El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) junto al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) presentarán un paquete de siete leyes económicas para incentivar la economía con cambios en la estructura pública que beneficie también al sector privado.

Una de las propuestas es la actualización de la Ley 60/90, principal régimen de incentivos económicos con el que cuenta el Paraguay. Entre los cambios más significativos se destaca la eliminación del Impuesto a la Distribución de Utilidades (IDU) para inversiones de origen nacional, un beneficio que anteriormente solo estaba disponible para capital extranjero.

Este ajuste apunta a equiparar condiciones y fortalecer la confianza de los empresarios paraguayos. También se incorpora la exoneración del Impuesto a la Renta de No Residentes (INR) sobre comisiones y recargos enviados al exterior, facilitando la gestión financiera de las inversiones.

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Otro cambio importante es la posibilidad de transferir bienes de capital entre beneficiarios del régimen sin el pago de impuestos, así como el uso de estos bienes como garantía a través de fideicomisos, mejorando el acceso al crédito y dinamizando la ejecución de proyectos.

Desde el MIC explican que por primera vez, la ley incluirá expresamente al sector del entretenimiento entre las áreas beneficiadas. Esto permitirá que inversiones en parques temáticos, centros de diversiones u otras atracciones turísticas accedan a los incentivos fiscales previstos en la ley. La medida apunta a diversificar la matriz económica nacional y posicionar a Paraguay como un destino atractivo para el turismo de entretenimiento.

Durante el primer semestre de 2025 se generaron inversiones bajo la Ley 60/90 por USD 266 millones, de las cuales el 80 % provienen de capital paraguayo, según el reporte del Ministerio de Industria y Comercio.

Además, se aprobaron 82 proyectos bajo este régimen, lo que representa un aumento del 52% respecto al mismo período del 2024. En cuanto al empleo, se estima que estas inversiones generarán cerca de 3.000 nuevos puestos de trabajo, es decir, un crecimiento del 200 % en relación al año anterior.

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El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, manifestó que el Gobierno no presentará ningún proyecto para crear el impuesto al carbono. Lo que sí se prevé, a través de un proyecto ya presentado, es un cambio de nomenclatura al Impuesto Selectivo al Consumo en cuanto a combustibles, como Impuesto Selectivo al Carbono.

Esto forma parte de un acuerdo que firmó el exgobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un préstamo total de USD 400 millones, USD 100 millones ya fueron desembolsados en junio de este año.

“Esto se trata simplemente de una ley para cambiar la nominación del Impuesto Selectivo al Combustible al Impuesto Selectivo al Carbono. No va a cambiar de ninguna manera la presión fiscal por encima de los consumidores”, precisó hoy en conferencia de prensa y reiteró, “por lo tanto es un cambio nominativo”.

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Por eso, este mes, el Gobierno presentó el proyecto de ley que “Aprueba una línea de financiamiento en derechos especiales de giro”, en el marco del programa Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad del FMI. Este documento prevé 13 medidas que deben ser ejecutadas para obtener todo el crédito acordado. En un informe elaborado por el FMI, evaluaron el progreso del país y su compromiso para realizar estas reformas.

El Impuesto Selectivo al Consumo es un impuesto indirecto que grava la importación de tabacos, cigarrillos, esencias y similares, bebidas, productos de alto contenido calórico, combustibles y otros bienes, así como la primera venta a cualquier título los bienes mencionados, cuando sean de producción nacional.

Teniendo en cuenta esto, además del cambio de nomenclatura, lo que cambiará es la base imponible de litros a contenido de carbono, alineándose este impuesto a estándares internacionales para incentivar la reducción de emisiones.

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La causa que inves­tiga la filtración de documentos y fal­seamiento de información de Seprelad tropieza nue­vamente con una paraliza­ción. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Sepre­lad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.

Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apela­ción general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cues­tionan la resolución del tri­bunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los pro­cesados en el presente caso.

Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apela­ción de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exmi­nistros de Abdo.

Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación inte­grado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fer­nández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos cola­boradores de Abdo Benítez.

Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes plan­teados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.

La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, tes­timonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acu­sados.

En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inte­grada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.

En aquella oportunidad los ministros de la Corte men­cionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el pre­sente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en difi­cultar el normal desarrollo de la administración de jus­ticia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

De la misma manera, los altos magistrados mencio­naron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.

La Cámara de Apela­ción integrada por María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chi­cana más presentada por René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías exministros de Mario Abdo Benítez. Los mismos están acusa­dos por asociación crimi­nal, usurpación de funcio­nes públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del pro­ceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacio­nal de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Asimismo, los camaristas decidieron que las costas del incidente perdido deben pagar los acusados. En ese sentido, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera ya impuso la misma medida a cada uno de los acusados en el presente proceso penal.

El pasado 3 de abril, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición plan­teados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios acu­sados en el presente caso.

Los abogados de los exmi­nistros de Abdo habían pre­sentado una nueva reposi­ción y apelación en subsidio contra la determinación de la jueza Lovera, que fijó la realización de una audiencia donde se tenía que decidir si la magistrada se ratificaba en su resolución inicial de marzo de 2024 donde admi­tió la imputación contra los excolaboradores del expre­sidente de la República.

Lovera en su resolución indicó que “la presenta­ción hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se han tratado los recursos iniciales pen­dientes de resolución desde marzo de 2024. “En ese con­texto, se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo de 2024 no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencauzar el presente proceso estudiando las presentaciones iniciales del proceso penal mencio­nado”, señala.

El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados Arregui, Giuzzio, Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.