidad, sin que tuvieran otro mérito que ser familiares suyos.
“Es incorrecto lo que mencionó el señor Prieto en aquel programa. En primer lugar hay que decir que él mismo está confirmando públicamente que cometió un delito, ese es un asunto no menor. Sinceramente no recuerdo algún precedente como este, no recuerdo que una persona de cualquier partido político admita en una entrevista en vivo que acaba de cometer un delito”, manifestó.
El director de Auditorías también señaló que las denuncias por nepotismo, son uno de los elementos que la Contraloría pide que sean considerados al momento de analizar si es factible una intervención en la comuna, tal y como lo recomienda esta institución, quien además advierte que es probable que en la municipalidad se hayan cometido otros hechos punibles.
“Desde ese entonces hasta hoy nos encontramos con el propio intendente que confirmó los hechos, él mencionó que uno de los casos (las contrataciones) se dio a instancia de la Junta Municipal, las otras fueron contratación directa, viene a ser un elemento más de todos los que se han mencionado por la Contraloría en el caso de la Municipalidad de Ciudad del Este”, ratificó.