• por Sofía Céspedes
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A inicios de este año, el Poder Ejecutivo pro­mulgó la Ley 7452, que moderniza la inversión en infraestructura pública, cono­cida como Asociación Públi­co-Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propues­tas del sector privado y así tam­bién aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue lici­tado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojo­nes, Asunción, y termina en la ciudad de Quiindy, depar­tamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estraté­gicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Indicó que se están realizando las últimas consul­tas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar los detalles se publi­carán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un finan­ciamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, dise­ñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calza­das y cuatro carriles, que conec­tará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Sil­vio Pettirossi. “Sobre este pro­yecto estamos en la prepara­ción de las condiciones de los concursos que van a ser publi­cados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se inclui­rán adendas para mejorar el tramo Luque-San Bernardino y el trayecto Luque-Areguá. También agregó que esto mejo­rará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia. En detalles, el corredor Ypaca­raí-Areguá-Luque: se inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asun­ción desde Ypacaraí, Patiño,

Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y poten­cia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypaca­raí-San Bernardino-Luque (Tarumandy), este se inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, opti­mización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino-Luque. También contempla la incor­poración de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02. “Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la amplia­ción de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, cono­cida como Llave en Mano, con una inversión de USD 110 millo­nes y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inver­sión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento impor­tante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, habló sobre la impor­tancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestruc­tura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la Ley de APP. “A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar faci­lidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurí­dica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó.

Sobre el empleo que esto gene­rará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movi­miento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande. “Las gran­des obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 per­sonas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

Recordó que hoy la construc­ción tiene un rol muy impor­tante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más indus­tria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo mani­fiestan que las modificaciones hechas a la Ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorpo­raciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Econó­micos de la Presidencia de la República. “Entre las princi­pales innovaciones se desta­can el aumento de la partici­pación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y gene­rando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Agregó que esto abre la posibi­lidad de canalizar más recur­sos hacia la mejora de la infraes­tructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Res­ponsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

Algunas de las modificaciones hechas a la Ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar inicia­tivas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

Desde Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa), informaron que siguen adelante con todo lo relacionado a la normativa necesaria para el Tren de Cercanías. En este sentido, indicaron que están ajustando detalles en torno al proyecto y al decreto reglamentario a la ley promulgada por el Poder Ejecutivo.

“Estamos terminando los detalles, estamos culminando el decreto y revisando los números nuevamente. El objetivo que tenemos es empezar el proceso competitivo y licitatorio el segundo semestre del 2025. Todo el proceso podría tomar todo un año y la obra empezaría en el 2026″, detalló el presidente de la institución, Facundo Salinas.

El titular de Fepasa señaló que si bien los proyectos de trenes se realizan en todo el mundo, de todas formas representa un proyecto complejo y demanda un tiempo de discusión de todos los actores que serán parte de este proceso, es decir, el sector público y privado. En este sentido, la labor del sector privado es muy amplia puesto que deben verificar aspectos relacionados a la financiación y la obra en sí.

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“Hay varias aristas como lo que es ingeniería civil, electrificación, lo que hace al material rodante, también entran los bancos, evaluaciones de riesgo y para todo eso los actores necesitan tiempo para que realicen una oferta”, indicó a la 1020 AM. Salinas señaló que la obra, que contempla dos fases, estaría recién finalizada entre el 2029 y 2030.

El presidente de Fepasa manifestó que debido a la complejidad del proyecto, siempre optó por la prudencia en cuanto a los plazos que exige el proyecto, todo esto también con el objetivo de evitar generar falsas expectativas en la ciudadanía.

“Los grandes proyectos trascienden gobiernos y habla bien del presidente que encare un proyecto que no vaya a inaugurar él y eso lo dije siempre, siempre está la aspiración de terminar en un periodo de gobierno, pero lo importante es terminar esta obra y ya tenemos experiencia de la Ruta PY 02 y otros proyectos que iniciaron en la administración de Horacio Cartes y terminaron con Mario Abdo”, refirió.

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El titular del Ejecutivo, Santiago Peña, defendió la licitación impulsada por la entidad binacional Itaipú, para la adquisición de 330.000 muebles escolares que son distribuidos en un total de 22 distritos. El proceso fue duramente atacado por el sector de la oposición, colorados disidentes y medios de comunicación aliados, quienes apuntaron a instalar sospechas de supuesto tráfico de influencias a favor de la empresa local Kamamya SA.

“Las demandas de transparencia son válidas y tenemos que constantemente estar respondiendo a todo, se mostrará absolutamente todo. En torno a la licitación de los pupitres, no es cierto que no se hayan dado explicaciones, el problema es que cuando se quiere cuestionar el proceso, no hay explicación que vaya a justificar”, comentó a la 1080 AM.

Peña detalló que el proceso inició en enero del 2024 con la finalidad de “enfrentar la problemática lacerante de la infraestructura escolar”. Agregó que se mantuvo un diálogo con el sector privado en el que se analizó la capacidad local, la calidad de los productos ofertados, precios y la capacidad de fabricación y entrega.

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Señaló que la compra de los pupitres también fue impulsada como un complemento al programa Hambre Cero en las escuelas. “Después de analizar todo, se tomó esa decisión y yo participé activamente de eso. El modelo que elegimos para el Paraguay es similar al de Japón, donde los niños almuerzan en las aulas, el problema es que sin los pupitres no podría concretarse esto. A la vez el pupitre de madera iba a ser un inconveniente para la limpieza”, refirió.

Aseguró que los mobiliarios escolares fueron adquiridos por su calidad, precio competitivo y capacidad de entrega. “Compramos pupitres con una garantía de reposición de 3 años y no de arreglo. Esto nos da una certeza de que los niños tendrán una mejora sustancial en su proceso de aprendizaje en aula”, puntualizó.

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, confirmó que en la tarde de ayer miércoles fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Con esta medida facilita que continúe el proceso normal, luego de que se rechazaran algunas protestas al proceso de compras.

A la salida de una reunión que mantuvo en la Cámara de Senadores, el titular del TSJE resaltó que esta medida es favorable para la institución, atendiendo que se rechazó la protesta formulada por una de las empresas interesadas; así como otra protesta que hizo una compañía de seguros que también fue rechazada por la DNCP, de oficio y sin necesidad de ningún análisis, dando la razón a la Justicia Electoral.

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“Con esto el proceso sigue normalmente como marca la Ley en todas sus etapas y luego se pasa a un examen técnico en todas las etapas de las ofertas”, confirmó.

Por otra parte, Bestard mencionó que el precio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las propuestas que hacen las empresas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.

En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, recordó que cuando se puso en vigencia la Ley 2.318, que establece la lista desbloqueada y el uso del voto electrónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.

“Hoy estamos en contacto con todas las fuerzas políticas, que nos dicen que el sistema se va a mantener por un buen tiempo, y no se va a volver atrás con las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, se hizo un estudio financiero y tecnológico conjuntamente con el Ministerio de Economía, donde determinamos que era más conveniente desde el punto de vista financiero”, acotó.

Mencionó que en el estudio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 procesos electorales, en los que se podría dar uso las máquinas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máquinas, donde para esas elecciones costó casi 59 millones de dólares. Por eso consideramos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Además, nos convertimos en los propietarios de las máquinas”, indicó.

Informó que dentro del pliego de bases y condiciones prevé que las baterías de las máquinas, que son altamente inflamables, se puedan extraer y almacenar por separados, a fin de evitar que ocurran percances en el futuro.

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