El senador Fernando Silva Facetti aclara que la ley de insolvencia lo que busca es darle mecanismos de solución a las personas que no pueden cubrir sus deudas cuando sobrepasan el valor de su patrimonio. Foto: Archivo.
Insolvencia: desmienten que se embarguen bienes por deudas de 3 meses
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El senador Fernando Silva Facetti aclara que la ley de insolvencia lo que busca es darle mecanismos de solución a las personas que no pueden cubrir sus deudas cuando sobrepasan el valor de su patrimonio.
El proyecto que cuenta con media sanción del Senado establece normas de fondo y de forma para el tratamiento de la insolvencia económica de personas físicas y jurídicas.
La quiebra o la insolvencia es un estado patrimonial, es decir, cuando alguien tiene más deudas del patrimonio que posee, cuando el valor del patrimonio no alcanza para cubrir las deudas.
“No es que yo entro en insolvencia cuando me retraso tres meses en mi deuda, si no pago tres meses va a seguir siendo como ahora: le van a notificar, intimar al pago y si no cumple le abren un juicio de reclamo, la insolvencia se da cuanto juntando todo lo que tenés no es suficiente”, explicó el senador Fernando Silva Facetti a la periodista de HOY, Mirian Soilán.
El objetivo del proyecto es resolver el estado de insolvencia del deudor de la siguiente manera:
Si se trata de persona jurídica se establece la reorganización de la persona para ver si es viable su organización o si corresponde la liquidación
Si fuera una persona física, se estipula la reestructuración de la deuda de la persona física o la liquidación.
Formas de resolver el estado de insolvencia
Convocatoria de acreedores, la quiebra en sí (ambas ya figuran en la ley actual) y el acuerdo extrajudicial de reorganización que es el elemento nuevo.
“Acá nos ponemos de acuerdo los deudores con los acreedores y firmamos un acta de administración”, comentó Silva Facetti,
Las partes llegan a un acuerdo fuera del proceso judicial y el resultado de esto será homologado por el juez y tendrá la misma fuerza que un concordato (el acuerdo entre el acreedor y el deudor), donde se establece el tiempo de espera, si habrá quita, cuáles son los bienes que están en juego, entre otros aspectos.
Subastan bienes del Colegio de Escribanos ante deuda multimillonaria con la Corte
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La Justicia procedió al remate de doce propiedades pertenecientes al Colegio de Escribanos del Paraguay ante una deuda de G. 40.455.626.413. con la Corte Suprema de Justicia. La subasta se realizó en la sede del Palacio de Justicia y fue ordenada por la jueza en lo civil y comercial Liza Reyes.
Gran cantidad de personas acudió hasta la secretaria del juzgado civil y comercial primer turno para el remate de los inmuebles del Colegio de Escribanos del Paraguay.
Los inmuebles que se adjudicó la Corte están ubicados en el distrito de La Encarnación, así como en zonas de Ciudad del Este, San Lorenzo y otros. El valor de las doce propiedades rondaría la suma de G. 16.600 millones, faltando aún cubrir la suma de G. 23.400 millones.
La propia Corte Suprema de Justicia se adjudicó los inmuebles atendiendo la deuda multimillonaria que mantiene el gremio de escribanos con la máxima instancia judicial.
Juicio de rendición de cuentas
En su momento la Corte Suprema de Justicia inició un juicio civil de rendición de cuentas contra el gremio de escribanos, para que rindiera por la delegación de la gestión y venta de los materiales de uso notarial, entre el 5 de mayo de 1999 y el 26 de febrero del 2021. En el presente caso, el Colegio de Escribanos se allanó a la demanda, y por ende la jueza en lo civil y comercial, Liz Carina Caballero, el 8 de junio del 2021, hizo lugar a la demanda de rendición de cuentas.
Posteriormente, el Colegio de Escribanos en su rendición del dinero obtenido reconoció una deuda con la Corte de G. 20.178.641.416, debido a que debía pasar el 70 % de las ganancias a la Corte y el 30 % quedaba para el gremio por su gestión. Este hecho fue cuestionado por la Corte, con lo que se realizó una pericia contable, que arrojó que la deuda era de G. 40.455.626.413.
