Argentina decidió interrumpir las operaciones de trasbordo de combustibles en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, generando preocupación en Paraguay en cuanto al abastecimiento de los hidrocarburos. Si bien proponen otros 10 puertos alternativos, desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) critican la unilateralidad de la decisión y su impacto negativo en el suministro energético del país y la región.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina (ARCA) resolvió suspender las operaciones de alije en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, donde desde hace más de 30 décadas Paraguay realiza el trasbordo de hidrocarburos entre buques, bajo supervisión aduanera correspondiente.

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El argumento esgrimido por la institución argentina es que el área en cuestión no está habilitada como puerto por la autoridad competente y proponen otros 10 puertos para que los buques paraguayos puedan hacer los trasbordos de combustibles, tales como Zárate, Campana, Arroyo Seco, San Lorenzo y Puerto General San Martín.

Los armadores paraguayos rechazaron la postura adoptada por el vecino país, señalando que incurrieron en una “interpretación errónea” de la Ley 24.093, de actividades portuarias, y que desconoce la competencia de la Prefectura Naval Argentina sobre las zonas de alijo y “contradice décadas de práctica operativa consolidada, segura y eficiente”.

“Esta medida, adoptada sin consulta previa ni evaluación de impacto, pone en riesgo la continuidad del suministro de combustibles de Paraguay”, reza el comunicado de Cafym.

Desde Cafym señalan que la disposición argentina trae problemas para la logística y transporte de combustibles. En ese sentido, enumeraron cinco problemáticas que traería el “traslado forzoso” de las operaciones a terminales del río Paraná de las Palmas.

En primer lugar, citaron un aumento de más de 8 días en tiempos de reposición de combustibles, así como un incremento de hasta el 70 % en la logística fluvial de abastecimiento. También señalan riesgos de congestión, incidentes operativos y mayores impactos ambientales.

Asimismo, refieren que implicaría realizar alijes o transbordos adicionales y operar en zonas sin infraestructura adecuada y que el impacto sería directo en el precio final de los consumidores.

“El abastecimiento de combustibles del Paraguay no puede quedar rehén de decisiones unilaterales que afectan el interés público regional, sobre todo considerando la mediterraneidad geográfica de nuestra República”, fustigaron desde Cafym.

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El senador Basilio Núñez, titular del Congreso Nacional, realizó un análisis del informe de gestión de Santiago Peña y también se refirió al anuncio que realizó el jefe de Estado, que al proyecto de ley de Reforma del Transporte Público se le dará la celeridad necesaria con al menos un mes de estudio.

Explicó que una vez que se ingrese se girará a las comisiones para su correspondiente estudio, se llevarán adelante audiencias públicas para escuchar a los diferentes sectores ya sea empresarios, a la ciudadanía organizada, en las correspondientes comisiones asesoras.

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“Acá el espíritu es aprobar una nueva ley de reforma del sistema nacional de transporte público. Si bien, desconozco aun el contenido, no quiero adelantarme, pero no creo que se llegue a eliminar completamente el subsidio. El transporte público en el mundo es subsidiado y Paraguay no puede ser la excepción”, comentó.

Habló además del proyecto de ley que declara feriado nacional el 20 de junio, Día de la Jura de la Constitución Nacional. La propuesta de ley ya tuvo entrada en la Cámara de Senadores.

Al respecto, aseguró que no cree que nadie salte en contra, ya que es una fecha memorable. “Todos los paraguayos vamos a recordar siempre y celebrar la democracia que estamos viviendo y se estará evaluando al igual que todos los demás proyectos de ley”, indicó.

Señaló que el proyecto será girado a comisiones, donde los legisladores estarán analizando las distintas propuestas que contiene el documento, así como incluir otras, como las que ya se plantearon, por ejemplo, que el 12 de junio sea también una fecha inamovible, más aún teniendo en cuenta que se aproxima los 90 años de la Paz del Chaco.

Por otra parte, señaló que como médico de profesión, abogó que se haga un análisis y se audite si es necesario, gestión por gestión y se compare lo que el Gobierno actual logró con la compra de ambulancias, cuáles son los hospitales que habían quedado sin financiamiento y ahora se están terminando con equipamiento de última tecnología.

Indicó que se debe observar la cantidad de personal de blanco capacitado que se contrató en esta administración. “Este sistema de Salud Pública que se está trabajando con el gobierno de Santiago Peña, en cooperación con el gobierno de Taiwán, cuánto se tenía y cuánto se tiene ahora. Son todos datos auditables”, indicó.

Respecto al reclamo que hace el personal de blanco, indicó que está en su derecho de reclamar mejoras; e indicó que lo afirma, siendo incluso proyectistas de la Ley de Dignificación Salarial, que logró la reducción a 12 horas de trabajo de los médicos, por vínculos.

