Luego de un largo debate en el pleno de la Cámara de Senadores, el proyecto de Ley de Reforma del Transporte Público quedó con media sanción aprobado con modificaciones a la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo. La normativa busca descentralizar las funciones del sistema del transporte lo que permitirá mejorar el servicio.

Al respecto, el senador Natalicio Chase, líder de bancada de Honor Colorado y presidente de la Comisión de Obras Públicas aseguró que, durante todo el proceso de estudio del proyecto de Ley, el usuario ha sido el centro de atención con el único fin de que pueda sentir en poco tiempo las mejoras en el servicio del transporte público.

Mencionó que tras el debate durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en la fecha quedaron aprobados los 122 artículos que contempla la propuesta de Ley enviada por el Ejecutivo para la transformación del sector. El documento pasa ahora a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.

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Remarcó que se tuvieron en cuenta todas las preocupaciones de los distintos sectores y las condiciones laborales de los trabajadores del sector transporte están garantizadas y no existe ningún vacío legal, ni ningún punto que se pueda reclamar. Recordó que el Código Laboral cumple con el 100 % de las condiciones y lo mismo se cumplirá con las nuevas normas de contrataciones.

“Este proyecto lo que busca es descentralizar las funciones, es por eso que se establece un sistema que sea más controlable en las diferentes etapas del sistema del sector transporte. Creemos que va a mejorar considerablemente la calidad del servicio, la calidad de los ómnibus; el usuario debe percibir esos cambios, ya que ha sido durante todo el proceso de estudio se puso al usuario como centro del proyecto de ley”, enfatizó.

Asimismo, explicó que la reforma prevé durante un proceso de 4 años, donde el Estado estima en este primer año una inversión de 50 millones de dólares para la transformación inicial del sistema. No obstante, explicó que aún desconocen cómo se llevarán a cabo esos procesos licitatorios.

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En tanto, la senadora colorada Blanca Ovelar, logró que el plenario le acompañará en su propuesta de trazabilidad para brindar mayor transparencia al proceso de reforma. Indicó que se debe garantizar la trazabilidad de la información.

“Los ciudadanos deben tener acceso a las informaciones, los datos sobre tarifas. Aquí debemos garantizar la trazabilidad de la información. Cuando se deciden cosas sobre el ciudadano, el ciudadano debe saber cuál es el origen de todo eso, y cuando surgen denuncias deben saber dónde se deriva, en cuánto tiempo va a tener una respuesta” explicó.

Resaltó que por lo menos se logró incluir dentro de la propuesta los conceptos, pero que ya será luego la forma de aplicación de la reglamentación.

Respecto al tema de fideicomiso, señaló que no afecta lo que está establecido en el Código Laboral, ya que el fideicomiso no tiene nada que ver con los contratos laborales y que eso se explicó en el plenario.

“Lo que explicó el presidente de la comisión de Obras, es que el fideicomiso no reemplaza a las empresas, solamente reemplaza el papel del Estado en la provisión de los recursos, que hoy se otorga en forma de subsidios. Entonces, los trabajadores tienen las garantías del Código Laboral con las empresas prestadoras del servicio”, acotó.

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El senador Natalicio Chase, presidente de la Comisión de Obras, aseguró que el proyecto de ley de Reforma de Transporte Público, en particular, no puede ir en contra a lo que ya está establecido en el Código Laboral, en relación a la preocupación de los choferes sobre sus puestos de trabajo.

Previo al inicio de la sesión extraordinaria de la fecha, el legislador explicó que en caso de que la empresa de transporte público vaya a la quiebra, se le retire el itinerario o cierre, el Código Laboral establece que primero se deben pagar los pasivos laborales; por tanto, todos los choferes están 100 % protegidos en sus derechos adquiridos.

Resaltó que no se puede modificar nada de lo que ya contempla el código con una ley de Reforma, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta, con las correspondientes modificaciones en sus articulados.

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Chase aseguró que durante el estudio que se llevó a cabo mediante un trabajo conjunto de ocho comisiones asesoras, se ha tratado con mucho cuidado todo lo referente a la relación laboral que los trabajadores del volante tienen con las empresas transportistas, teniendo en cuenta que son relaciones independientes a la concesión de las rutas.

“Dentro del proceso de contratación que va a existir, las empresas que tienen las rutas actuales tienen ventajas en la licitación que se va a llevar adelante. Entonces, creo que seguirán manteniendo, porque tienen una ventaja considerable en el proceso de licitación de los tramos y creo que eso seguirá igual”, explicó.

