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La Fiscalía General del Estado y la defensa de los involucrados en la causa aún no recibieron los resultados de la pericia realizada al celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Sin embargo, esta información fue filtrada y divulgada por el juez Osmar Legal a la prensa.

Según el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal de Orlando Arévalo, el Ministerio Público es el titular de la acción y, por ende, el dueño del teléfono y de los datos extraídos por ley. En este sentido, afirmó que el juez se apropió de informaciones que pertenecen a la Fiscalía e hizo un uso indebido y discrecional de estos datos. “Puede ser grave lo que se presente en esos chats, pero su origen es ilegítimo e ilegal. Eso impide incluso creer en la autenticidad de lo que se publicó”, argumentó.

El abogado enfatizó que la divulgación de la pericia representa un resquebrajamiento del Poder Judicial, dado que enfrenta a la Fiscalía con los juzgados. “Los dueños de la evidencia reclaman que no la tienen y se les insta a avanzar con la acción penal sobre personas sindicadas en los chats, pero esos chats no existen en la carpeta fiscal”, sostuvo.

Consultado sobre si esto se realizó como anticipo jurisdiccional de prueba, el abogado aclaró que la Fiscalía nunca pidió tal medida, sino solo la autorización para extraer los datos. Sin embargo, el juez ordenó el anticipo por cuenta propia, recibió los resultados, los divulgó sin dejar constancia alguna y hasta la fecha no entrega ni los celulares ni los datos extraídos al Ministerio Público.

“El juez hizo un show para simular que todo se hizo conforme a la ley, pero hasta hoy no entrega el resultado ni a la Fiscalía ni a la defensa”, agregó el abogado defensor.

Una mujer sospechosa de envenenar con un pastel de Navidad con arsénico a varios miembros de su familia política, tres de los cuales murieron, fue hallada muerta en una cárcel de Brasil, informó este jueves el jefe de la investigación. “La mujer fue encontrada muerta hoy” en la celda, dijo a la AFP Marcos Vinícius Veloso, de la policía civil de Torres, la ciudad del estado de Rio Grande do Sul donde ocurrieron los hechos.

Seis personas de la familia de su marido se sintieron mal después de comer el pastel en vísperas de Navidad, entre ellas la suegra de la sospechosa, que había horneado el dulce. Todos fueron hospitalizados poco después. Tres murieron con diferencia de horas. Los demás sobrevivieron, entre ellos un niño de diez años.

El caso conmocionó al país, que durante varios días siguió los detalles de cómo la mujer había obtenido por internet el arsénico que mezcló con la harina, suministrada a su suegra. Antiguas rencillas familiares podrían haber motivado el crimen, según medios locales.

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La mujer estaba desde el 5 de enero en “detención temporal” en una cárcel de Rio Grande do Sul, dijo Veloso. El investigador explicó que la semana próxima sería imputada por triple homicidio doblemente calificado y triple tentativa de homicidio doblemente calificado. No detalló las circunstancias de su muerte. Según el portal de noticias G1, se ahorcó.

La policía investigaba también una posible relación entre la mujer y el deceso de su suegro unos meses antes, en septiembre, tras comer bananas y leche en polvo que ella le había llevado. Esa muerte había sido atribuida a una intoxicación, pero tras exhumar el cuerpo los forenses hallaron arsénico.

Fuente: AFP.

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Las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, respecto al responsable moral del crimen de Marcelo Pecci y su crítica hacia el fiscal del caso, Mario Burgos, podrían motivar una acción judicial por parte de la defensa de Horacio Cartes, así lo confirmó su abogado, Pedro Ovelar, quien lamentó que este proceso haya sido utilizado para vincular el nombre de su cliente en el hecho.

“Este momento es bastante incipiente nuestro trabajo, pero a la par muy avanzado y lo esperamos por Paraguay al doctor Iván Cancino con toda su información para luego ejecutar la acción judicial”, afirmó Ovelar a la 650 AM, medio donde indicó que han seguido muy de cerca todas las declaraciones de los hoy condenados por el asesinato al exagente del Ministerio Público de nuestro país.

