• San Salvador, El Salvador. AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró el domingo pasado que le tiene “sin cuidado” que lo llamen “dictador”, ante la ola de críticas en su contra por las recientes detenciones de activistas de derechos humanos y acciones contra las oenegés. Bukele emitió la noche del domingo un discurso en sesión solemne en el Teatro Nacional por el primer año de su segundo mandato, marcado por su alianza con Donald Trump en la política de deportación de migrantes y la ofensiva contra grupos humanitarios.

El presidente acusó a las oenegés en el país de defender pandilleros y de activismo político, y fustigó a organismos internacionales y a la prensa por sumarse a lo que llamó un “ataque organizado” contra su gobierno. “¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, expresó, al recordar que es criticado por su política de seguridad de mano dura.

Bukele, de 43 años, gobierna con poder casi absoluto tras ser reelegido con 85 % de apoyo popular por su guerra antipandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país con un régimen de excepción que permite detenciones masivas sin orden judicial.

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Su gobierno enfrenta fuertes críticas por el arresto el 18 de mayo de Ruth López, abogada de una ONG que indagaba supuestos casos de corrupción estatal, asistía a víctimas del régimen de excepción y familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador.

“Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen (...). No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad”, ironizó.

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La Fiscalía acusó a López de haber cometido peculado cuando fue asesora en el tribunal electoral hace una década, pero organizaciones locales e internacionales -como Amnistía o Human Rights Watch- denuncian una estrategia para acallar las voces críticas y frenar la defensa de derechos humanos.

En mayo también fueron arrestados dos activistas que apoyaron una protesta de campesinos y en febrero el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Fidel Zavala, acusado de vínculos con pandillas. Según las oenegés, Bukele usa contra sus críticos o adversarios el régimen de excepción que impuso hace tres años y por el cual 86.000 personas acusadas de pandilleros o cómplices han sido detenidas.

Las oenegés, férreas críticas del estado de excepción, aseguran que unas 400 personas han muerto en prisión y que hay miles de inocentes detenidos. “Los supuestos defensores de la democracia (...) lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes”, aseguró Bukele.

Según el gobernante, hubo unos “200.000 salvadoreños asesinados por las pandillas” en más de 30 años que sembraron el terror en el país. En su discurso, también defendió la Ley de Agentes Extranjeros, similar a la de Rusia y Nicaragua, que obliga a las oenegés a inscribirse en un registro y pagar un impuesto del 30 % de los fondos que reciban.

Socio clave de Trump en su política antiinmigrantes, Bukele recibió en marzo y encarceló en su megacárcel para pandilleros a 252 venezolanos y 36 salvadoreños que Estados Unidos deportó al acusarlos, sin pruebas, de criminales. En el Teatro Nacional, Bukele criticó a congresistas demócratas que han viajado a El Salvador para pedir ver a los detenidos, particularmente al salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado “por error” pese a que tenía una protección legal.

“Congresistas extranjeros vienen a tocar las puertas de las cárceles a exigir que liberemos delincuentes. ¿Con qué derecho se sienten? Siempre son los autoproclamados defensores de la democracia los que no creen en nuestra democracia”, dijo Bukele.

Publicista amante de los golpes de efecto, desplegó todo un aparato de producción para grabar y difundir por redes sociales el ingreso de los deportados, con el cabello rapado y encadenados, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Señalado por sus críticos de autócrata, la reelección de Bukele es cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines. “En este primer año del segundo mandato inconstitucional hay una escalada autoritaria. Es la consolidación de la dictadura”, declaró a la AFP Ingrid Escobar, directora de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario.

• San Salvador, El Salvador. AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció ayer martes un proyecto de “Ley de Agentes Extranjeros” que aplicará un impuesto del 30 % a las oenegés sobre las donaciones que reciban. La decisión del mandatario ocurre luego que diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos denunciaron ayer martes la detención “arbitraria” del abogado ambientalista Alejandro Henríquez.

“He decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30 % sobre todas las donaciones" que reciban oenegés en el país, indicó el gobernante en su cuenta de X. El mandatario no dio más detalles sobre el proyecto de ley, que se da por descontado que será aprobado por el Congreso, controlado por su partido.

Ya en 2021 Bukele había presentado un proyecto de ley similar, pero no llegó a ser sometido a aprobación del Congreso. El abogado Henríquez fue detenido señalado de desórdenes públicos, explicó Carlos Flores, del Foro del Agua que aglutina a una decena de organizaciones que defienden el derecho al agua y a la que pertenece el abogado ambientalista.