Mencionó que tampoco se contempla la disminución de los puestos laborales. Respecto a la evaluación que contempla, señaló que siempre las empresas van a tomar a aquellos trabajadores más idóneos, teniendo en cuenta la protección y seguridad de los pasajeros. Indicó que incluso está de acuerdo en que se intensifiquen los controles, pero aclaró que ese punto no está incluido en el proyecto de Ley.

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“Debería ser así, porque cuántas veces hemos visto la irresponsabilidad de los choferes del transporte público que han jugado carreras, o que fueron responsables de accidentes de tránsito, justamente por la falta de evaluación, ya sea psicológica o laboral, que deberían tener”, acotó.

El senador Chase remarcó además que la propuesta normativa no está cercenando el derecho a la huelga, ya que está garantizado igualmente en todo momento por el código laboral.

“En la reforma se establece como imprescindible el servicio de transporte, pero no se establece un tope, ni mínimo ni máximo, ya que eso se contemplará en el decreto reglamentario que el Poder Ejecutivo deberá regular, tener en cuenta las libertades y lo que corresponde al tema de las huelgas”, explicó.

Aclaró igualmente que el Ministerio de Obras Públicas no absorbe a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatram), ya que la misma seguirá manteniendo su autonomía.

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Durante la reunión de la mesa directiva, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, firmó en la fecha la resolución por la cual convoca a sesión extraordinaria del plenario de la Cámara Alta, para este martes 9 de setiembre a fin de dar tratamiento al proyecto de ley de “Reforma del Transporte Público”.

Esta decisión se tomó luego de que el proyecto de Ley que tiene el carácter de tratamiento de código fuera postergado para mañana martes, por decisión del plenario, el pasado miércoles 3 de setiembre, por recomendación de la Comisión de Hacienda.

La argumentación de la comisión fue el requerimiento de mayor información sobre el proyecto de ley en ese momento.

Esta propuesta fue presentada por el Ejecutivo y apunta a una reforma estructural del sistema que no se enfoca únicamente en un aspecto, sino en varios elementos del transporte público.

Contempla componentes claves del nuevo sistema, que incluyen la gobernanza coordinada, la incorporación de nuevos buses (eléctricos), la mejora de la infraestructura vial (carriles exclusivos, entre otros), un nuevo modelo de negocio, la separación contractual de activos estratégicos y otros.

De acuerdo a las autoridades del Ejecutivo, la propuesta normativa está inspirada en experiencias exitosas de la región, adaptadas a la realidad nacional. Señalan que el proyecto tiene una visión de largo plazo y se enmarca en el modelo de asociación público-privada (APP), destacando que el proceso de reforma ya se encuentra en marcha.

Al respecto, el senador Basilio Núñez había mencionado en su momento la necesidad de buscar soluciones y terminar con el actual sistema de transporte que ya está obsoleto. En ese sentido, invitó a sus colegas a trabajar en opciones válidas para la ciudadanía que diariamente utiliza el transporte público. Resaltó que el Ejecutivo busca con este proyecto el bienestar de la población.

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Este miércoles, la Policía Nacional de Villa Elisa y el Departamento de Antinarcóticos, lograron detener a un hombre que estaba procesado por narcotráfico y que sería integrante del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC). Actualmente, se dedicaría al tráfico de armas, ya que en su poder se encontró un arma de guerra prohibida en el país.

Según los intervinientes en la jornada se desarrolló un operativo para detener a Edgar Ramón Gauto Saucedo, de 32 años, quien cuenta con antecedentes penales por narcotráfico y está siendo procesado por este caso. El mismo estuvo en prisión donde habría sido bautizado como integrante del PCC.

El hombre guardaba prisión domiciliaria, pero seguía con el crimen organizado y el tráfico de armas. Se presume Gauto Saucedo se dedicaba a prestar armas de grueso calibre para asaltos y presuntos hechos de sicariato que operan en el departamento Central.

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En el poder del hombre se encontró un fusil DPMS Panther calibre 5.56 mm, de fabricación estadounidense, cuyo uso está prohibido para las fuerzas públicas; una pistola calibre 9 mm con dos cargadores; un revólver calibre 22 y otro calibre 38, más de 80 cartuchos de diversos calibres.

Así también, se incautó un teléfono celular, dos balanzas digitales, un codificador, dinero en efectivo y 24,1 gramos de supuesta cocaína equivalentes a unas 120 dosis que ya estaban listas para su comercialización.

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