El equipo fiscal que investiga la denuncia presentada en 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el exmandatario Horacio Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y contrabando, no encontró elementos contra el expresidente y solicitó la desestimación de la causa. “No existen elementos que permitan concluir en forma positiva sobre la existencia del hecho y la participación de los denunciados en el mismo”, señala el pedido emanado por la Fiscalía.

“Esta Representación Fiscal considera que, acabadas las diligencias de recolección de elementos de convicción, no se han obtenido indicios suficientes que permitan señalar la existencia de hechos penalmente relevantes en relación a la hipótesis que ha sido fijada al momento del inicio de la investigación, motivo por el cual, corresponde la desestimación de la misma”, ratifica la conclusión del documento elaborado por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor.

Primeramente, la causa tuvo su origen en la exposición de Arnaldo Giuzzio ante la Cámara de Diputados, el 26 de enero del 2022, fecha en que formuló su denuncia ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), pero no ante el Ministerio Público. No obstante, la Fiscalía pidió una copia autenticada de la denuncia a la Seprelad y dio apertura a la causa n.° 15/2022, caratulada “investigación fiscal s/lavado de dinero y otros”, dando inicio a las diligencias por un equipo especial de fiscales.

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Los investigadores puntualizaron tres puntos principales que acusaba quien fuera titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y luego del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez:

1- Horacio Cartes Jara habría creado, en un solo día, tres empresas de papel en Panamá.

2- Las declaraciones juradas de bienes presentadas tendrían indicios de inconsistencias patrimoniales.

3- La masiva comercialización ilegal de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este S. A. (Tabesa), siendo Cartes un socio mayoritario.

“A criterio del señor Arnaldo Giuzzio serían indicios de la existencia de los hechos punibles de lavado de dinero proveniente del contrabando, enriquecimiento ilícito en la función pública y evasión de impuestos, sin realizar un análisis sobre la tipicidad de estas conductas”, expresan los fiscales, identificando 13 elementos citados por el denunciante, aunque sin pruebas concretas.

Seguidamente, la Fiscalía describe 26 diligencias desarrolladas, incluyendo la citación de Giuzzio para una declaración testimonial con el objetivo de ampliar su denuncia y arrimar documentación, sin embargo, el denunciante presentó “un pedido de suspensión y negándose a prestar declaración en la segunda oportunidad, presentando el testigo una recusación contra los fiscales”.

Ante esta circunstancia, el Ministerio Público solicitó informe al Congreso Nacional sobre la presentación realizada por Arnaldo Giuzzio, y el Poder Legislativo informó que el exministro expuso ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso Nacional “en forma oral, sin dejar material por escrito”. Por ello, también se solicitó a TV Cámara la grabación íntegra de la exposición para intentar fundar las acusaciones de Giuzzio.

El Ministerio Público convocó a una reunión de trabajo el 24 de febrero de 2022, donde participaron la Seprelad, la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaria de Estado Tributación (SET, actual DNIT). En el caso de Aduanas, reportó que las empresas no registraban sumarios administrativos en los últimos 10 años. Mientras que Tributación solo señaló observaciones en 2017 por diferencias en la determinación de la retención del IVA.

Se menciona que Tabesa remitió copia autenticada de: facturas con sus clientes nacionales, planillas con número de despacho y de facturas de los años 2017-2021, copias de los despachos, copias autenticadas de facturas de sus proveedores del exterior y los despachos de las importaciones realizadas por la firma del 2017 al 2021.

En cuanto a las declaraciones juradas de Horacio Cartes, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público el estudio de correspondencia de bienes practicado al expresidente de la República, el 14 de noviembre de 2022. “Este informe refiere que existe correspondencia en las declaraciones juradas de asunción al cargo con el de baja del cargo del expresidente de la República Horacio Manuel Cartes Jara”, describe el documento sobre este foco de investigación.

Giuzzio sostuvo que Cartes incurrió en enriquecimiento ilícito, alegando que habría aumentado su patrimonio luego de haber concluido su primer año en el ejercicio del cargo de presidente de la República, su capital aumentó en más de G. 1.500.000.000 (mil quinientos millones), además que, siendo mandatario, supuestamente realizó préstamos personales que aumentaron 5 veces más de lo registrado inicialmente, y que dicho monto habría totalizado la cantidad de G. 1.728.512.081.596.

Los investigadores analizaron los documentos proveídos por la Contraloría, comparando las declaraciones juradas de Cartes del 23 de agosto de 2013, del 31 de julio de 2014 y del 29 de agosto de 2018, al iniciar y concluir su mandato. A fin de evaluar la conformación y evolución patrimonial de Cartes, la Fiscalía tuvo acceso a documentaciones de una veintena de instituciones como Hacienda, Tributación, Presidencia, Corte Suprema de Justicia, Ande, Registro de Automotores, Comisión Nacional de Valores, Superintentencia de Bancos, Superintentencia de Seguros, Incoop, Conajzar, Dinac, Dinapi, Ministerio de Industria, Seprelad y Club Libertad, entre otras.