La resolución de primera instancia fue apelada por el gremio de escribanos y un tribunal de apelación en lo civil y comercial conformado por Verónica Velázquez, Miguel Ángel Rodas y Neri Villalba, ratificó la resolución de primera instancia.
El bloque bicameral tuvo como eje el financiamiento político y el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Foto: Gentileza
Comisión Antilavado entregó su informe final a la Presidencia del Senado
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La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.
“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.
Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.
Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.
Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla,según se reveló.
Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hospital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hemato-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.
El presidente del bloque bicameral, Dionisio Amarilla realizó la entrega oficial del informe a la secretaría general del Senado. Foto: Gentileza
Mediante una consultoría externaimpulsada por la actual administración del IPSse detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.
Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.
Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.
También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.
También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Republicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.
Ley de la Función Pública y del Servicio Civil entrará en vigencia este miércoles
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Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que la Ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil entrará en vigencia desde este miércoles 16 de julio, según lo que establece su artículo 146. La institución está realizando unas cuantas consideraciones respecto a la autoridad de aplicación, carreras especiales y lineamientos de implementación.
Mediante un comunicado, emitido este lunes, se menciona que la cartera estatal será la autoridad de aplicación en materia de función pública y del servicio civilpara el ámbito del Poder Ejecutivo, con el objetivo de garantizar claridad y seguridad jurídica en el proceso de implementación de la ley.
Se detalla que la normativa abarca a todas las instituciones públicas y establece como autoridad de aplicación a aquellas que poseen autonomía de conforme a la Constitución Nacional, como son el Poder Legislativo, el Poder Judicial, universidades nacionales y municipalidades, entre otras.
Señala que cada autoridad de aplicación deberá reglamentar la ley en su respectivo ámbito de competencia. Así también, reconoce la vigencia de las carreras especiales como ser la judicial, la diplomática y consular, la docencia en todos sus niveles, policías, militares, la carrera de blanco y otras, que se regirán por sus propias normas.
Añade que para las instituciones que integran el ámbito del Poder Ejecutivo, la reglamentación está siendo elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional.
La entrada de vigencia de esta ley no tiene efecto retroactivo sobre los procesos de ingresos a la función pública realizados bajo las normativas de la ley 200/1970 o la ley 1626/2000. Agrega que la reglamentación establecerá los lineamientos para procesos de concursos públicos, ingresos y promociones de funcionarios públicos, régimen del empleado público (contratos), traslados temporales (comisionamientos), y definitivos.
Tras tomar conocimiento sobre la próxima vigencia de la ley, una gran cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Asunción se movilizaron este lunes frente a la sede del Poder Judicial como medida de rechazo. Los manifestantes reclaman que se declare inconstitucional esta legislación que modificará contratos colectivos de trabajo del personal municipal.
Aniversario del PLRA: senador insta a los azules a abandonar la mezquindad política
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El senador Dionisio Amarilla instó a sus correligionarios a abandonar la “mezquindad” política y abrir un diálogo con el Gobierno y el Partido Colorado, con la finalidad de construir consensos en base a una agenda país. El requerimiento surge en la víspera de los 138 años de fundación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que se celebrará mañana jueves 10 de julio.
“El PLRA debe instalar el diálogo con el partido que está en función de gobierno de manera coyuntural, construir consensos, mirando hacia el futuro y enarbolando en primer lugar la bandera paraguaya, después los intereses mezquinos que llevaron a nuestro partido a la banca rota”, dijo.
El legislador acotó: “El tiempo se ocupará de aquellos que han tenido actitudes miserables, que removieron de espacios simbólicos a las personas que dieron mucho por el partido por el solo hecho de pedir transparencia al interior del partido. Si revisamos bien las finanzas del PLRA encontraremos que siguen las demandas”.
Las afirmaciones de Amarilla surgieron tras ratificar su intención de pujar por la presidencia de la nucleación política. “Voy a buscar reorganizar al partido, bajar las líneas de acción”, manifestó durante su intervención en la sesión ordinaria de la Cámara Alta.