Núñez también se refirió a la designación del Ejecutivo de su colega Gustavo Leite, propuesto como embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, resaltando que es un integrante del movimiento Honor Colorado, está dentro del equipo político, donde están permitidas las opiniones disidentes.

En ese sentido, recordó que incluso el senador Silvio Ovelar, que también es del mismo equipo político, emitía fuertes críticas hacia los ministros del Ejecutivo.

“Si no podemos emitir críticas ¿dónde estamos parados?. Si no podemos hacer autocríticas, entonces, no es el camino correcto. Lo que veo es que solo están buscando descomponer la unidad que estamos construyendo dentro del Partido Colorado”, acotó.

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El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, se refirió este miércoles a tres temas clave en la agenda legislativa y política: la reciente aprobación del proyecto del Sistema Nacional de Pagos, el debate pendiente sobre la reforma del transporte público y la presentación del informe presidencial de Santiago Peña ante la Junta de Gobierno.

Respecto al Sistema Nacional de Pagos, Núñez defendió la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados y explicó que el mismo ya había sido sancionado previamente por el Senado sin objeciones.

“Es lo que establece la técnica legislativa. Fue aprobado en el Senado con vasta mayoría y sin objeciones. Siempre los proyectos van a recibir críticas, pero nosotros creemos que hicimos lo correcto”, afirmó. El documento será remitido próximamente al Poder Ejecutivo.

En relación con la reforma del transporte público, el titular del Congreso indicó ante los distintos medios de prensa que el Legislativo se encuentra a la espera de una propuesta formal por parte del Ejecutivo.

“Hay un proyecto de declaración de la multibancada que insta al Poder Ejecutivo a remitir un proyecto de ley. En caso contrario, vamos a analizar los proyectos que ya están en el Congreso, y los colegas también tienen libertad para presentar sus iniciativas”, sostuvo.

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Núñez reconoció la complejidad del tema, recordando su experiencia como parte de la extinta Secretaría Técnica de Transporte (Setama) y adelantó que una de las alternativas en análisis es la posible transferencia del subsidio directamente al pasajero.

Finalmente, al ser consultado sobre las críticas que generó la decisión del presidente de la República, Santiago Peña, de presentar su informe de gestión ante la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Núñez negó que se trate de un acto de subordinación partidaria.

“¿O sea que Federico Franco se subordinó al Partido Liberal? El presidente es representante de la Asociación Nacional Republicana (ANR), hizo un compromiso de partido. En tanto la Constitución establece que debe ir al Congreso el 1 de julio. Si hay otros partidos que quieren invitarlo, claro que se va a ir”, respondió.

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El presidente del Congreso agregó que existen señales claras de que Peña prioriza al país antes que al partido y citó como ejemplo el programa “Hambre Cero”, que, según dijo, ya garantiza alimentación a un millón de niños y es un plan diseñado e implementado por esta administración.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, mencionó que esta semana se pagaría el subsidio de abril adeudado al sector del transporte público, quienes realizaron amenazas de reguladas en el servicio.

Afirmó que el Gobierno actual pagó en tiempo y forma sus compromisos y que incluso amortizaron una deuda de cinco meses heredada por el Gobierno anterior.

Para el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las advertencias de reguladas realizadas por empresarios del transporte público resultan extrañas para el Gobierno, porque afirmó se cumplió en tiempo y forma desde el inicio de este periodo constitucional.

No obstante, sobre el pago de USD 3,8 millones correspondiente a abril, que debía pagarse en mayo, consideró que se cancelaría dicha deuda esta semana.

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“Básicamente eso ya va estar siendo cancelado esta semana, o están preocupados por la tarifa técnica, algo que escapa de mi control y que básicamente lo que quieren es una nueva fórmula que les permita aumentar aún más la tarifa del pasaje o el monto del subsidio que reciben”, dijo el Fernández Valdovinos al programa Arriba Hoy, emitido por canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

Sobre el atraso, el ministro mencionó que en la función pública la fecha de los pagos suelen variar pero insistió en que el Gobierno siempre cumplió en tiempo y forma, además de haber amortizado una deuda de cinco meses que se arrastró desde el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Básicamente hay un flujo de fondos por parte del Estado y a veces puede ocurrir que en vez de pagar el 30, paga el 16 o el 20 del mes siguiente, ya depende mucho. Desde que asumimos no solo hemos cumplido en tiempo y forma, sino que hemos amortizado 5 meses de atraso que ellos tenían (gobierno anterior), me sorprende que por que hay unos días de atraso ellos ya vayan a huelga”, sostuvo.

El viceministro de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Emiliano Fernández, afirmó que el mecanismo de desembolso implementado por el actual Gobierno es a mes vencido e insistió a los transportistas evitar medidas que afecten a la ciudadanía.

Los empresarios del transporte público, precisamente los nucleados en el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama), habían expuesto su preocupación por la situación financiera del sector y consideraron que se deben actualizar los coeficientes que inciden en la tarifa técnica.

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