“Se ha hecho un relevamiento en todo el sector financiero, comercial y registrable de los activos que conformarían el patrimonio del señor Horacio Cartes Jara”, señala el documento fiscal, así como “una verificación del paquete accionario y evolución de todas las sociedades anónimas informadas por el Ministerio de Hacienda”.

Además, se puntualizan indagaciones aclaradas sobre casos concretos de fideicomisos, capitalización de acciones y préstamos atribuidos a Cartes, así como la rectificación en DDJJ sobre acciones de la sociedad Dominicana Acquisition, constituida en Panamá. “El examen realiza a su vez el aumento patrimonial que significó las diferencias cambiarias entre las distintas declaraciones juradas, tomando en consideración que en su mayoría las cuentas se encuentran operativas en moneda extranjera y en las declaraciones son expresados los valores en guaraníes”, se explica.

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Respecto al presunto contrabando de cigarrillos que señalaba Giuzzio, los fiscales indagaron causas a la Unidad Especializada contra el Contrabando sobre incautaciones. Mientras que Tributación remitió documentación requerida en este punto, y refiriendo: “Se menciona que no es posible determinar la trazabilidad de los mismos, puesto que no se cuenta con las facturas físicas”.

En tanto, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó sobre las actividades principales y secundarias declaradas por Tabesa, confirmado que la actividad principal es la elaboración de productos de tabaco y la actividad secundaria es el comercio al por mayor de otros productos.

Finalmente, se solicitó mediante cooperación internacional un informe a la República Federativa del Brasil acerca de causas donde se pudieron realizar incautaciones de cigarrillos de origen paraguayo. “Se informó sobre el estado de las causas señaladas y que no se han identificado a personas o estructuras criminales paraguayas”, expresa el documento sobre la respuesta remitida por las autoridades brasileñas.

El documento fiscal concluye: “Realizado el proceso técnico - analítico de constatación de la relevancia penal de las conductas presumiblemente acontecidas, el proceso de subsunción resultó negativo, por lo que se puede concluir que la conducta no es típica, por no cumplir con los presupuestos de los tipos legales expuestos en el Código Penal y en las leyes complementarias. Entonces, del caudal fáctico emergente y de las constancias de autos, este equipo de investigación advierte que la figura procesal de Desestimación de la denuncia se encuentra ajustada a derecho, según los argumentos previamente expuestos”.

“Esto es así ya que, de los hechos mencionados en la denuncia que motivo la apertura de la presente causa no existen elementos que permitan concluir en forma positiva sobre la existencia del hecho y la participación de los denunciados en el mismo, sin embargo, existe la obligación de pronunciarse conforme a los elementos existentes, esto atendiendo al derecho de los procesados o investigados de tener una respuesta del órgano investigador en un tiempo determinado y oportuno y la necesidad de que el órgano jurisdiccional ejerza su rol de control y supervisión de las actividades procesales (…)”.

“Por tanto, en atención a los fundamentos expuestos, esta Representación Fiscal considera que acabadas las diligencias de recolección de elementos de convicción, no se han obtenido indicios suficientes que permitan señalar la existencia de hechos penalmente relevantes en relación a la hipótesis que ha sido fijada al momento del inicio de la investigación, motivo por el cual, corresponde la desestimación de la misma, previsto en los Arts. 301 Requerimiento Fiscal, inc. 1.° y 305 Desestimación del Código Procesal Penal, con los efectos previstos en el artículo 306 del mismo cuerpo legal”.

El abogado Pedro Ovelar, quien ejerce la representación legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, se refirió sobre la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio, contra su cliente.

“Esto es el corolario de una trama muy bien montada en su tiempo por el exgobierno de Mario Abdo Benítez y sus ministros, donde coordinadamente, desde diciembre del 2021 y enero del 2022, empieza una campaña de desprestigio, creación de denuncias falsas, tergiversaciones sobre la conducta empresarial de Cartes“, sostuvo Ovelar, este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Giuzzio había acusado falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público.

“De manera falsa, tergiversada y exagerada, se realizaron calificaciones sobre la conducta de Horacio Cartes, sobre todo su entorno familiar y todas sus empresas, especialmente Tabesa. Esto fue para perseguir políticamente a Horacio Cartes, esto es lo que hoy se desestima. El Ministerio Público hoy trae muchísima luz en este tema particular", dijo el abogado.

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Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del año 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

“Con esa denuncia y la persecución política se dieron una serie de hechos que la ciudadanía debe conocer, muchas de las familias paraguayas fueron afectadas (pérdida de trabajo) por ese odio. Ellos (abdistas) quisieron ganar las elecciones, tomar un atajo eliminando al adversario político", dijo.

El 31 de julio del 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa ya fueron acusados los miembros de su gavilla, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.

Mientras que en el Congreso Nacional, aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado.