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Henríquez fue detenido tras participar en una manifestación el lunes en una carretera en las cercanías de donde reside Bukele, en la periferia suroeste de San Salvador. Durante la manifestación algunos de los participantes forcejearon con agentes antimotines de la policía y de la Fuerza Armada.

Los manifestantes pedían la intervención del mandatario para evitar que unas 300 familias de una cooperativa de agricultores sean desalojadas de un predio privado en las afueras de la ciudad de Santa Tecla (oeste). En medio del forcejeo, la policía detuvo al pastor evangélico José Pérez, quien preside la cooperativa.

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Bukele dijo que las “personas humildes” que participaron en la protesta fueron “manipuladas” por “grupos” de izquierda “y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno”. Amnistía Internacional exigió en X “la libertad” de Henríquez y Pérez, quienes fueron detenidos “solo por ejercer sus derechos, el derecho a la protesta pacífica”.

Bukele señaló que con el impuesto a las ONG se podrá “encontrar una solución real” al problema de las familias de la cooperativa. En la vecina Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, también ha tomado acciones contra las oenegés. Más 5.600 oenegés han sido cerradas en Nicaragua desde las protestas opositoras de 2018, que según la ONU dejaron más de 300 muertos.

Los sujetos que intentaron asaltar ayer sábado a un funcionario de una distribuidora láctea en Fernando de la Mora Zona Sur contaban con armas largas, es decir, fusil, con las que dispararon a la patrullera de la Policía Nacional que recibió cerca de 28 impactos de bala.

El jefe de la Comisaría 11 de Arroyo Seco, Alfonso Caballero, señaló que el hecho se registró antes de las 09:00. “Recibimos un llamado telefónico de parte de un empleado de la empresa láctea Race S.A. en donde habitualmente solemos acompañar para el depósito de la recaudación del dinero de la empresa hasta el banco y cuando salieron de la empresa, y antes de llegar a la avenida Zavala Cue, fueron emboscados por un automóvil Toyota Allion".

Mencionó al canal Telefuturo que del “vehículo descendieron tres personas encapuchadas vestidas de uniforme y efectuaron directamente disparos a la patrullera en la parte del motor y gracias a la reacción del personal se pudo repeler”.

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El jefe policial sostuvo que los delincuentes quisieron apodarse del dinero, que totalizaba G. 16 millones, y de dos cheques que superaban los dos millones de guaraníes. También indicó que los sujetos abandonaron un fusil recortado, dos chalecos antibalas y varias prendas.

Del mismo modo el comisario mencionó que además del Toyota Allion habría otro rodado involucrado en el hecho que sería un vehículo de la marca Toyota, con el cual los delincuentes lograron fugarse.

Desde las autoridades policiales están trabajando para poder identificar a los autores del hecho y una vez que sean detenidos deberán responder por los hechos ocurridos.

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La empresa del diputado Carlos Pereira Rieve, fue una de las firmas que formó parte en la provisión del hormigón en la obra del edificio derrumbado en Encarnación y que se cobró la vida de dos personas, de una mujer y de su nieta. Sobre esto, el senador Dionisio Amarilla expresó su parecer y cuestionó el actuar del legislador de su partido.

“En un país serio, el señor Pereira, cuanto menos, estaría poniendo su banca a disposición y también se sometería a la investigación fiscal. Evidentemente, este señor bastante bravucón por cierto, no solamente sigue trabajando en su empresa, siendo que le prohíbe la Constitución Nacional”, enfatizó.

Amarilla recordó que la Carta Magna solo admite a los parlamentarios a ejercer la docencia o a realizar investigaciones científicas, no así, dedicarse a actividades empresariales. Asimismo, el senador liberal indicó que Pereira no es el único que aún sigue operando en el sector privado.

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“El diputado Pedro Gómez también vende a la Gobernación de Itapúa, esperemos que la justicia haga su trabajo porque políticamente, aparentemente, tiene una suerte de manto de protección de parte de sus colegas también y como es otra Cámara, nosotros no podemos hacer más que este tipo de manifestaciones”, señaló ante la 650 AM.

En una conferencia de prensa, en conjunto con su plantel societario y gerencial de la empresa, Pereira había reconocido que su hormigonera proveyó el concreto y que además ellos hicieron las losas, es decir, los que iban a ser los pisos del edificio que se derrumbó al no aguantar los 8 niveles que elevaron en altura sobre una estructura preparada solo para 5 pisos, no obstante, hasta el momento no ha habido consecuencias legislativas ni desde la justicia hacia el legislador del Partido Liberal.

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