Estas expresiones del representante legal en Paraguay de Cartes, responden a la consulta respecto a qué acciones o medidas se podrían iniciar ante acusaciones de que miembros de la Fiscalía colombiana intentaron instalar el nombre del expresidente en torno al crimen de Pecci, esto sin que existan pruebas que sustenten estas expresiones y en paralelo, el mandatario de Colombia lance duras críticas contra el fiscal del caso.

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“Me tuvieron torturada cinco meses, tratando de que yo mintiera sobre un expresidente del que nunca escuché”, fueron las declaraciones de Margareth Chacón, condenada en el crimen de Pecci, en tanto, Petro mencionaba días atrás, “¿Por qué la muerte de Pecci, paraguayo quedó en manos del fiscal Burgos? Y el fiscal Burgos sacó al asesino del proceso, que es el narcotraficante Marset”.

Teniendo en cuenta estos elementos, Ovelar indicó que el trabajo que les corresponde tanto a Cancino como a él es realizar una serie de verificaciones y revisiones para enmarcar primeramente la figura jurídica, es decir, si hubo una denuncia falsa, producción de documentos no auténticos u otros hechos y posteriormente, quiénes serían los responsables de lo que pasó.

“Sí o sí hay una persona responsable porque la Fiscalía General podría ser responsable en cuanto a alguna indemnización si es que algunos de sus fiscales, desviándose de la verdad, involucra a una persona inocente, pero la persona que ejecutó la acción para mentir o instalar mentiras sobre una persona inocente es responsable penalmente de ese ilícito y además civilmente una vez que se demuestre su responsabilidad y se lo condene”, explicó.

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En esta investigación, que podría abrirse, se juzgará si hubo un error por parte de la Fiscalía colombiana o si fue un hecho intencional. No obstante, Ovelar remarcó, “en las declaraciones del presidente de Colombia, hablamos de intencionalidad aparente del fiscal Burgos para eliminar del proceso a los verdaderos responsables del crimen de Marcelo Pecci, no estamos hablando de un simple error sino de algo intencional”.

Un juez de Brasil ordenó la libertad ambulatoria de la paraguaya Lucía Insfrán Peralta, que fue denunciada por presuntos actos racistas, durante un encuentro deportivo de un equipo de escuelas de fútbol que disputó un campeonato.

La compatriota está obligada a fijar arraigo en un domicilio en el vecino país. Ella iría a vivir con su marido, Oscar Benítez, quien se encuentra residiendo en un albergue ubicado en el municipio de Livinia, Estado de São Paulo.

El juicio continuará en esa circunscripción judicial brasileña, en donde la paraguaya deberá prestar declaración indagatoria en los próximos cinco días, afirmó el ministro Carlos Vera Aguilera, director de Asuntos Consulares, quien habló con la 970AM/Nación Media.

Afirmó que el consulado paraguayo en la ciudad paulista está asistiendo a la compatriota y a su marido, conversando con la prefectura (municipalidad) de Livinia para extender el tiempo de la estadía en el refugio municipal.

La señora Lucía fue liberada de toda acusación, y “como es madre, para que haba reunificación familiar, el consulado garantiza que la compatriota está dispuesta a someterse al debido proceso”, dijo Vera Aguilera. Agregó que actualmente el proceso se encuentra en fase de análisis jurídico, es decir: el juez debe dictaminar finalmente si será sobreseída en forma definitiva o seguirá el proceso, una vez que se tenga la declaración de la paraguaya.

La familia de Benítez fue al vecino país, hasta la ciudad de Tupi Paulista con un equipo de escuelas de fútbol para disputar un campeonato. Para el viaje trabajaron durante un año para juntar el importe del pasaje y estadía, ya que debían permanecer una semana para disputar el encuentro.

Benítez explicó que el encuentro se disputó de manera tranquila, y que incluso el partido lo iban perdiendo, pero que cuando el equipo paraguayo metió un gol lo celebraron con todo, sin embargo, desmintió que ella haya gritado el insulto ni que haya hecho los gestos de los cuales se la acusa.

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