“Son unos falsos a qué temen. Horacio Cartes fue sometido a una profunda investigación por todos los casos que se le denunciaron, estamos en condiciones de sostener la inexistencia de esos ilícitos que ellos señalan, la falsedad en las afirmaciones de Giuzzio y todos los denunciantes. Esto se trató nada más y nada menos que la mayor persecución política vivida en la era democrática utilizando el terrorismo de Estado como herramienta“, sentenció.

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El Ministerio Público requirió la desestimación de la denuncia impulsada por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente de la República, Horacio Cartes, por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. El requerimiento fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer.

La denuncia fue formulada el 26 enero del 2022 ante la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público. En ese momento, el también exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) había alegado que decidió presentar la acusación ante la primera institución debido a que tiene facultades de conseguir de forma más directa y rápida información confidencial y financiera a nivel nacional e internacional.

Asimismo, había señalado que la Seprelad recibe informes de bancos y otros entes sobre los movimientos financieros y que si encuentra elementos sospechosos puede solicitar más datos y, de última, comunicar a la Fiscalía. Cabe recordar que la Seprelad fue instrumentalizada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez para realizar terrorismo de Estado y persecución política contra sus adversarios, una causa que no avanza debido a las múltiples chicanas de los exfuncionarios abdistas.

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En el documento de desestimación fiscal, se indica que Giuzzio tomó conocimiento de estos hechos a través de numerosas publicaciones de diferentes medios de prensa nacional e internacional, así como de páginas oficiales de la Contraloría. El pedido detalla que el exministro concretamente expresaba que Horacio Cartes Jara habría creado, en un solo día, tres empresas de papel en Panamá, de las cuales, dos de ellas figuraban a nombre de su hermana y una a nombre del exmandatario y sus hijos, las cuales habrían sido creadas luego que se conociera una investigación de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero.

Asimismo, Giuzzio señalaba que, de las declaraciones juradas de bienes presentadas, se evidenciaba la supuesta existencia de bienes no declarados oportunamente y un conjunto de inconsistencias patrimoniales que en carácter indiciario indicaban la posible existencia de un incremento patrimonial no justificado, además, existirían indicios de irregularidades administrativas en el ámbito financiero, como ser: cuentas a cobrar de gran cuantía que visibilizan la actividad habitual de prestamista o intermediario financiero.

Por último, la denuncia del exministro de Abdo manifestaba la existencia de presuntas investigaciones civiles y penales realizadas por órganos jurisdiccionales de distintos países e incluso de nuestro país, que indicarían la masiva comercialización ilegal (contrabando) de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), la cual, sería propiedad del señor Horacio Cartes Jara, principalmente en territorio brasileño, colombiano e incluso Centroamérica y México.

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Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del año 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

En el pedido de desestimación, que contiene más de 30 páginas, los agentes fiscales refieren que se habían conformado diversos equipos de trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas, la Seprelad y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actual DNIT), con la finalidad de indagar la falsa denuncia impulsada por Giuzzio.

Con los informes remitidos por estas instituciones estatales, los fiscales no detectaron ningún indicio de hecho punible, por ende, correspondía archivar la acusación. El requerimiento de la Fiscalía deberá ser evaluado por uno de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia o Humberto Otazú.

Los propietarios de varios vehículos que se encontraban estacionados en la intersección de las calles Guido Spano y O’Higgins del barrio Villa Morra de Asunción fueron vandalizados por un hombre que posteriormente fue detenido.

Una de las víctimas en este caso, quien se identificó como Óscar Aquino, relató que normalmente dejaba su vehículo en el lugar, pero que días atrás, cuando salió de su jornada laboral, se encontró con que todos los vidrios de su automóvil habían sido rotos y también tenía varias abolladuras en la chapería.

“Cuando yo salí, encontré una nota que decía que varios vehículos fueron víctimas de este hombre y que me acerque a realizar mi denuncia en la Comisaría 6ta. Cuando llegué ahí, ya lo habían liberado por orden del fiscal Julio César Ortiz. El hombre declaró que hizo esto porque es un enviado de Dios y él le dijo que destruyera esos autos”, relató Aquino en conversación con la 1080 AM.

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Precisó que esta persona ya cuenta con antecedentes por hechos similares y realiza estos actos vandálicos en diferentes puntos del barrio Villa Morra. Señaló además que cuando se presentó a denunciar, pudo observar un video donde se lo veía al hombre destruyendo los vehículos en un aparente estado de descontrol.

“Este hombre ni se resistió cuando fue detenido. En momentos parece estar muy bien y contestar todo con tranquilidad, pero de repente te trata mal. Yo llegué a contactarme con él para que se haga cargo de los gastos, pero es muy cambiante; a veces dice que sí me va a ayudar y después que no”, explicó Aquino.

En la misma tesitura aseguró que solo por la reparación de sus vidrios deberá pagar una suma aproximada de 900.000 guaraníes, sin contar con los arreglos de chapería.

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