El paciente se encontraba internado en fase terminal en el Instituto Nacional de Cardiología y recibió la donación de un corazón de otro joven esteño como él.
Las primeras 72 horas posteriores a la cirugía son las más críticas y según los reportes, el intervenido presenta buena evolución.
Un joven con diagnóstico de miocarditis dilatada en fase terminal e internado en terapia intensiva fue sometido a un trasplante cardiaco, el cuarto en pandemia, dos se hicieron en el Instituto Nacional de Cardiología - Hospital San Jorge y otros dos en el Hospital Pediátrico Acosta Ñu.
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El doctor Marcos Melgarejo, director y médico intervencionista, explicó que el paciente de 28 años se encuentra con buena evolución y se aguarda que pase las primeras 72 horas del posoperatorio.
Melgarejo destacó la coordinación del equipo de ablación que realizó el procedimiento para la procuración y el traslado del órgano, coincidentemente de otro joven esteño, cuyos familiares tomaron la determinación de donar sus órganos luego de confirmada su muerte.
El profesional explicó que en coincidencia con la pandemia, se requiere de estudios extras como el test COVID-19 y la compatibilidad del órgano, así como la procuración hasta un determinado tiempo.
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Luego de 18 días, finalmente el niño atropellado por una moto dejó UTI del Hospital Tesãi
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La familia de Brian, de 6 años, accidentado hace dos semanas, volvió a sonreír; el niño dejó cuidados intensivos ayer después de 18 días y ya está en sala de internados de Pediatría del Hospital Área 2 de la Fundación Tesãi de Ciudad del Este.
El abrazo de la madre fue lo primero que recibió. El pequeño fue gravemente lesionado en un accidente ocurrido el pasado 9 de mayo sobre la Ruta PY07, cerca del Hospital Regional, al igual que otra hermana de 10 años.
Requirió en forma inmediata de una Unidad de Terapia Intensiva y fue trasladado al hospital de Tesãi donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció en UTI hasta ayer, según confirmó una divulgación del citado hospital.
“Sigue siendo evaluado y sometido a estudios médicos, pero su evolución es favorable. Se encuentra lúcido, con sesiones de fisioterapia para su fortalecimiento muscular y acompañado por un equipo multidisciplinario de especialistas del Hospital del Área 2”, reportó la Fundación Tesãi.
En cuanto a la hermana de 10 años, quien también había sido trasladada del Hospital Regional a Tesãi, por múltiples fracturas, fue dada de alta el viernes 23 de mayo y “se encuentra bajo control médico ambulatorio”.
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Dependiendo de los resultados de nuevos estudios, tendrá que someterse a más cirugías, según contó a La Nación/Nación Media, el padre de ambos menores accidentados. “Es un milagro lo que ocurrió, gracias a las oraciones de la gente, gracias a Dios y a los doctores, mi hijo ya está jugando en la cama”, dijo el progenitor.
El padre contó que es confitero, pero que él y su esposa no están pudiendo trabajar, porque ambos están cuidando a los dos niños que se accidentaron, a uno en el hospital y a la niña en la casa porque está en cama y aún no puede caminar.
Por otro lado, el papá se mostró molesto por el arresto domiciliario otorgado al motociclista que chocó a sus hijos. Cabe recordar que fueron cuatro hermanos los que cruzaban la ruta camino a la escuela, cuando dos de ellos fueron embestidos por el motociclista.
Todos fueron auxiliados en el Pabellón de Emergencias del Hospital Regional, pero los dos de menor edad fueron los que resultaron con lesiones y quedaron internados. Horas después, el pequeño fue llevado a Tesãi y dos días después también Evelin.
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Miguel Prieto recusó a siete fiscales y un juez para trabar audiencia preliminar
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sigue dilatando el avance de uno de los procesos de la Justicia en su contra, y recusó a 6 agentes fiscales y a una fiscal adjunta, además del juez Humberto Otazú, lo que podría suspender la audiencia preliminar prevista para este miércoles.
Las recusaciones son contra los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez, Jaime Adler Monjes, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, además de la fiscal adjunta Soledad Machuca, en la acusación por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por la compra de alimentos durante la pandemia, informó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Los agentes fiscales recusados son de la Unidad de Delitos Económicos. Esta nueva recusación debe ser estudiada por el propio fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón.
Esta nueva recusación evita que se pueda realizar en la fecha la audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú, quien había convocado a Prieto para que el mismo y otros acusados para resolver si la causa es elevada a un juicio oral y público como lo había solicitado el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
En este caso, la Fiscalía sostiene que con la compra de alimentos en pandemia del covid-19 se generó un perjuicio de G. 350 millones para la Municipalidad de Ciudad del Este. Los representantes legales de Prieto presentaron la recusación contra el juez Humberto Otazú, lo cual refuerza la intención del intendente de no enfrentar la audiencia preliminar.
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Nueva fecha de audiencia preliminar para Miguel Prieto por perjuicio patrimonial
El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.
El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.
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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
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Lesión de confianza y asociación criminal: juez fija audiencia preliminar para Miguel Prieto
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.
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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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